por Eddie Abramovich
Al momento de escribirse este documento de trabajo la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU ha informado que, entre 1979 y 2009, el ingreso del 1 por ciento de los más ricos ha crecido un 275 por ciento
Hay, en algunos lugares, una derecha inteligente, fórmula que, provisoriamente, podría constituir una descripción constatable, no un oxímoron.
Es esa cosa que algunos llaman centroderecha, que en América Latina y en los países “emergentes”, atravesados por grandes desigualdades, simplemente no existe, salvo como máscara vergonzante, pero que en los países ricos – o lo que queda de ellos – se puede encontrar en los partidos que tratan de conciliar un capitalismo productivo con cierta equidad social y capacidad reguladora del Estado, todo lo cual aparece en estos días al borde del colapso, pero que no sucumbirá del todo.
Desde el punto de vista teórico, uno podría pensar, si puede contener la furia vindicatoria, que tipos como Milton Friedman, F.A. Von Hayek, Henry Simmons, desde las teorías monetaristas, han sido al menos lo suficientemente hábiles como para no proponer explícitamente la exclusión como modelo y el exterminio de los sobrantes del mercado como estrategia. Claro que uno prefiere leer a Amartya Sen, Rosanvallon, también Stiglitz, y desde luego a Joan Robinson, Galbraith, y por qué no, al nunca bien ponderado Samuelson, al menos para no sufrir un acceso de indignación paroxística.
Desde la función política, uno podría decir sin sonrojarse que Merkel escora menos a la derecha que Sarkozy y algo más al centro, como en su momento Chirac, y que Fernando Henrique Cardozo, al lado de M*n*m o de Abdala Bucaran, era un revolucionario. También es posible, mirándolos a Aznar, Rajoy y ambos Bush, que Sarkozy parezca al menos un hombre preparado.
Ahora bien, lo que constituye un problema, más bien una molestia, porque problema es un concepto que le queda grande, es la derecha imbécil. Lo cual, aclaro, no quiere decir que solamente haya imbecilidad a la derecha, de ningún modo; sólo que este borrador es acerca de la derecha imbécil y no de otras imbecilidades.
La derecha imbécil que está de moda en estos años, especialmente en las redes sociales, gira básicamente sobre dos ejes o relatos centrales.
Uno de ellos, si bien carece de todo rigor científico, es por lo menos prolijo y está a salvo de obscenidades conspicuas: Es el discurso del “objetivismo” de Ayn Rand, luego edulcorado por otros, y que, en nombre de la libertad, perpetra un error garrafal que hiere de muerte a toda su arquitectura argumental: Pretende hacernos creer que es posible suprimir todos los derechos positivos – vivienda, educación, salud, empleo – y trasformarlos en bienes transables sin ejercer ninguna violencia sobre los actuales beneficiarios. Prometen que las fuerzas del mercado, fluyendo en libertad, proveerán lo necesario para que cada cual satisfaga sus necesidades con el producto de su esfuerzo. Claro, como en el fondo saben que eso nunca sucederá, no quieren abolir todo el Estado; quieren conservar la policía. La Fundación Internacional para la Libertad, de Vargas Llosa, comulga con este delirio, aunque lo matiza y recombina con argumentos de parecida insolvencia pero menor ferocidad.
El segundo de estos relatos, en cambio, es francamente obsceno, un auténtico río de excremento, pero con gusto a mermelada, que recorre las redes con frases vacías y rimbombantes enderezadas a demostrar una verdad última y consagrada: los pobres son pobres porque quieren. El numen de estos esperpentos, fallecido sin gloria en 2005 y resucitado a diario por la derecha imbécil se llama Adrian Rogers, cuyas febriles y paranoicas diatribas contra la distribución de la riqueza circulan últimamente más rápido que los aullidos de Justin Bieber o los culos al aire de la farándula.
Conozcamos al filósofo de los neoprimates:
Adrian Rogers, el autor de la quincallera frase "no se multiplica la riqueza dividiéndola” – una monserga que está haciendo furor por aquí cerca - fue un representante del pensamiento más conservador de Estados Unidos, encarnado en un sector de la iglesia bautista y en uno de los estados más racistas, Tenesee.
"No se multiplica la riqueza dividiéndola" es una frase que no quiere decir nada. Pero la verdad, como lo demuestran las naciones más ricas y de mayor calidad social del planeta, como Canadá, Noruega, Holanda, es que la distribución inteligente de la riqueza estimula la producción de más riqueza, mientras que la concentración de la riqueza genera ruina, guerra y violencia social.
Sabemos que el sostenimiento del Estado con aportes proporcionales al ingreso es una base fundamental del liberalismo verdadero - Adam Smith -, mientras que los falsos liberales apuestan a que los pobres se arreglen solos.
La explicación que Rogers le daba a la violencia era que los padres “no les enseñan a los hijos los 10 mandamientos.”
La convención Bautista del Sur, que presidió tres veces Rogers a lo largo de su vida, se dedicó en el siglo XIX a interpretar la letra del Evangelio a favor de la esclavitud y la supremacía blanca. Recién en 1995, 130 años después de la guerra de Secesión, la iglesia de Rogers abandonó la idea de la supremacía blanca. Y lo hizo para poder reconciliarse con los Bautistas del norte.
Los que esgrimen el discurso clasista y racista de Rogers para atacar al asistencialismo y su perversión, el clientelismo, en nuestra región, son tan ignorantes que creen que Rogers hablaba contra los planes sociales, pero no es así. Él, más drástico aún, reclamaba que los ricos no paguen impuestos para mantener servicios sociales que usan los que menos tienen.
El clientelismo en la Argentina no es el problema sino el síntoma. El problema es una concentración de riqueza salvaje que generó fragmentación social, corrupción, pobreza extrema, destrucción del tejido económico, debilidad del estado.
Rogers propone que los pobres se las arreglen, no que se termine con la pobreza. NO ES CIERTO que la distribución inteligente genere ocio y desestimule el esfuerzo personal. Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Canadá, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos de los 60 y de los 90, son ejemplos inobjetables.
No hay ningún teórico de la economía que sostenga que la actual crisis mundial fue generada por el estado de bienestar o sus equivalentes; está claro que fue generada por los que se alinean en el “pensamiento” de Rogers.
Fuera de Estados Unidos, los Bautistas del Sur tienen fuertes grupos de seguidores en Brasil. Desde hace dos décadas, sus émulos brasileños dicen en privado "¿por qué tengo que mantener con mis impuestos a los chicos pobres, que son inviables, si me sale más barato mandarlos a matar?
Y actúan en consecuencia: Los escuadrones de la muerte privados asesinaron un número incontable de niños brasileños indocumentados - más de 3.000 seguro - de entre siete y 15 años. También asesinaron a dos monjas, tres periodistas y otros tres dirigentes sociales que denunciaron las matanzas.
Adrian Rogers viene a ser, entonces, el letrista de los que proponen escuadrones de la muerte para ejecutar negros villeros y pibes chorrros “subsidiados” por los planes sociales. Claro, como carecen de huevos para encargarse ellos mismos del asunto, su cuota diaria de adrenalina la despilfarran diciendo gansadas en Facebook y Twitter.
Fuente: http://manodemandioca.blogspot.com/2011/10/la-distribucion-inteligente-de-la.html
Entendemos que por cada mujer que aborta en la Argentina hay uno o más varones que como parejas, compañeros, padres, hijos, amigos u otras relaciones afectivas, sufrimos por las consecuencias de la penalización y la clandestinidad del aborto a las que se ven sometidas las mujeres que amamos.
Pronunciamiento de la Articulación de Mujeres - Salta
La muerte de una niña de 13 años por aborto clandestino puso el debate por el aborto legal en otra dimensión, el gobierno provincial se vio obligado a publicar las cifras de abortos que ingresan al Hospital Materno Infantil: 1759 casos este año, 65 de mujeres menores de 16 años, 265 de 17 a 19 años, 1211 de 20 a 25 años y 260 de 26 años en adelante. Como ven, las cifras son escalofriantes, ya que corresponden a un sólo hospital y no están los datos de los hospitales del interior, además de ser sólo los casos que llegan al hospital público porque el aborto ha salido mal y corre peligro la persona.
El ministro de Salud Chagra Dib se pronunció en contra del aborto legal porque considera que, dentro de todo, “estamos bien”. La primera medida tomada por el Estado fue criminalizar a los médicos por no denunciar el caso y también a la familia, ya que fue detenida la madre de la niña. Estas son las derivaciones legales del verdadero problema, y es que en Salta, como en el país, el aborto es un delito, lo que lleva a que se judicialice incluso a los médicos que ayudan a la niña o mujer, que llega con un cuadro de septicemia, con el motivo de investigar cómo es que la muerta accedió a una práctica ilegal.
Como se ve es más que justa la consigna de la legalización del derecho al aborto seguro, legal y gratuito en los hospitales públicos, la educación sexual en las escuelas y el acceso universal a los métodos anticonceptivos. Además de la separación de la iglesia del estado, no solo porque atenta contra el pensamiento científico, contra la educación pública, contra los derechos civiles de la población, sino que lleva a la muerte.
Más que nunca, ninguna muerte más por aborto clandestino!!
EXIGIMOS AL GOBIERNO PROVINCIAL
· LIBERTAD PARA LA MADRE DE LA NIÑA MUERTA POR ABORTO CLANDESTINO
· BASTA DE CRIMINALIZAR LAS VICTIMAS
· CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EN TODAS SUS MODALIDADES
· POR EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
· IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCION POST-ABORTO
· IMPLEMENTACION Y REGLAMENTACION DE LA LEY 7311 SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE EN LA PROVINCIA DE SALTA
El ministro de Salud Chagra Dib se pronunció en contra del aborto legal porque considera que, dentro de todo, “estamos bien”. La primera medida tomada por el Estado fue criminalizar a los médicos por no denunciar el caso y también a la familia, ya que fue detenida la madre de la niña. Estas son las derivaciones legales del verdadero problema, y es que en Salta, como en el país, el aborto es un delito, lo que lleva a que se judicialice incluso a los médicos que ayudan a la niña o mujer, que llega con un cuadro de septicemia, con el motivo de investigar cómo es que la muerta accedió a una práctica ilegal.
Como se ve es más que justa la consigna de la legalización del derecho al aborto seguro, legal y gratuito en los hospitales públicos, la educación sexual en las escuelas y el acceso universal a los métodos anticonceptivos. Además de la separación de la iglesia del estado, no solo porque atenta contra el pensamiento científico, contra la educación pública, contra los derechos civiles de la población, sino que lleva a la muerte.
Más que nunca, ninguna muerte más por aborto clandestino!!
EXIGIMOS AL GOBIERNO PROVINCIAL
· LIBERTAD PARA LA MADRE DE LA NIÑA MUERTA POR ABORTO CLANDESTINO
· BASTA DE CRIMINALIZAR LAS VICTIMAS
· CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EN TODAS SUS MODALIDADES
· POR EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
· IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCION POST-ABORTO
· IMPLEMENTACION Y REGLAMENTACION DE LA LEY 7311 SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE EN LA PROVINCIA DE SALTA
Legislar sobre el aborto, proteger a las mujeres
Por Alvaro Herrero, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC)
Una niña de 13 años murió la semana pasada en Salta, debido a un aborto séptico; es decir, por una infección generalizada luego de la práctica de un aborto en condiciones de riesgo. Este hecho nos pone, nuevamente, frente a las falencias del Estado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres , particularmente de las niñas y adolescentes.
En la última década se sucedieron varios avances legislativos para disminuir las cifras de mortalidad por abortos clandestinos y el embarazo adolescente. La sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable estableció la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva con alcance nacional; y mediante la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se aumentó la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos en el territorio nacional. Posteriormente, se reguló las intervenciones de anticoncepción quirúrgica, y se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Finalmente, se sancionó la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que otorgó el marco de derechos desde donde implementar dichas leyes.
Lamentablemente, el caso de la niña salteña que acaba de morir demuestra que, en el contexto actual, estas políticas no son del todo eficaces.
En Argentina, la primera causa de mortalidad materna es el aborto inseguro. Según cifras del Ministerio de Salud, de las 410 muertes maternas que se registraron en 2009, 45 correspondieron a mujeres menores de 19 años. Los datos también revelan que casi el 16% de las madres en Argentina son niñas o adolescentes . La falta de voluntad de los poderes ejecutivos provinciales y nacional para implementar las citadas leyes, la ejecución desigual de políticas en las provincias, y la escasa asignación de recursos materiales y humanos para atender estas problemáticas, nos muestran un Estado que, por acción u omisión, ignora su obligación de proteger los derechos de las mujeres. Este escenario se ve agravado por la legislación actual en materia de aborto.
A pesar de que desde 1921 el Código Penal establece permisos para interrumpir el embarazo cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo sea producto de una violación, el aborto no punible es virtualmente inaccesible. En mayo de este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a la Argentina en el caso “LMR” por impedir el acceso a un aborto no punible a una adolescente discapacitada mental que había sido violada por su tío. Hace más de un año que la Corte Suprema tiene bajo estudio un caso que podría poner fin de a este tipo de episodios en los abortos no punibles.
Sin embargo, el expediente sigue aún pendiente de resolución.
En este contexto, el proyecto de legalización del aborto en trámite ante la Cámara de Diputados es una medida absolutamente necesaria, aunque no la única, para que desde el derecho empecemos a revertir la situación y detengamos la repetida e innecesaria secuencia de muertes de niñas y mujeres. Resulta imperativo, sin embargo, que los tres poderes del Estado asuman sus responsabilidades y tomen cartas en el asunto, sancionando nuevos marcos normativos, ejecutando las políticas necesarias, y garantizando nuestros derechos mediante sus sentencias.
Fuente: http://www.clarin.com/opinion/Legislar-aborto-proteger-mujeres_0_593940766.html
Una niña de 13 años murió la semana pasada en Salta, debido a un aborto séptico; es decir, por una infección generalizada luego de la práctica de un aborto en condiciones de riesgo. Este hecho nos pone, nuevamente, frente a las falencias del Estado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres , particularmente de las niñas y adolescentes.
En la última década se sucedieron varios avances legislativos para disminuir las cifras de mortalidad por abortos clandestinos y el embarazo adolescente. La sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable estableció la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva con alcance nacional; y mediante la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se aumentó la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos en el territorio nacional. Posteriormente, se reguló las intervenciones de anticoncepción quirúrgica, y se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Finalmente, se sancionó la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que otorgó el marco de derechos desde donde implementar dichas leyes.
Lamentablemente, el caso de la niña salteña que acaba de morir demuestra que, en el contexto actual, estas políticas no son del todo eficaces.
En Argentina, la primera causa de mortalidad materna es el aborto inseguro. Según cifras del Ministerio de Salud, de las 410 muertes maternas que se registraron en 2009, 45 correspondieron a mujeres menores de 19 años. Los datos también revelan que casi el 16% de las madres en Argentina son niñas o adolescentes . La falta de voluntad de los poderes ejecutivos provinciales y nacional para implementar las citadas leyes, la ejecución desigual de políticas en las provincias, y la escasa asignación de recursos materiales y humanos para atender estas problemáticas, nos muestran un Estado que, por acción u omisión, ignora su obligación de proteger los derechos de las mujeres. Este escenario se ve agravado por la legislación actual en materia de aborto.
A pesar de que desde 1921 el Código Penal establece permisos para interrumpir el embarazo cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo sea producto de una violación, el aborto no punible es virtualmente inaccesible. En mayo de este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a la Argentina en el caso “LMR” por impedir el acceso a un aborto no punible a una adolescente discapacitada mental que había sido violada por su tío. Hace más de un año que la Corte Suprema tiene bajo estudio un caso que podría poner fin de a este tipo de episodios en los abortos no punibles.
Sin embargo, el expediente sigue aún pendiente de resolución.
En este contexto, el proyecto de legalización del aborto en trámite ante la Cámara de Diputados es una medida absolutamente necesaria, aunque no la única, para que desde el derecho empecemos a revertir la situación y detengamos la repetida e innecesaria secuencia de muertes de niñas y mujeres. Resulta imperativo, sin embargo, que los tres poderes del Estado asuman sus responsabilidades y tomen cartas en el asunto, sancionando nuevos marcos normativos, ejecutando las políticas necesarias, y garantizando nuestros derechos mediante sus sentencias.
Fuente: http://www.clarin.com/opinion/Legislar-aborto-proteger-mujeres_0_593940766.html
Ateos, abstenerse
Por Nora Veiras
“Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera nuestro proyecto de vida. Somos instrumentos de su voluntad divina, en consecuencia nosotros tenemos que ejecutar el plan de Dios. En este sentido la protección de la vida en el seno materno es un principio esencial. Por eso estamos en contra de cualquier política abortista.” El hombre mira fijo a la cámara, cada palabra está meditada al igual que la iconografía. Detrás suyo, una virgen, varias cruces, un santo. El discurso es congruente con la puesta en escena. Todo esperable si el hombre en cuestión fuera un sacerdote, pero no: es el gobernador reelecto de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich. Un político votado para ejecutar un proyecto de gobierno. La Constitución no prevé que la existencia de Dios sea sometida al escrutinio popular.
“Definitivamente la vida significa poder ejercer los derechos civiles, políticos y sociales (...), derechos que han sido siempre defendidos por la Santa Iglesia Católica”, abunda Capitanich. ¿Otro error? El derrotero de la Iglesia durante la dictadura en la Argentina huelga de mayores comentarios. Curas ocupándose de reconfortar espiritualmente a los pilotos de los vuelos de la muerte, sacerdotes condenados o investigados por delitos de lesa humanidad son apenas algunos renuncios de la Santa Iglesia Católica. La defensa de los derechos civiles y políticos estuvo lejos de estar “siempre” entre los valores a proteger.
Capitanich siguió en Twitter reivindicando su derecho a defender sus convicciones. Derecho que no está en duda. Sí, en cambio, aparece puesto en duda por el discurso integrista del mandatario el derecho de los ciudadanos. En el acto en Santa Cruz por el Día de la Militancia, Capitanich morigeró sus argumentos y dijo: “Soy una persona muy creyente y expreso mis conviciones desde el punto de vista espiritual y religioso. Eso no significa que no respete las opiniones de otros, pero mi posición contraria al aborto es absolutamente irreductible”. Es de esperar que los actos de gobierno reflejen el respeto a la pluralidad.
En Salta, Juan Manuel Urtubey, otro gobernador que comparte con Capitanich la pertenencia generacional y la posibilidad de ser candidato expectable del peronismo, se rige por una Constitución que fijó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Ese mandato se garantiza. Otro es el criterio para aplicar la Ley nacional de educación sexual y de salud reproductiva. No se cumplen. La reiteración de muertes de niñas mujeres por la práctica ilegal de interrupción del embarazo mantiene inalterables esas convicciones.
El plan de Dios está fuera de toda posibilidad de discusión racional. La política, en el siglo XXI en la Argentina, se supone que debe pivotear sobre cimientos más terrenales.
Argentina intenta romper el muro antiabortista en Latinoamérica
La presidenta Fernández se plantea dar libertad de voto para la ley de plazos, que supondría un respaldo al movimiento despenalizador en Uruguay y Brasil
De una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, puede depender en las próximas semanas que la despenalización del aborto, un tema que sigue siendo objeto en todo América Latina de un permanente tira y afloja, experimente un gran paso adelante o quede, una vez más, empantanado. "La presidenta argentina se ha manifestado en público en contra del aborto, pero no se trata de que ella tenga que votar a favor, sino simplemente de que deje libertad de voto a los diputados de su grupo, el Frente para la Victoria", explica, esperanzada, la diputada Cecilia Merchán, impulsora del proyecto de ley que debe ser discutido el 1 de noviembre.
"En ese caso, estoy segura de que habrá mayoría a favor de la despenalización y que daremos un paso decisivo en la mejora de las condiciones de vida de la mujer, no solo argentina, sino latinoamericana", asegura. Cristina Fernández, que se confiesa religiosa y que contó hace poco que había sufrido en su juventud un aborto espontáneo que le "marcó", se mantiene, por ahora, en silencio.
En 2008 el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dio un formidable cerrojazo a las esperanzas de todos los grupos que luchan en América Latina por poner fin a una situación que cuesta cada año la vida de más de 4.000 mujeres, víctimas de abortos ilegales, y que lleva a decenas de miles de los cuatro millones anuales que se someten a cirugías clandestinas a padecer graves secuelas. Vázquez se saltó a la torera el voto mayoritario del Parlamento de Montevideo que, por primera vez, había aprobado una ley despenalizadora, e impuso su veto presidencial. Nadie cree que la presidenta Fernández de Kirchner, que entre otras cosas ha defendido el matrimonio homosexual, desee hacer algo similar en Argentina.
Los coletazos de la decisión de Tabaré Vázquez fueron durísimos, porque el veto, esgrimido además alegando su condición de médico, animó a todos los movimientos antiaborto en América Latina, que cuentan con un apoyo sin fisuras, no solo de la Iglesia católica, sino también de todas las iglesias evangélicas que crecen día a día en el continente.
Hace pocas semanas, en Colombia se vivió un nuevo intento de echar para atrás, incluso, la mínima legislación que, desde 2006, permite abortar en los tres clásicos casos de peligro para la vida de la madre, violación o malformaciones del feto incompatibles con la vida. Movilizadas por la Iglesia, cinco millones de personas firmaron una solicitud para modificar un artículo de la Constitución para que "se defendiera la vida desde la concepción misma". Por nueve votos contra siete, la comisión correspondiente del Senado se negó a "blindar" esa obligación. El voto decisivo fue el de una mujer, la senadora Karime Motta, que originalmente iba a apoyar la medida y que en el último minuto cambió su decisión.
En el caso de México, la batalla se decantó justo del lado contrario que en Colombia. El pasado 23 de septiembre, la Suprema Corte pronunció un fallo que convalidaba una reforma legal introducida en los estados de Baja California y San Luis Potosí, según las cuales "el derecho a la vida queda protegido desde la concepción".
Numerosas asociaciones de mujeres habían pedido que se declararan inconstitucionales esas reformas (que se han llevado a cabo hasta el momento en 18 de las 31 entidades federativas mexicanas) por ser contrarias al Estado laico mexicano, pero su demanda obtuvo un voto menos de los necesarios para prosperar. Así que el aborto seguirá siendo prohibido en todas partes, salvo en el Distrito Federal, donde una ley de abril de 2007 permite interrumpir el embarazo hasta la semana número 12. El debate estuvo, además, rodeado de escándalo, porque participó el propio presidente de la República, Felipe Calderón, que habló de su "compromiso con el derecho a la vida".
La creciente presión que ejercen los grupos religiosos en América Latina quedó también de relieve en Brasil, donde otra mujer, Dilma Rousseff, llegó por primera vez a la presidencia en enero de este año. Rousseff, que, al contrario que la mayoría de los brasileños, nunca ha hecho gala de creencia religiosa alguna, llegó a decir en 2007, cuando todavía no era candidata, que "el aborto debe ser despenalizado".
Pero esa opinión desapareció como por encanto durante la campaña electoral, pues sus asesores aseguraban que podría acarrearle serias consecuencias no solo con los católicos (Brasil tiene la mayor población católica del mundo, más de 125 millones) sino con las muy activas iglesias evangelistas, que suponen ya el 20% de los brasileños. Ni siquiera un líder tan carismático y adorado como Lula abordó el tema. De hecho, durante su mandato, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados votó abrumadoramente en contra de un proyecto de despenalización introducido por un pequeño grupo de parlamentarias. Las cosas quedaron como están: de dos a cuatro años de cárcel para las mujeres que aborten sin haber sido violadas o correr peligro de muerte.
En este panorama de casi regresión de las mínimas legislaciones aprobadas por muchos países latinoamericanos en los años 30 del siglo pasado, la influencia de Argentina podría ser decisiva, opinan multitud de asociaciones de mujeres, expertos y médicos abrumados por el enorme número de abortos clandestinos que se practican en América Latina y por sus graves consecuencias en la salud pública. "En América Latina, incluso en la inmensa mayoría de los casos de embarazos producto de violaciones no es posible realizar los abortos, que serían legales, porque las autorizaciones se posponen y dilatan por médicos y jueces que anteponen sus creencias y que dejan pasar los plazos hasta que esa mujer, o esa niña, está ya condenada a tener el hijo", se queja la diputada Merchán.
Nadie olvida dos casos que no son, en absoluto, únicos, ni tan siquiera infrecuentes, pero que se han convertido en paradigmáticos: la niña colombiana de 13 años violada por un vecino que fue rechazada en siete hospitales y a la que un juez denegó protección jurídica; y la niña brasileña de nueve años violada por su padrastro y embarazada de gemelos a la que la Iglesia excomulgó y que tuvo que recurrir a la justicia ante la evidencia de que algunos médicos preferían que corriera el riesgo de morir.
El debate en Argentina va a coincidir con un nuevo y terrible caso: muy pocos diarios han publicado la historia de una joven de 24 años, madre de tres niños, que se encuentra desde hace días entre la vida y la muerte en un hospital de Puerto Madryn (al sur de Buenos Aires) tras haberse practicado un aborto clandestino. Como tantas otras, la joven, víctima de una infección brutal, ha sido sometida a una operación para extirparle el útero. "N. M. S. está en condiciones desesperantes, con fallo renal, hepático y respiratorio", comunicó un enfadado coordinador del servicio de maternidad del centro hospitalario "Es otra víctima de un aborto inseguro. Son las mujeres pobres las que no pueden pagarse un aborto en las clínicas privadas y las que caen en manos de gente sin escrúpulos", criticó el médico. "Pocos días antes ingresó en ese hospital una niña de 11 años, embarazada. Afortunadamente, le van a hacer un aborto legal", comunica a El PAIS un periodista local.
Según datos oficiales, en Argentina mueren cada año unas 100 mujeres y niñas, víctimas de abortos clandestinos, que se han convertido en la primera causa de muerte materna. Se calcula que en todo el país se practican anualmente unos 460.000 abortos inseguros. Es posible que más de 70.000 acaben en el hospital.
El proyecto de ley que defiende Cecilia Merchán, una diputada de Córdoba, de 40 años, madre de una hija de 20, que representa el Colectivo Juana de Azurduy, contempla la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, tal y como propone la Campaña por el Aborto Gratuito. Cuenta con el respaldo de 16 universidades de todo el país y de grupos de católicos a favor de una nueva legislación. En el Congreso, relata Merchán, "hay presentados otros cuatro proyectos, pero todos ellos no proponen la despenalización, sino modificar el actual articulo 86 del Código Penal, que establece los tres casos en los que el aborto no se castiga". En la práctica, esos cuatro proyectos supondrían postergar, una vez más, el debate.
"Hemos conseguido instalar, por primera vez, el debate en el Congreso, con 50 diputadas y diputados que lo respaldan. Estamos seguros de poder reunir los votos necesarios. Solo hace falta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se plantee que esto es un problema exclusivo del Congreso y conceda libertad de acción a sus diputados, al igual que dentro de la coalición radical", afirma Merchán. Al fin y al cabo, recuerda, ese mismo Congreso aprobó hace menos de un año el matrimonio igualitario que regularizó la situación de parejas homosexuales.
"Yo misma sufrí un aborto clandestino cuando tenia 20 años y estuve a punto de morir y de no poder tener hijos nunca más. Tenemos que avanzar. Este es el momento, si no, todo quedará empantanado otra vez y seguiremos sufriendo casos parecidos", explica Merchán.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Argentina/intenta/romper/muro/antiabortista/Latinoamerica/elpepisoc/20111016elpepisoc_3/Tes
De una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, puede depender en las próximas semanas que la despenalización del aborto, un tema que sigue siendo objeto en todo América Latina de un permanente tira y afloja, experimente un gran paso adelante o quede, una vez más, empantanado. "La presidenta argentina se ha manifestado en público en contra del aborto, pero no se trata de que ella tenga que votar a favor, sino simplemente de que deje libertad de voto a los diputados de su grupo, el Frente para la Victoria", explica, esperanzada, la diputada Cecilia Merchán, impulsora del proyecto de ley que debe ser discutido el 1 de noviembre.
"En ese caso, estoy segura de que habrá mayoría a favor de la despenalización y que daremos un paso decisivo en la mejora de las condiciones de vida de la mujer, no solo argentina, sino latinoamericana", asegura. Cristina Fernández, que se confiesa religiosa y que contó hace poco que había sufrido en su juventud un aborto espontáneo que le "marcó", se mantiene, por ahora, en silencio.
En 2008 el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dio un formidable cerrojazo a las esperanzas de todos los grupos que luchan en América Latina por poner fin a una situación que cuesta cada año la vida de más de 4.000 mujeres, víctimas de abortos ilegales, y que lleva a decenas de miles de los cuatro millones anuales que se someten a cirugías clandestinas a padecer graves secuelas. Vázquez se saltó a la torera el voto mayoritario del Parlamento de Montevideo que, por primera vez, había aprobado una ley despenalizadora, e impuso su veto presidencial. Nadie cree que la presidenta Fernández de Kirchner, que entre otras cosas ha defendido el matrimonio homosexual, desee hacer algo similar en Argentina.
Los coletazos de la decisión de Tabaré Vázquez fueron durísimos, porque el veto, esgrimido además alegando su condición de médico, animó a todos los movimientos antiaborto en América Latina, que cuentan con un apoyo sin fisuras, no solo de la Iglesia católica, sino también de todas las iglesias evangélicas que crecen día a día en el continente.
Hace pocas semanas, en Colombia se vivió un nuevo intento de echar para atrás, incluso, la mínima legislación que, desde 2006, permite abortar en los tres clásicos casos de peligro para la vida de la madre, violación o malformaciones del feto incompatibles con la vida. Movilizadas por la Iglesia, cinco millones de personas firmaron una solicitud para modificar un artículo de la Constitución para que "se defendiera la vida desde la concepción misma". Por nueve votos contra siete, la comisión correspondiente del Senado se negó a "blindar" esa obligación. El voto decisivo fue el de una mujer, la senadora Karime Motta, que originalmente iba a apoyar la medida y que en el último minuto cambió su decisión.
En el caso de México, la batalla se decantó justo del lado contrario que en Colombia. El pasado 23 de septiembre, la Suprema Corte pronunció un fallo que convalidaba una reforma legal introducida en los estados de Baja California y San Luis Potosí, según las cuales "el derecho a la vida queda protegido desde la concepción".
Numerosas asociaciones de mujeres habían pedido que se declararan inconstitucionales esas reformas (que se han llevado a cabo hasta el momento en 18 de las 31 entidades federativas mexicanas) por ser contrarias al Estado laico mexicano, pero su demanda obtuvo un voto menos de los necesarios para prosperar. Así que el aborto seguirá siendo prohibido en todas partes, salvo en el Distrito Federal, donde una ley de abril de 2007 permite interrumpir el embarazo hasta la semana número 12. El debate estuvo, además, rodeado de escándalo, porque participó el propio presidente de la República, Felipe Calderón, que habló de su "compromiso con el derecho a la vida".
La creciente presión que ejercen los grupos religiosos en América Latina quedó también de relieve en Brasil, donde otra mujer, Dilma Rousseff, llegó por primera vez a la presidencia en enero de este año. Rousseff, que, al contrario que la mayoría de los brasileños, nunca ha hecho gala de creencia religiosa alguna, llegó a decir en 2007, cuando todavía no era candidata, que "el aborto debe ser despenalizado".
Pero esa opinión desapareció como por encanto durante la campaña electoral, pues sus asesores aseguraban que podría acarrearle serias consecuencias no solo con los católicos (Brasil tiene la mayor población católica del mundo, más de 125 millones) sino con las muy activas iglesias evangelistas, que suponen ya el 20% de los brasileños. Ni siquiera un líder tan carismático y adorado como Lula abordó el tema. De hecho, durante su mandato, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados votó abrumadoramente en contra de un proyecto de despenalización introducido por un pequeño grupo de parlamentarias. Las cosas quedaron como están: de dos a cuatro años de cárcel para las mujeres que aborten sin haber sido violadas o correr peligro de muerte.
En este panorama de casi regresión de las mínimas legislaciones aprobadas por muchos países latinoamericanos en los años 30 del siglo pasado, la influencia de Argentina podría ser decisiva, opinan multitud de asociaciones de mujeres, expertos y médicos abrumados por el enorme número de abortos clandestinos que se practican en América Latina y por sus graves consecuencias en la salud pública. "En América Latina, incluso en la inmensa mayoría de los casos de embarazos producto de violaciones no es posible realizar los abortos, que serían legales, porque las autorizaciones se posponen y dilatan por médicos y jueces que anteponen sus creencias y que dejan pasar los plazos hasta que esa mujer, o esa niña, está ya condenada a tener el hijo", se queja la diputada Merchán.
Nadie olvida dos casos que no son, en absoluto, únicos, ni tan siquiera infrecuentes, pero que se han convertido en paradigmáticos: la niña colombiana de 13 años violada por un vecino que fue rechazada en siete hospitales y a la que un juez denegó protección jurídica; y la niña brasileña de nueve años violada por su padrastro y embarazada de gemelos a la que la Iglesia excomulgó y que tuvo que recurrir a la justicia ante la evidencia de que algunos médicos preferían que corriera el riesgo de morir.
El debate en Argentina va a coincidir con un nuevo y terrible caso: muy pocos diarios han publicado la historia de una joven de 24 años, madre de tres niños, que se encuentra desde hace días entre la vida y la muerte en un hospital de Puerto Madryn (al sur de Buenos Aires) tras haberse practicado un aborto clandestino. Como tantas otras, la joven, víctima de una infección brutal, ha sido sometida a una operación para extirparle el útero. "N. M. S. está en condiciones desesperantes, con fallo renal, hepático y respiratorio", comunicó un enfadado coordinador del servicio de maternidad del centro hospitalario "Es otra víctima de un aborto inseguro. Son las mujeres pobres las que no pueden pagarse un aborto en las clínicas privadas y las que caen en manos de gente sin escrúpulos", criticó el médico. "Pocos días antes ingresó en ese hospital una niña de 11 años, embarazada. Afortunadamente, le van a hacer un aborto legal", comunica a El PAIS un periodista local.
Según datos oficiales, en Argentina mueren cada año unas 100 mujeres y niñas, víctimas de abortos clandestinos, que se han convertido en la primera causa de muerte materna. Se calcula que en todo el país se practican anualmente unos 460.000 abortos inseguros. Es posible que más de 70.000 acaben en el hospital.
El proyecto de ley que defiende Cecilia Merchán, una diputada de Córdoba, de 40 años, madre de una hija de 20, que representa el Colectivo Juana de Azurduy, contempla la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, tal y como propone la Campaña por el Aborto Gratuito. Cuenta con el respaldo de 16 universidades de todo el país y de grupos de católicos a favor de una nueva legislación. En el Congreso, relata Merchán, "hay presentados otros cuatro proyectos, pero todos ellos no proponen la despenalización, sino modificar el actual articulo 86 del Código Penal, que establece los tres casos en los que el aborto no se castiga". En la práctica, esos cuatro proyectos supondrían postergar, una vez más, el debate.
"Hemos conseguido instalar, por primera vez, el debate en el Congreso, con 50 diputadas y diputados que lo respaldan. Estamos seguros de poder reunir los votos necesarios. Solo hace falta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se plantee que esto es un problema exclusivo del Congreso y conceda libertad de acción a sus diputados, al igual que dentro de la coalición radical", afirma Merchán. Al fin y al cabo, recuerda, ese mismo Congreso aprobó hace menos de un año el matrimonio igualitario que regularizó la situación de parejas homosexuales.
"Yo misma sufrí un aborto clandestino cuando tenia 20 años y estuve a punto de morir y de no poder tener hijos nunca más. Tenemos que avanzar. Este es el momento, si no, todo quedará empantanado otra vez y seguiremos sufriendo casos parecidos", explica Merchán.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Argentina/intenta/romper/muro/antiabortista/Latinoamerica/elpepisoc/20111016elpepisoc_3/Tes
Repercuciones en los medios de Mendoza de las acciones por el 28 de septiembre
Fue en el marco del Día interancional de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Compartimos los links para quienes quiran leer las notas. Los medios publican! nosotr@s seguimos luchando!! La legalización se siente cerca !!!
Diario los Andes
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/9/28/agrupaciones-mendocinas-exigieron-para-aborto-legal-596709.asp
Diario on line MDZ
http://www.mdzol.com/mdz/nota/329710-la-despenalizacion-del-aborto-sigue-dividendo-las-opiniones-en-america-latina/
Diario UNO
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2011/09/29/nota283295.html
Compartimos los links para quienes quiran leer las notas. Los medios publican! nosotr@s seguimos luchando!! La legalización se siente cerca !!!
Diario los Andes
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/9/28/agrupaciones-mendocinas-exigieron-para-aborto-legal-596709.asp
Diario on line MDZ
http://www.mdzol.com/mdz/nota/329710-la-despenalizacion-del-aborto-sigue-dividendo-las-opiniones-en-america-latina/
Diario UNO
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2011/09/29/nota283295.html
Embarrar la cancha en el debate sobre el aborto
Por Sandra Chaher
El aborto está permitido cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja del Parlamento convocó para el próximo martes a una reunión para debatir los proyectos de ley vinculados al aborto existentes actualmente. Entre ellos, uno presentado recientemente por el titular de esa comisión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, que propone hacer aclaraciones de procedimiento sobre el artículo 86 del Código Penal, que es el que legisla en materia de aborto en la Argentina, pero en una línea más restrictiva incluso que el Código. Similares al de Vega, hay en la comisión otros proyectos de la UCR y del PRO y, desde marzo de 2009, también hay en estudio dos proyectos de legalización del aborto presentados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por Nuevo Encuentro.
Hasta hace dos meses, todo indicaba que el debate en la Cámara Baja giraría en torno a la legalización del aborto. En ese sentido, la Comisión de Legislación Penal realizó desde finales de 2010 dos audiencias públicas con especialistas de organismos internacionales que manifestaron su apoyo a la legalización. Marianne Mollman –integrante de Human Rights Watch y cabeza de equipo de dos investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en la Argentina en 2005 y 2010– y Luz Patricia Mejía –relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)– señalaron el avance en la salud pública y los Derechos Humanos que implicaría el acceso al aborto legal. Luz Mejía además despejó dudas sobre el argumento, sembrado maliciosamente por los sectores conservadores, de que la legalización atentaría contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica): “La legalización del aborto no es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es ‘en general’. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma”, aclaró Mejía.
La propuesta actual de la Comisión de Legislación Penal, de discutir a la par de la legalización del aborto la aclaración de procedimiento del artículo 86 que actualmente lo penaliza, significa un enorme retroceso de las mujeres en el acceso a los Derechos Humanos. El adecuado tratamiento del artículo 86 del Código Penal fue especificado con detalle en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, durante la gestión de Ginés González García, y actualmente vigente en todo el país. La guía señala que el aborto está permitido cuando está en riesgo la salud de la mujer, la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental. También se señala que basta con que un solo profesional de la salud constate la existencia de algunas de las causales de no punibilidad, y especifica: “Cualquier imposición de exigencias adicionales, tales como: autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, períodos y listas de espera y demás trámites que puedan representar una carga para la mujer representarán una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley.” Si esta guía fuera cumplida, no habría sido posible, por ejemplo, el caso que ocurrió en Misiones, en agosto de este año, cuando una niña de 14 años violada posiblemente por un familiar no pudo acceder al aborto no punible por resistencias de las instituciones médicas y judiciales.
Discutir a la par un proyecto cuasiadministrativo –como sería el de reglamentación/aclaración del artículo 86– con otros de ampliación de derechos es mezclar dos temas que sólo tienen en común hablar del aborto pero que apuntan a dos aspectos muy diversos del mismo. Resolver sobre la mejor forma de aplicar el Código es responsabilidad de los poderes ejecutivos nacionales (el Ministerio de Salud con la guía y la importancia de su cumplimiento efectivo) o de los provinciales, que en muchos casos sancionaron Protocolos de Atención de Abortos No Punibles para mejorar el acceso en sus regiones (Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chubut).
En el Parlamento está la posibilidad, desde hace casi dos años, de debatir por primera vez en la historia argentina la posibilidad de que las mujeres accedamos al aborto en forma legal y gratuita a través del sistema de salud. El proyecto de la campaña sumó en su recorrido el apoyo de 50 legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos (FPV, UCR, PS, Libres del Sur, CC, UCR, Proyecto progresista, SUR, GEN, SI, Frente de Todos, Nuevo Encuentro, Peronismo Federal, PRO, Concertación) que proponen una estrategia para reducir drásticamente las 100 muertes aproximadas de mujeres por año debidas a abortos inseguros, casi 3000 desde el retorno de la democracia (mujeres que cuando murieron en la mayoría de los casos dejaron descendencia huérfana).
Virar ahora el debate hacia un procedimiento adecuado sobre los no punibles sería discutir el chiquitaje y hacerle ole a una discusión de trascendencia sobre la ampliación de los derechos y la profundización de la democracia.
El aborto está permitido cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja del Parlamento convocó para el próximo martes a una reunión para debatir los proyectos de ley vinculados al aborto existentes actualmente. Entre ellos, uno presentado recientemente por el titular de esa comisión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, que propone hacer aclaraciones de procedimiento sobre el artículo 86 del Código Penal, que es el que legisla en materia de aborto en la Argentina, pero en una línea más restrictiva incluso que el Código. Similares al de Vega, hay en la comisión otros proyectos de la UCR y del PRO y, desde marzo de 2009, también hay en estudio dos proyectos de legalización del aborto presentados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por Nuevo Encuentro.
Hasta hace dos meses, todo indicaba que el debate en la Cámara Baja giraría en torno a la legalización del aborto. En ese sentido, la Comisión de Legislación Penal realizó desde finales de 2010 dos audiencias públicas con especialistas de organismos internacionales que manifestaron su apoyo a la legalización. Marianne Mollman –integrante de Human Rights Watch y cabeza de equipo de dos investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en la Argentina en 2005 y 2010– y Luz Patricia Mejía –relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)– señalaron el avance en la salud pública y los Derechos Humanos que implicaría el acceso al aborto legal. Luz Mejía además despejó dudas sobre el argumento, sembrado maliciosamente por los sectores conservadores, de que la legalización atentaría contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica): “La legalización del aborto no es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es ‘en general’. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma”, aclaró Mejía.
La propuesta actual de la Comisión de Legislación Penal, de discutir a la par de la legalización del aborto la aclaración de procedimiento del artículo 86 que actualmente lo penaliza, significa un enorme retroceso de las mujeres en el acceso a los Derechos Humanos. El adecuado tratamiento del artículo 86 del Código Penal fue especificado con detalle en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, durante la gestión de Ginés González García, y actualmente vigente en todo el país. La guía señala que el aborto está permitido cuando está en riesgo la salud de la mujer, la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental. También se señala que basta con que un solo profesional de la salud constate la existencia de algunas de las causales de no punibilidad, y especifica: “Cualquier imposición de exigencias adicionales, tales como: autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, períodos y listas de espera y demás trámites que puedan representar una carga para la mujer representarán una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley.” Si esta guía fuera cumplida, no habría sido posible, por ejemplo, el caso que ocurrió en Misiones, en agosto de este año, cuando una niña de 14 años violada posiblemente por un familiar no pudo acceder al aborto no punible por resistencias de las instituciones médicas y judiciales.
Discutir a la par un proyecto cuasiadministrativo –como sería el de reglamentación/aclaración del artículo 86– con otros de ampliación de derechos es mezclar dos temas que sólo tienen en común hablar del aborto pero que apuntan a dos aspectos muy diversos del mismo. Resolver sobre la mejor forma de aplicar el Código es responsabilidad de los poderes ejecutivos nacionales (el Ministerio de Salud con la guía y la importancia de su cumplimiento efectivo) o de los provinciales, que en muchos casos sancionaron Protocolos de Atención de Abortos No Punibles para mejorar el acceso en sus regiones (Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chubut).
En el Parlamento está la posibilidad, desde hace casi dos años, de debatir por primera vez en la historia argentina la posibilidad de que las mujeres accedamos al aborto en forma legal y gratuita a través del sistema de salud. El proyecto de la campaña sumó en su recorrido el apoyo de 50 legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos (FPV, UCR, PS, Libres del Sur, CC, UCR, Proyecto progresista, SUR, GEN, SI, Frente de Todos, Nuevo Encuentro, Peronismo Federal, PRO, Concertación) que proponen una estrategia para reducir drásticamente las 100 muertes aproximadas de mujeres por año debidas a abortos inseguros, casi 3000 desde el retorno de la democracia (mujeres que cuando murieron en la mayoría de los casos dejaron descendencia huérfana).
Virar ahora el debate hacia un procedimiento adecuado sobre los no punibles sería discutir el chiquitaje y hacerle ole a una discusión de trascendencia sobre la ampliación de los derechos y la profundización de la democracia.
La trampa del aborto no punible
Este documento expone los fundamentos por los cuales desde ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género consideramos inadecuados y regresivos los proyectos que se discutirán el próximo 27 de septiembre en la reunión de la Comisión de Derecho Penal de la Cámara de Diputados de la Nación en relación a la regulación del aborto no punible (ANP).
La prohibición del aborto vigente en nuestro país atenta contra diversos derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad sexual y al pleno ejercicio de su autonomía. Es por esa razón que quienes integramos ELA apoyamos aquellas iniciativas que proponen la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los proyectos de ley presentados ante la Cámara de Diputados con el único fin de regular los ANP merecen nuestra crítica . Es un hecho irrefutable que en la actualidad los abortos permitidos por el artículo 86 del Código Penal desde 1922 no se realizan y que, en el mejor de los casos, su realización está precedida por un trámite de autorización judicial que la ley no requiere. Esta situación implica graves responsabilidades para el Estado argentino en virtud de incumplimientos reiterados de los pactos de Derechos Humanos, que han sido señalados por el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso L.R.M. confirma esto, ya que frente a la negativa de las autoridades médicas y judiciales a realizar un ANP, se estableció que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
Los proyectos presentados que buscan la regulación del ANP, lejos están de cumplir con los objetivos que manifiestan. Es por esta razón que receptar en forma favorable cualquiera de las iniciativas presentadas que pretenden exclusivamente reformar el Art. 86 del Código Penal Argentino significaría un retroceso respecto de la situación actual, que de por sí ya es lesiva para los derechos de las mujeres.
Ninguno de los proyectos establece explícitamente que no es necesaria la autorización judicial para la realización de un ANP. Las experiencias de judicialización indican que es necesario aclarar el tema en forma contundente, ya que este es el principal escollo que atraviesan las mujeres al solicitar un ANP ante los servicios de salud. En este sentido consideramos que hubiera sido correcto seguir la técnica legislativa de la ley 26.130, de Contraconcepción Quirúrgica que dispone en su Art. 2 que no es necesaria la autorización judicial. Sin esta aclaración se perpetúa la incertidumbre que obstruye la práctica.
De ninguna manera es adecuado restringir el acceso a un ANP exclusivamente a los casos en los que el embarazo sea causado por un abuso sexual con acceso carnal, tal como propone el Proyecto 7054-D-2010, ya que esto dejaría por fuera de la protección legal a las mujeres que sean abusadas sexualmente sin penetración, por ejemplo por inseminación forzosa.
Obligar a las mujeres víctimas de abusos sexuales a judicializar su caso para poder ejercer su derecho a un ANP resulta lesivo a la intimidad y generaría en las mujeres una revictimización con justificaciones que ofenden a las mujeres tales como evitar denuncias falsas para obtener un aborto. Este tipo de argumentación desconoce la realidad social y el tortuoso camino que deben desandar quienes han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual cuando se judicializa, donde son puestas en el banquillo de las acusadas por un sistema que acepta estándares de prueba que ponen en jaque la dignidad de las mujeres. Realizar esta expropiación del conflicto resulta inaceptable.
Limitar el acceso de los ANP en caso de delitos contra la integridad sexual al cumplimiento de un plazo determinado resulta sumamente lesivo de los derechos de las mujeres, sobre todo que aquellas que se encuentran en mayor probabilidad de ser vulnerabilizadas, como las niñas y las discapacitadas. En la mayoría de estos casos se toma noticia de la existencia de un embarazo cuando este se encuentra en un periodo gestacional avanzado. Por ejemplo en el caso L.R.M se acudió al sistema de salud a las 14,5 semanas. La regulación hoy vigente no impone un límite temporal para la interrupción de los embarazos productos de delitos contra la integridad sexual, y una reforma en ese sentido sería claramente regresiva.
Por otra parte no se aclara que sucede en los casos de niñas o mujeres incapaces, cuando la voluntad de suspender el embarazo de estas colisione con la de sus representantes legales.
Llevar al debate legislativo, tan largamente esperado, estos deficientes proyectos de regulación de los ANP constituye una trampa que debilita el verdadero debate que se debería dar en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Estos proyectos representan un retroceso al restringir aún más las condiciones de acceso al ANP, de modo tal que restringen los derechos de las mujeres hoy vigentes y no contribuyen a solucionar las controversias jurídicas existentes. De aprobarse, estos proyectos vulnerarían el principio de progresividad del derecho internacional de los derechos humanos al cual está sometido nuestro país.
Desde ELA expresamos nuestra profunda preocupación por esta maniobra y convocamos a legisladores y legisladoras a dar un debate que reconozca una ciudadanía plena a las mujeres y niñas que les posibilite ejercer sus derechos en forma efectiva
La prohibición del aborto vigente en nuestro país atenta contra diversos derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad sexual y al pleno ejercicio de su autonomía. Es por esa razón que quienes integramos ELA apoyamos aquellas iniciativas que proponen la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los proyectos de ley presentados ante la Cámara de Diputados con el único fin de regular los ANP merecen nuestra crítica . Es un hecho irrefutable que en la actualidad los abortos permitidos por el artículo 86 del Código Penal desde 1922 no se realizan y que, en el mejor de los casos, su realización está precedida por un trámite de autorización judicial que la ley no requiere. Esta situación implica graves responsabilidades para el Estado argentino en virtud de incumplimientos reiterados de los pactos de Derechos Humanos, que han sido señalados por el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso L.R.M. confirma esto, ya que frente a la negativa de las autoridades médicas y judiciales a realizar un ANP, se estableció que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
Los proyectos presentados que buscan la regulación del ANP, lejos están de cumplir con los objetivos que manifiestan. Es por esta razón que receptar en forma favorable cualquiera de las iniciativas presentadas que pretenden exclusivamente reformar el Art. 86 del Código Penal Argentino significaría un retroceso respecto de la situación actual, que de por sí ya es lesiva para los derechos de las mujeres.
Ninguno de los proyectos establece explícitamente que no es necesaria la autorización judicial para la realización de un ANP. Las experiencias de judicialización indican que es necesario aclarar el tema en forma contundente, ya que este es el principal escollo que atraviesan las mujeres al solicitar un ANP ante los servicios de salud. En este sentido consideramos que hubiera sido correcto seguir la técnica legislativa de la ley 26.130, de Contraconcepción Quirúrgica que dispone en su Art. 2 que no es necesaria la autorización judicial. Sin esta aclaración se perpetúa la incertidumbre que obstruye la práctica.
De ninguna manera es adecuado restringir el acceso a un ANP exclusivamente a los casos en los que el embarazo sea causado por un abuso sexual con acceso carnal, tal como propone el Proyecto 7054-D-2010, ya que esto dejaría por fuera de la protección legal a las mujeres que sean abusadas sexualmente sin penetración, por ejemplo por inseminación forzosa.
Obligar a las mujeres víctimas de abusos sexuales a judicializar su caso para poder ejercer su derecho a un ANP resulta lesivo a la intimidad y generaría en las mujeres una revictimización con justificaciones que ofenden a las mujeres tales como evitar denuncias falsas para obtener un aborto. Este tipo de argumentación desconoce la realidad social y el tortuoso camino que deben desandar quienes han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual cuando se judicializa, donde son puestas en el banquillo de las acusadas por un sistema que acepta estándares de prueba que ponen en jaque la dignidad de las mujeres. Realizar esta expropiación del conflicto resulta inaceptable.
Limitar el acceso de los ANP en caso de delitos contra la integridad sexual al cumplimiento de un plazo determinado resulta sumamente lesivo de los derechos de las mujeres, sobre todo que aquellas que se encuentran en mayor probabilidad de ser vulnerabilizadas, como las niñas y las discapacitadas. En la mayoría de estos casos se toma noticia de la existencia de un embarazo cuando este se encuentra en un periodo gestacional avanzado. Por ejemplo en el caso L.R.M se acudió al sistema de salud a las 14,5 semanas. La regulación hoy vigente no impone un límite temporal para la interrupción de los embarazos productos de delitos contra la integridad sexual, y una reforma en ese sentido sería claramente regresiva.
Por otra parte no se aclara que sucede en los casos de niñas o mujeres incapaces, cuando la voluntad de suspender el embarazo de estas colisione con la de sus representantes legales.
Llevar al debate legislativo, tan largamente esperado, estos deficientes proyectos de regulación de los ANP constituye una trampa que debilita el verdadero debate que se debería dar en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Estos proyectos representan un retroceso al restringir aún más las condiciones de acceso al ANP, de modo tal que restringen los derechos de las mujeres hoy vigentes y no contribuyen a solucionar las controversias jurídicas existentes. De aprobarse, estos proyectos vulnerarían el principio de progresividad del derecho internacional de los derechos humanos al cual está sometido nuestro país.
Desde ELA expresamos nuestra profunda preocupación por esta maniobra y convocamos a legisladores y legisladoras a dar un debate que reconozca una ciudadanía plena a las mujeres y niñas que les posibilite ejercer sus derechos en forma efectiva
“Abortan el debate”
Por Mariana Carbajal
En la Comisión de Legislación Penal hay siete proyectos sobre aborto: dos lo despenalizan y legalizan en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo en algunas circunstancias, y otros cinco iniciativas proponen reglamentar los abortos no punibles, previstos ya en el Código Penal, pero sin allanar su acceso y en algunos casos, incluso, imponiendo mayores restricciones.
El titular de la comisión, Juan Carlos Vega, adelantó que su intención es sacar un dictamen. Si no hay quórum, amenaza con aplicar el artículo 108 del Reglamento de la Cámara, que prevé que luego de dos llamados se puede votar un dictamen, aun cuando no haya la mínima cantidad de diputados requerida. El apuro desconcertó a quienes apoyan el debate para avanzar con la despenalización: temen que la cercanía con las elecciones ponga en una situación incómoda a algunos diputados de provincias donde las jerarquías católicas tienen buena llegada a los gobernadores. Pero también generó el enojo de quienes se oponen a la legalización, como la puntana Ivana Bianchi, del partido de los Rodríguez Saá, porque Vega les había prometido convocar a otras audiencias públicas –como las dos que ya se realizaron– con referentes de iglesias u otras voces que están en contra. Unos y otros sospechan que detrás de tanta premura hay una búsqueda de protagonismo de parte de Vega, cuyo mandato termina en diciembre.
El diputado presentó a fin de agosto un proyecto que reglamenta la atención de los abortos no punibles, pero restringiéndolos todavía más que en la actualidad. “Venimos debatiendo la despenalización con altura y racionalidad. Impulsar el aborto no punible es un franco retroceso y significa abortar el debate. No lo vamos a permitir”, dijo ayer a Página/12 Diana Conti, del Frente para la Victoria.
Vega se había comprometido a convocar a audiencias después de los comicios nacionales. “Se bastardea el tema cuando se debate en campaña electoral”, objetó María Luisa Storani (UCR) a Página/12.
La diputada Cecilia Merchán también rechazó que la discusión se centre en los no punibles: recordó que las especialistas convocadas en las audiencias opinaron que para reducir el número de muertes de mujeres “es necesario legalizar la interrupción voluntaria del embarazo”. La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, consideró que Vega busca poner obstáculos al debate sobre la despenalización del aborto ya que su proyecto “no hace más que plantear restricciones a la legislación vigente acerca de los casos en los que los abortos no son punibles”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/177231-55773-2011-09-21.html
En la Comisión de Legislación Penal hay siete proyectos sobre aborto: dos lo despenalizan y legalizan en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo en algunas circunstancias, y otros cinco iniciativas proponen reglamentar los abortos no punibles, previstos ya en el Código Penal, pero sin allanar su acceso y en algunos casos, incluso, imponiendo mayores restricciones.
El titular de la comisión, Juan Carlos Vega, adelantó que su intención es sacar un dictamen. Si no hay quórum, amenaza con aplicar el artículo 108 del Reglamento de la Cámara, que prevé que luego de dos llamados se puede votar un dictamen, aun cuando no haya la mínima cantidad de diputados requerida. El apuro desconcertó a quienes apoyan el debate para avanzar con la despenalización: temen que la cercanía con las elecciones ponga en una situación incómoda a algunos diputados de provincias donde las jerarquías católicas tienen buena llegada a los gobernadores. Pero también generó el enojo de quienes se oponen a la legalización, como la puntana Ivana Bianchi, del partido de los Rodríguez Saá, porque Vega les había prometido convocar a otras audiencias públicas –como las dos que ya se realizaron– con referentes de iglesias u otras voces que están en contra. Unos y otros sospechan que detrás de tanta premura hay una búsqueda de protagonismo de parte de Vega, cuyo mandato termina en diciembre.
El diputado presentó a fin de agosto un proyecto que reglamenta la atención de los abortos no punibles, pero restringiéndolos todavía más que en la actualidad. “Venimos debatiendo la despenalización con altura y racionalidad. Impulsar el aborto no punible es un franco retroceso y significa abortar el debate. No lo vamos a permitir”, dijo ayer a Página/12 Diana Conti, del Frente para la Victoria.
Vega se había comprometido a convocar a audiencias después de los comicios nacionales. “Se bastardea el tema cuando se debate en campaña electoral”, objetó María Luisa Storani (UCR) a Página/12.
La diputada Cecilia Merchán también rechazó que la discusión se centre en los no punibles: recordó que las especialistas convocadas en las audiencias opinaron que para reducir el número de muertes de mujeres “es necesario legalizar la interrupción voluntaria del embarazo”. La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, consideró que Vega busca poner obstáculos al debate sobre la despenalización del aborto ya que su proyecto “no hace más que plantear restricciones a la legislación vigente acerca de los casos en los que los abortos no son punibles”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/177231-55773-2011-09-21.html
Una Ley para la vida! Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito
Comunicado de Varones por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
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Frente al llamado a reunión de Comisión de Legislación Penal, para el día 27 de septiembre, a debatir diferentes proyectos sobre reformas del artículo 86 del código penal, y sumado a estos el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nos vemos en la necesidad de expresar:
Que abrir un debate legislativo sobre el actual artículo 86 del Código Penal es una clara estrategia política para OBSTACULIZAR el tratamiento de una ley que legalice el aborto en la Argentina. Para hacer cumplir los abortos que actualmente son legales existe la “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación que debe elevarse a rango de Resolución Ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La aplicación de esta Guía es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva.
Que legalizar y despenalizar el aborto, como propone el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es la herramienta más eficaz para respetar la universalidad, la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos, que deben ser garantizados por el Estado. Mientras que el aborto siga siendo clandestino, seguirá representando un peligro de muerte para las mujeres más pobres y menos informadas, y seguirán habiendo muertes evitables por abortos en nuestro país. Este es el compromiso que deben atender nuestros representantes legisladoras/es: el compromiso de debatir una ley de aborto legal que proteja a las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica.
Tal como lo han recomendado representantes de diferentes Organismos Internaciones de Derechos Humanos legalizar el aborto es el único camino para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación.
Como Varones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, renovamos nuestro compromiso con la lucha incansable de las mujeres por conquistar su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Las mujeres y niñas no pueden seguir muriendo mientras otros juegan con los tiempos electorales y maniobras distractivas.
Una vez más exigimos a nuestras y nuestros representantes en el Estado: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir.
Contactos:
Luciano Fabbri (La Plata): 0221 15 5984321
Leandro Ferrón (Mendoza): 0261 15 5261045
Advierten que se obstaculiza el debate sobre el aborto
Frente al estado público que tomó la presentación de un proyecto de ley para modificar el artículo 86 del Código Penal y el llamado a reunión de comisión para debatirlo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, rechazó esta convocatoria que, “de manera manifiesta, obstaculiza el verdadero debate que se debe el Congreso nacional, que es por la despenalización y legalización del aborto”, se informó a AIM .
Advierten que se obstaculiza el tratamiento del proyecto sobre la legalización del aborto.
En un parte de prensa se informó a esta Agencia que “este proyecto en particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento de los abortos que están permitidos”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se advirtió que “modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en este proyecto presentado por el titular de la comisión, Juan Carlos Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual Código no incluye”. Además se señaló que “circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles”.
La realidadDesde la Campaña se recordó que en agosto de 2011 se evidenció, con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto “obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años”.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el ministerio de Salud de la Nación, que debe elevarse a rango de resolución ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía “es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva”.
Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. “No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica, y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo”.
En contraposición a lo expuesto, se explicó que “legalizar y despenalizar el aborto como propone el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación”.
Respetar la universalidadComo han argumentado diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto.
En esa ocasión, la Comisión se comprometió para que este tema se tratara durante 2011. Por esto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperan que “se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la ley de Identidad de Género. Nuestro proyecto de ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años. Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares”.
InvitaciónDesde la Campaña se invita “a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Advierten que se obstaculiza el tratamiento del proyecto sobre la legalización del aborto.
En un parte de prensa se informó a esta Agencia que “este proyecto en particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento de los abortos que están permitidos”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se advirtió que “modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en este proyecto presentado por el titular de la comisión, Juan Carlos Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual Código no incluye”. Además se señaló que “circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles”.
La realidadDesde la Campaña se recordó que en agosto de 2011 se evidenció, con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto “obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años”.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el ministerio de Salud de la Nación, que debe elevarse a rango de resolución ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía “es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva”.
Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. “No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica, y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo”.
En contraposición a lo expuesto, se explicó que “legalizar y despenalizar el aborto como propone el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación”.
Respetar la universalidadComo han argumentado diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto.
En esa ocasión, la Comisión se comprometió para que este tema se tratara durante 2011. Por esto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperan que “se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la ley de Identidad de Género. Nuestro proyecto de ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años. Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares”.
InvitaciónDesde la Campaña se invita “a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
La CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO exige el cumplimiento del Aborto No Punible solicitado por la niña víctima de una violación y por su familia en la ciudad de Posadas, Misiones
Adherimos a todas las manifestaciones de reclamo que se vienen produciendo a lo largo y ancho del país, para que la niña, embarazada a consecuencia de una violación por parte de su tío materno, acceda de manera inmediata, segura, confidencial y respetuosa a su derecho a la interrupción de dicho embarazo en el sistema público de salud, tal como lo solicitó ella con el apoyo de su familia.
La circunstancia de que en el Código Penal el aborto sea un delito contribuye a que no se realicen los abortos en los casos permitidos como el de la niña violada, porque permite que se genere una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones, dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación. Esta legislación requiere del Ministerio de Salud un instrumento que protocolice su práctica para detener la evasión de responsabilidades de los efectores públicos, sometidos a presiones políticas que los conducen al delito de incumplimiento de su función pública.
Claramente lo ha expresado el Comité de DDHH de la ONU al señalar su preocupación de que “la criminalización del aborto disuade a los médicos de realizar la práctica cuando es legal”, por lo que el cambio de la legislación es necesario y urgente.
Ratificamos nuestra voluntad de seguir trabajando para que ningún caso de Aborto No Punible (ANP) sea desatendido, dilatado, obstaculizado o negado impunemente, a la vez que bregamos por la despenalización y legalización del aborto para que todas las mujeres puedan ejercer el derecho a decidir la interrupción del embarazo durante las primeras doce primeras semanas del proceso gestacional.
Denunciamos que se utilizan datos falsos sobre la edad gestacional del embarazo y sobre los riesgos del aborto realizado por profesionales idóneos y en cumplimiento de los requisitos técnicos y las disposiciones legales, con el objetivo de disuadir a la familia que intenta proteger a su hija de los efectos destructivos del ataque padecido.
La continuidad del embarazo prolonga y avala la voluntad omnipotente del violador de imponer el embarazo como castigo. Es pura complicidad en ignorar a la niña como sujeto de derechos y de respeto.
Llamamos:
- Al Sistema de Salud de la provincia de Misiones y al Sistema de Salud Nacional responsables de la protección de su salud y sus derechos a dar respuesta inmediata y efectiva al reclamo de esta joven, revelando la falsedad de los argumentos esgrimidos para disuadir a la niña y su familia.
- A los/las legisladores/as nacionales a dar prioridad al tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación presentado por la Campaña.
Educación sexual para decidir
anticonceptivos para no abortar
aborto legal para no morir
Contactos
- Estela Díaz (La Plata): 0221-5402552
- Claudia Anzorena (Mendoza): 0261-156616491
- Cristina Ércoli (La Pampa): 02954-411536
- Florencia López (Bs.As.): 011-1531962575
- Marta Alanís (Cba.): 0351-155-649981
- Ruth Zurbriggen (Neuquén): 0299-154282357
Argentina, 11 de agosto de 2011
La circunstancia de que en el Código Penal el aborto sea un delito contribuye a que no se realicen los abortos en los casos permitidos como el de la niña violada, porque permite que se genere una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones, dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación. Esta legislación requiere del Ministerio de Salud un instrumento que protocolice su práctica para detener la evasión de responsabilidades de los efectores públicos, sometidos a presiones políticas que los conducen al delito de incumplimiento de su función pública.
Claramente lo ha expresado el Comité de DDHH de la ONU al señalar su preocupación de que “la criminalización del aborto disuade a los médicos de realizar la práctica cuando es legal”, por lo que el cambio de la legislación es necesario y urgente.
Ratificamos nuestra voluntad de seguir trabajando para que ningún caso de Aborto No Punible (ANP) sea desatendido, dilatado, obstaculizado o negado impunemente, a la vez que bregamos por la despenalización y legalización del aborto para que todas las mujeres puedan ejercer el derecho a decidir la interrupción del embarazo durante las primeras doce primeras semanas del proceso gestacional.
Denunciamos que se utilizan datos falsos sobre la edad gestacional del embarazo y sobre los riesgos del aborto realizado por profesionales idóneos y en cumplimiento de los requisitos técnicos y las disposiciones legales, con el objetivo de disuadir a la familia que intenta proteger a su hija de los efectos destructivos del ataque padecido.
La continuidad del embarazo prolonga y avala la voluntad omnipotente del violador de imponer el embarazo como castigo. Es pura complicidad en ignorar a la niña como sujeto de derechos y de respeto.
Llamamos:
- Al Sistema de Salud de la provincia de Misiones y al Sistema de Salud Nacional responsables de la protección de su salud y sus derechos a dar respuesta inmediata y efectiva al reclamo de esta joven, revelando la falsedad de los argumentos esgrimidos para disuadir a la niña y su familia.
- A los/las legisladores/as nacionales a dar prioridad al tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación presentado por la Campaña.
Educación sexual para decidir
anticonceptivos para no abortar
aborto legal para no morir
Contactos
- Estela Díaz (La Plata): 0221-5402552
- Claudia Anzorena (Mendoza): 0261-156616491
- Cristina Ércoli (La Pampa): 02954-411536
- Florencia López (Bs.As.): 011-1531962575
- Marta Alanís (Cba.): 0351-155-649981
- Ruth Zurbriggen (Neuquén): 0299-154282357
Argentina, 11 de agosto de 2011
Un derecho, muchas violaciones
Frente a una niña de 14 años, víctima de violación por parte de una persona
de su familia en la provincia de Misiones, el sistema de salud vuelve a
fallar al no garantizar el derecho al aborto no punible previsto en nuestro
Código Penal.
Para agravar la situación, el sistema de justicia incumple su rol
fundamental de garante de derechos y dilata una decisión para rescatar a la
niña de las sucesivas vulneraciones a sus derechos humanos. Si bien el
Código Penal no requiere (ni podría requerir) la autorización previa de la
justicia para llevar adelante lo que es en esencia una práctica médica, la
falta de intervención del Poder Judicial aumenta el desamparo y la
denegación de justicia para la niña.
Este caso es un nuevo ejemplo de una realidad dramática que se repite en
diversas jurisdicciones del país y que ha sido denunciada por muchas
organizaciones no gubernamentales en distintos foros internacionales. A
pesar de las recomendaciones concretas que ha recibido nuestro país por
parte de organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados
Americanos, el Estado argentino incumple esos mandatos y las mujeres siguen
sufriendo las consecuencias de políticas públicas deficientes que no
sólo esquivan el problema de la violencia en las relaciones interfamiliares,
sino que además no alcanzan a asegurar el acceso a información,
anticoncepción, y píldoras del día después para los casos de embarazo
forzado (entre otros motivos, por situaciones de violencia sexual).
Las organizaciones abajo firmantes exigen al Estado – tanto a nivel nacional
como provincial y municipal- que tomen inmediata intervención en el caso de
esta niña, e impida que se profundice la violación de sus derechos.
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Crisálida Tucumán
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (CLADEM-Argentina)
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Mujeres Autoconvocadas de Trelew
Multisectorial de Mujeres de Santa Fé
Tramas. Derecho en Movimiento (Santa Fe)
Adhiere:
Varones por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Mendoza)
de su familia en la provincia de Misiones, el sistema de salud vuelve a
fallar al no garantizar el derecho al aborto no punible previsto en nuestro
Código Penal.
Para agravar la situación, el sistema de justicia incumple su rol
fundamental de garante de derechos y dilata una decisión para rescatar a la
niña de las sucesivas vulneraciones a sus derechos humanos. Si bien el
Código Penal no requiere (ni podría requerir) la autorización previa de la
justicia para llevar adelante lo que es en esencia una práctica médica, la
falta de intervención del Poder Judicial aumenta el desamparo y la
denegación de justicia para la niña.
Este caso es un nuevo ejemplo de una realidad dramática que se repite en
diversas jurisdicciones del país y que ha sido denunciada por muchas
organizaciones no gubernamentales en distintos foros internacionales. A
pesar de las recomendaciones concretas que ha recibido nuestro país por
parte de organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados
Americanos, el Estado argentino incumple esos mandatos y las mujeres siguen
sufriendo las consecuencias de políticas públicas deficientes que no
sólo esquivan el problema de la violencia en las relaciones interfamiliares,
sino que además no alcanzan a asegurar el acceso a información,
anticoncepción, y píldoras del día después para los casos de embarazo
forzado (entre otros motivos, por situaciones de violencia sexual).
Las organizaciones abajo firmantes exigen al Estado – tanto a nivel nacional
como provincial y municipal- que tomen inmediata intervención en el caso de
esta niña, e impida que se profundice la violación de sus derechos.
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Crisálida Tucumán
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (CLADEM-Argentina)
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Mujeres Autoconvocadas de Trelew
Multisectorial de Mujeres de Santa Fé
Tramas. Derecho en Movimiento (Santa Fe)
Adhiere:
Varones por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Mendoza)
Modelo de militancia
Por Mariana Carbajal
Cada año, casi medio millón de mujeres en la Argentina resuelven interrumpir voluntariamente un embarazo, de acuerdo con estimaciones oficiales. Es una salida extrema ante una gestación no deseada. Es una decisión íntima, privada. Una relación sexual violenta, un método anticonceptivo que no funcionó, la imposibilidad de negociar el uso de un preservativo, una relación de pareja que se esfumó, un descuido. Las razones que llevan a las mujeres a abortar son diversas y variadas. Sería ideal que no existieran. Pero aun en los países con mejores programas de salud sexual y reproductiva, con acceso a métodos y educación sexual integral, los abortos existen porque existen embarazos no deseados. No se debe condenar a una mujer a llevar a término un embarazo impuesto. Lo que está en juego es su proyecto de vida, su futuro. A tal punto que una mujer es capaz de arriesgar su vida para poner fin a un embarazo inconveniente. Las mujeres somos mucho más que una incubadora.
A veces, una mujer –muchas– interrumpen voluntariamente un embarazo para poder ser mejor madre de sus hijos.
Con su campaña antiderechos, Natalia Fassi pretende demonizar a las mujeres que alguna vez abortaron o abortarán. Les falta el respeto. Ninguna mujer aborta alegremente. La modelo se burla, con sus poses trabajadas, de los miles de familiares de las víctimas de abortos inseguros. Alrededor de 2700 mujeres, la mayoría jóvenes y pobres, murieron en el país desde la recuperación democrática como consecuencias de abortos inseguros, según estadísticas oficiales. Una sonda, un tallo de perejil, una curandera que quiso ayudar en la desesperación. Muchas de las víctimas, seguramente, tenían hijos, y quedaron huérfanos. Otras sobrevivieron, pero con el útero perforado, sin ovarios, estériles, incapaces de gestar cuando quisieran. En la región latinoamericana, 22 mil mujeres cada año mueren por causas vinculadas directamente con el aborto porque no tuvieron recursos para acceder a una práctica segura, clandestina, pero segura.
¿Conocerá Fassi el drama del aborto?
“Maldita decisión”, “Recetas asesinas”, “Arroró perdido”, son los títulos de las primeras fotografías de la campaña. De la mano de la diputada evangélica Cynthia Hotton, cercana al vicepresidente Julio Cleto Cobos –fervorosa opositora al matrimonio igualitario–, Fassi no hace más que banalizar un tema serio, que debería discutirse sin golpes bajos ni el sensacionalismo que le imprime la modelo con sus poses sexies, jugando con jeringas y la entrepierna con manchas rojas que emulan sangre, mostrando un embarazo que, según afirma, está casi a término. Ninguna mujer decide un aborto en el noveno mes de embarazo. Fassi miente con esa imagen. El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, establece la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre de gestación.
Podemos suponer que Fassi deseó su embarazo. Y se embarazó cuando quiso. No todas las mujeres pueden planificar el suyo. No acceden a métodos porque en sus provincias las autoridades sanitarias no reparten lo que manda el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable o algunos médicos se los escatiman poniendo sus creencias personales por encima de sus deberes como funcionarios públicos. No reciben información oportuna porque en sus provincias las autoridades educativas –influenciadas por la jerarquía católica local– ponen freno a la llegada de la educación sexual integral a todas las aulas como manda la ley 26.150.
Hoy se inaugurará una muestra privada –con fotos de la campaña– en el Museo de la Biblioteca del Senado de la Nación, donde Hotton le otorgará una distinción a Fassi. Sería importante distinguir entre un show mediático, amarillo, y la necesidad de un debate profundo sin hipocresías en el Congreso sobre un problema que afecta profundamente la vida de las mujeres.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/171421-54497-2011-07-04.html
Cada año, casi medio millón de mujeres en la Argentina resuelven interrumpir voluntariamente un embarazo, de acuerdo con estimaciones oficiales. Es una salida extrema ante una gestación no deseada. Es una decisión íntima, privada. Una relación sexual violenta, un método anticonceptivo que no funcionó, la imposibilidad de negociar el uso de un preservativo, una relación de pareja que se esfumó, un descuido. Las razones que llevan a las mujeres a abortar son diversas y variadas. Sería ideal que no existieran. Pero aun en los países con mejores programas de salud sexual y reproductiva, con acceso a métodos y educación sexual integral, los abortos existen porque existen embarazos no deseados. No se debe condenar a una mujer a llevar a término un embarazo impuesto. Lo que está en juego es su proyecto de vida, su futuro. A tal punto que una mujer es capaz de arriesgar su vida para poner fin a un embarazo inconveniente. Las mujeres somos mucho más que una incubadora.
A veces, una mujer –muchas– interrumpen voluntariamente un embarazo para poder ser mejor madre de sus hijos.
Con su campaña antiderechos, Natalia Fassi pretende demonizar a las mujeres que alguna vez abortaron o abortarán. Les falta el respeto. Ninguna mujer aborta alegremente. La modelo se burla, con sus poses trabajadas, de los miles de familiares de las víctimas de abortos inseguros. Alrededor de 2700 mujeres, la mayoría jóvenes y pobres, murieron en el país desde la recuperación democrática como consecuencias de abortos inseguros, según estadísticas oficiales. Una sonda, un tallo de perejil, una curandera que quiso ayudar en la desesperación. Muchas de las víctimas, seguramente, tenían hijos, y quedaron huérfanos. Otras sobrevivieron, pero con el útero perforado, sin ovarios, estériles, incapaces de gestar cuando quisieran. En la región latinoamericana, 22 mil mujeres cada año mueren por causas vinculadas directamente con el aborto porque no tuvieron recursos para acceder a una práctica segura, clandestina, pero segura.
¿Conocerá Fassi el drama del aborto?
“Maldita decisión”, “Recetas asesinas”, “Arroró perdido”, son los títulos de las primeras fotografías de la campaña. De la mano de la diputada evangélica Cynthia Hotton, cercana al vicepresidente Julio Cleto Cobos –fervorosa opositora al matrimonio igualitario–, Fassi no hace más que banalizar un tema serio, que debería discutirse sin golpes bajos ni el sensacionalismo que le imprime la modelo con sus poses sexies, jugando con jeringas y la entrepierna con manchas rojas que emulan sangre, mostrando un embarazo que, según afirma, está casi a término. Ninguna mujer decide un aborto en el noveno mes de embarazo. Fassi miente con esa imagen. El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, establece la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre de gestación.
Podemos suponer que Fassi deseó su embarazo. Y se embarazó cuando quiso. No todas las mujeres pueden planificar el suyo. No acceden a métodos porque en sus provincias las autoridades sanitarias no reparten lo que manda el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable o algunos médicos se los escatiman poniendo sus creencias personales por encima de sus deberes como funcionarios públicos. No reciben información oportuna porque en sus provincias las autoridades educativas –influenciadas por la jerarquía católica local– ponen freno a la llegada de la educación sexual integral a todas las aulas como manda la ley 26.150.
Hoy se inaugurará una muestra privada –con fotos de la campaña– en el Museo de la Biblioteca del Senado de la Nación, donde Hotton le otorgará una distinción a Fassi. Sería importante distinguir entre un show mediático, amarillo, y la necesidad de un debate profundo sin hipocresías en el Congreso sobre un problema que afecta profundamente la vida de las mujeres.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/171421-54497-2011-07-04.html
Repudio por la Campaña “Maldita decisión”
En los últimos días pudo verse una foto dónde la modelo Natalia Fassi posa “a favor de la vida”, luciendo un embarazo avanzado, con la palabra “Vida” pintada en su panza, dos jeringas presionando su vientre y sangre chorreando por su entrepierna, en una clara condena sensacionalista a la práctica de interrupción voluntaria de un embarazo.
“Estoy muy contenta que una futura mamá haya tomado la decisión de defender la vida de una manera tan creativa, que se haya animado a dar este mensaje tan fuerte para concientizar a las chicas a no pasar por el sufrimiento de un aborto”, dice en su web la diputada nacional Cynthia Hotton, conocida por su oposición a la ley de matrimonio igualitario y al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras políticas de ampliación de derechos.
Esta modalidad de “generar consciencia” no es creativa ni novedosa, sino que se inscribe en las estrategias a las que tradicionalmente recurren los sectores anti-derechos; establecen una falsa antinomia entre mujer madre y mujer que aborta, como si èstas últimas no pudiesen ser madres ya, o desear serlo en un futuro. Todo ésto, acompañado de imágenes sensacionalistas de fetos descuartizados y mujeres ensangrentadas, que poco tienen que ver con las situaciones reales de las mujeres que atraviesan la experiencia de interrumpir un embarazo, al menos cuando éste se realiza en condiciones seguras.
“A través de las imágenes Natalia logra ilustrar lo que, desde Valores para mi País, venimos impulsando, que el aborto es una práctica que perjudica física y psicológicamente a la mujer y le trae consecuencias que en muchos casos son irreversibles”, dice la diputada que representa al conservadurismo religioso en el Congreso Nacional.
La campaña que presenta Fassi, tergiversa la realidad del reclamo por la legalización del aborto, ya que esta práctica no se lleva adelante en un estado avanzado de gestación como el que la modelo representa (tiene 8 meses y medio de gestación real), ni supone de por sí, el sufrimiento físico (ni emocional) que esa imagen intenta transmitir, apelando a la mentira y al miedo, pilares del oscurantismo al que Cynthia Hotton comulga.
El sufrimiento que ésta imagen intenta representar, es en todo caso, el que atraviesan las mujeres que no tienen acceso a un aborto seguro, que recurren a métodos invasivos y de alto riesgo, en etapas avanzadas de la gestación, y que aún en contextos de clandestinidad arriesgan su vida porque SU sufrimiento pasa por seguir adelante con un embarazo que nunca desearon.
Esas mujeres, no necesitan que alguien se arrogue la autoridad moral de bendecir o maldecir su decisión, sino de un Estado que responda por los derechos humanos de las mujeres y arbitre las medidas necesarias para su real acceso a políticas de salud que garanticen su integridad y autonomía.
Y esto sólo se logrará cuando el Congreso Nacional debata y apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y el Estado Nacional garantice su efectivo cumplimiento a lo largo y ancho de nuestro país, para que las mujeres como Natalia Fassi puedan elegir ser madres, y las que deciden no seguir adelante con un embarazo, no mueran en el intento, como sucede diariamente en nuestro país.
varonesxelabortolegal@gmail.com
“Estoy muy contenta que una futura mamá haya tomado la decisión de defender la vida de una manera tan creativa, que se haya animado a dar este mensaje tan fuerte para concientizar a las chicas a no pasar por el sufrimiento de un aborto”, dice en su web la diputada nacional Cynthia Hotton, conocida por su oposición a la ley de matrimonio igualitario y al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras políticas de ampliación de derechos.
Esta modalidad de “generar consciencia” no es creativa ni novedosa, sino que se inscribe en las estrategias a las que tradicionalmente recurren los sectores anti-derechos; establecen una falsa antinomia entre mujer madre y mujer que aborta, como si èstas últimas no pudiesen ser madres ya, o desear serlo en un futuro. Todo ésto, acompañado de imágenes sensacionalistas de fetos descuartizados y mujeres ensangrentadas, que poco tienen que ver con las situaciones reales de las mujeres que atraviesan la experiencia de interrumpir un embarazo, al menos cuando éste se realiza en condiciones seguras.
“A través de las imágenes Natalia logra ilustrar lo que, desde Valores para mi País, venimos impulsando, que el aborto es una práctica que perjudica física y psicológicamente a la mujer y le trae consecuencias que en muchos casos son irreversibles”, dice la diputada que representa al conservadurismo religioso en el Congreso Nacional.
La campaña que presenta Fassi, tergiversa la realidad del reclamo por la legalización del aborto, ya que esta práctica no se lleva adelante en un estado avanzado de gestación como el que la modelo representa (tiene 8 meses y medio de gestación real), ni supone de por sí, el sufrimiento físico (ni emocional) que esa imagen intenta transmitir, apelando a la mentira y al miedo, pilares del oscurantismo al que Cynthia Hotton comulga.
El sufrimiento que ésta imagen intenta representar, es en todo caso, el que atraviesan las mujeres que no tienen acceso a un aborto seguro, que recurren a métodos invasivos y de alto riesgo, en etapas avanzadas de la gestación, y que aún en contextos de clandestinidad arriesgan su vida porque SU sufrimiento pasa por seguir adelante con un embarazo que nunca desearon.
Esas mujeres, no necesitan que alguien se arrogue la autoridad moral de bendecir o maldecir su decisión, sino de un Estado que responda por los derechos humanos de las mujeres y arbitre las medidas necesarias para su real acceso a políticas de salud que garanticen su integridad y autonomía.
Y esto sólo se logrará cuando el Congreso Nacional debata y apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y el Estado Nacional garantice su efectivo cumplimiento a lo largo y ancho de nuestro país, para que las mujeres como Natalia Fassi puedan elegir ser madres, y las que deciden no seguir adelante con un embarazo, no mueran en el intento, como sucede diariamente en nuestro país.
varonesxelabortolegal@gmail.com
http://varonesporelabortolegal.blogspot.com/
Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no morir.
Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no morir.
Un premio bizarro con disfraz de humano
Por Mariana Carbajal
¿Por qué la senadora Liliana Negre de Alonso, una de las voces más conservadoras del Senado, recibió un premio que lleva el nombre de Rosa Parks, destacada figura del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, aquella mujer de tez negra conocida por haberse negado a ceder el asiento a un hombre blanco y moverse a la parte de atrás de un colectivo? Este hecho despertó la curiosidad de la antropóloga norteamericana Lynn Morgan y la llevó a indagar sobre los mecanismos que han desarrollado los grupos “pro vida” de apropiación del discurso de los derechos humanos en Latinoamérica para oponerse a la despenalización y legalización del aborto. De visita en Buenos Aires, donde dio una conferencia, Morgan compartió sus reflexiones en una entrevista con Página/12. “Encontrar a Rosa Parks aquí en la Argentina en un premio a la senadora más conservadora del país, para mí fue sorprendente”, confesó durante la charla.
Morgan es antropóloga feminista. Profesora del Mount Holyoke College, en Massachusetts, se especializa en antropología médica y políticas reproductivas en América latina. Se ha ocupado de temas controversiales y polémicos como el estudio de embriones humanos para tratar de explicar cómo continúan afectando las políticas sobre fetos y los derechos reproductivos en la actualidad. Sus libros Icons of Life. A Cultural History of Human Embryos y Fetal Subjects, Feminists Positions son contribuciones insoslayables para seguir reflexionando sobre estas cuestiones. “Como antropóloga, me interesa ver cómo practicamos los derechos, cómo afectan a nuestra vida cotidiana; estudio la vida social de los derechos”, cuenta en diálogo con este diario, un rato antes de la conferencia que dará en el Centro Cultural Rojas, invitada por la Colectiva de Antropólogas Feministas, en apoyo a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Morgan está escribiendo un nuevo libro. Cada capítulo, adelanta, refiere a una temática distinta sobre derechos sexuales y reproductivos en la región. Uno de ellos está dedicado a analizar la entrega del premio Rosa Parks a la senadora puntana Negre de Alonso, que responde a los hermanos Rodríguez Saá; o dicho en otras palabras, a dilucidar qué se esconde detrás de esa distinción.
–¿Por qué se interesó por ese tema?
–El proyecto comenzó hace un año y medio, cuando me enteré de que a la senadora Negre de Alonso le habían dado el premio Rosa Parks por su trabajo “a favor de los derechos humanos”. En realidad lo recibió por su trabajo en contra de la despenalización del aborto, de la contracepción quirúrgica, de los métodos anticonceptivos. Entonces me pregunté: “¿Cómo se puede entregar un premio así en nombre de Rosa Parks?”.
El premio Rosa Parks lo entrega una asociación civil llamada Defensoría de la Vida Humana, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, alineada con el discurso más conservador de la Iglesia Católica en temas de derechos sexuales y reproductivos, aunque en su página web institucional se define como “no confesional”. Y dice que “promueve la plena vigencia de los derechos humanos”. No aparecen nombres de sus referentes en su sitio en Internet. Simplemente informan que son un grupo de “profesionales de diversas disciplinas”. Pero deja claro su posicionamiento en contra de la legalización del aborto, aunque lo digan con otras palabras: “Hoy, la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos nos convoca a la defensa de la vida de las personas por nacer y a reclamar en foros internacionales el reconocimiento, como crimen de lesa humanidad, de toda acción que lleven adelante gobernantes de cualquier país para promover o favorecer el homicidio prenatal”, dice la organización, en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo. El premio Rosa Parks lo otorgaron también a los tres magistrados de la Suprema Corte Bonaerense que en 2006 votaron en contra de avalar un aborto no punible solicitado por L.M.R., la adolescente con discapacidad mental que había quedado embarazada producto de un abuso sexual. Por los obstáculos que la Justicia puso a L.M.R. en su reclamo, el Estado argentino acaba de recibir una condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU. También distinguieron al ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, luego de su veto a la ley que despenalizó el aborto en el país vecino.
Morgan cuenta que no podía salir de su asombro al enterarse de la existencia de la distinción: “Rosa Park fue una figura muy conocida en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, se hizo famosa por no haber cedido su asiento en un autobús en 1955. Trabajó mucho con Martin Luther King, por los derechos de las personas negras. Murió en 2005. Ha sido siempre una figura muy reconocida por su valentía, por su dignidad, por su coraje moral. Encontrar a Rosa Park aquí en la Argentina, en ese campo, en un premio a la senadora más conservadora del país, para mí fue sorprendente”.
–¿Cómo siguió su trabajo?
–Empecé a leer cómo están usando el discurso de los derechos humanos con relación a los derechos sexuales y reproductivos, y me di cuenta de que hay sectores contrarios a la legalización del aborto que quieren apropiarse de la idea de derechos humanos, dándole un sentido a su gusto. Están hablando de tres cosas: derechos naturales, que son derechos divinos, que vienen directamente de Dios supuestamente; derechos de los padres de familia, para oponerse a la educación sexual en las escuelas públicas; y de los derechos de los fetos.
En su investigación, Morgan encontró en Estados Unidos a dos profesores de Derecho que han escrito artículos con este encuadre y hablan sobre todo de América latina. Ellos son Mary Ann Glendon, profesora de Derecho de Harvard, quien fuera embajadora de Estados Unidos en el Vaticano durante el último gobierno del ex presidente George Bush (h), y Paolo Carroza, de la Universidad de Nôtre Dame, y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
–¿Qué encontró en sus artículos?
–No son especialistas en América latina, pero están proponiendo una historia plenamente latinoamericana de los derechos humanos, haciendo referencia a Bartolomé de las Casas (religioso español, defensor de los derechos de los indígenas durante la conquista de América), y olvidando toda la historia del movimiento de derechos humanos a partir de la dictadura militar en la Argentina. Este punto no lo mencionan. Lo qué si mencionan es a un diplomático chileno que se llama Hernán Santa Cruz Barceló, que trabajó en los años ’40 con Eleanor Roosevelt para escribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Santa Cruz Barceló propuso añadirle una frase que decía que las personas con enfermedades mentales y los no nacidos tenían derecho a la vida. No fue incluido finalmente. Estos dos profesores de Derecho, haciendo referencia a Bartolomé de las Casas y a Santa Cruz Barceló, dicen que hay una historia en América latina de lo que son los derechos humanos y es una visión muy consistente con la que tiene el Vaticano. Sus textos en inglés se publican en español. Están escribiendo sobre este tema desde 2003.
–¿Están reescribiendo la historia?
–Sí, pero de una forma muy sofisticada, muy sutil. Dicen que los latinoamericanos han sido conocidos por las violaciones de los derechos humanos, pero que se debe conocer que hay una historia diferente, más linda. Y que se debe incluir en los argumentos de oposición la despenalización del aborto.
Frente a esta apropiación del discurso de los derechos humanos, Morgan es partidaria de “hablar de justicia reproductiva”. “No tenemos que centrarnos en los derechos sexuales y reproductivos sino dar una visión más amplia”, dice. A su entender, esta estrategia de los grupos “anti-derechos” tiene que ver con que “ha sido muy exitoso el movimiento de derechos sexuales, entre ellos la sanción del matrimonio igualitario”. “Hay represalias que llegan en forma de la cooptación del discurso. Tienen su congreso mundial de familias, redes, como hicimos desde el movimiento de mujeres. Un amigo mío, (el investigador argentino) Juan Marco Vaggione, está escribiendo sobre la secularización del discurso de la Iglesia. No sólo es el discurso de los derechos humanos: hablan también de la bioética, biomedicina, recurren a la ciencia para hablar de los derechos del feto. Abren universidades y otorgan becas para formación con su visión. Por eso es importante seguir hablando de la salud de las mujeres. Y del impacto que tiene sobre ellas la penalización del aborto. La criminalización lo hace clandestino y así dañamos la salud de las mujeres.
Fuente:
El 76% de los profesionales médicos cree que debería legalizarse el aborto
Generalistas, ginecólogos y obstetras de hospitales del Neuquén afirman que esto disminuiría las muertes maternas. Además, el 92% asegura que la mujer que decide interrumpir un embarzo no debería ir presa.
Neuquén > Ocho de cada diez profesionales médicos de la provincia se muestran en línea con la despenalización del aborto, un tema que recorre desde hace un tiempo por los pasillos de los principales hospitales neuquinos. Consideran que una ley de estas características contribuiría a disminuir las muertes maternas y que en un futuro el hospital público debería garantizarlo.
Así se desprende de una encuesta realizada a más de 200 ginecólogos/as-obstetras y generalistas de establecimientos hospitalarios de las seis zonas sanitarias, trabajo que fue pionero a nivel nacional. Del estudio también participó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
Entre los resultados más relevantes, también sobresale que el 92% se mostró en desacuerdo ante la consulta de si una mujer que se realizó un aborto debe ir presa, mientras que el 60% opinó lo mismo en relación al médico que lleva adelante la interrupción del embarazo. En tanto, un 24% se ubicó en la vereda de enfrente y contestó que el profesional que ayuda a abortar debería ser penado, entendiendo que quien lo hace busca meramente un fin económico.
Los datos -que pueden encontrarse en http://www.hypermedios.com/aborto/index.php- no son menores teniendo en cuenta que el aborto es la segunda causa de egresos en pacientes por causas obstétricas en la provincia, una tendencia que se mantiene en el mismo nivel durante los últimos años.
“Son indicadores que nos muestran que la mayoría de los médicos está de acuerdo con despenalizar el aborto y que en definitiva la decisión final de interrumpir una gestación es de la mujer”, expresó Mónica Oppezzi, referente del programa Salud Sexual y Reproductiva y a cargo de la investigación, quien agregó que “los resultados fueron positivos por la participación, pero también porque nos muestran que el tema merece una profundización y que es necesario instalarlo en la agenda política”.
Para Oppezzi, además, las conclusiones son a futuro un insumo para los legisladores de cara a trabajar en una ley nacional. Pero en lo inmediato, lo primordial será abordar la problemática con equipos interdisciplinarios en cada uno de los hospitales cabeceras del interior y en los tres de la capital.
Mencionó que en Neuquén no hay denuncias de mujeres ni de profesionales y aclaró que del trabajo se desprendió que existe un uso extendido del Oxaprost -medicamento (antiinflamatorio) que si bien tiene otra utilidad es ampliamente usado en todo el país para producir una interrupción voluntaria del embarazo-, un dato que llamó la atención y que preocupa a las autoridades.
El difícil cambio
La referente de Salud Sexual y Reproductiva de la subsecretaría mencionó que de los egresos de mujeres por causas obstétricas, el aborto ocupa el segundo lugar (el primero es partos) y que en los tres últimos años han fluctuado entre 850 y 930 casos anuales, estimativamente. Aclaró que los establecimientos hospitalarios reciben pacientes por abortos todos los días, pero que dado a que no hay denuncias no se puede establecer si éstos fueron provocados.
Destacó que la provincia es la primera del país que hace una encuesta en todo un sistema de Salud, dado que antes se había hecho sólo en el servicio de Ginecología de un hospital. E hizo saber que la penalización del aborto no evita que los haya. Sin embargo, dijo que se debe avanzar en despenalizaciones progresivas -el anteproyecto más avanzado en Argentina es el que plantea una despenalización hasta el primer trimestre, por forma medicantosa u otra técnica-.
“Las expresiones de los profesionales nos hablan de una provincia donde hay un avance en este tipo de posturas y posicionamientos políticos, lo que no significa que si se despenaliza se hagan fácilmente abortos en los hospitales públicos. Una cosa es lo que la gente piensa y otra es lo que ocurre cuando se enfrenta a la realidad”, subrayó y puso como ejemplo a España, donde se despenalizó y la accesibilidad en los hospitales públicos todavía es dificultosa. Expresó que en este punto intervienen cuestiones valorativas, ciertos miedos y también cuestiones ideológicas.
“Una ley no cambia la cabeza de la gente de la noche a la mañana pero sí abre un nuevo camino, sí instala el tema en otro lugar, sí saca miedos", indicó, para luego concluir que "acá no hablamos de estimaciones o interpretaciones, es lo que la gente piensa”.
El trabajo marca un precedente en la provincia pero a la vez es un espejo a nivel nacional. Ahora será el turno de profundizar la iniciativa y acordar pautas de abordaje con quienes participaron de la investigación para estar preparados por si en el corto, mediano o largo plazo se sanciona una ley que avale el aborto legal.
Neuquén > Ocho de cada diez profesionales médicos de la provincia se muestran en línea con la despenalización del aborto, un tema que recorre desde hace un tiempo por los pasillos de los principales hospitales neuquinos. Consideran que una ley de estas características contribuiría a disminuir las muertes maternas y que en un futuro el hospital público debería garantizarlo.
Así se desprende de una encuesta realizada a más de 200 ginecólogos/as-obstetras y generalistas de establecimientos hospitalarios de las seis zonas sanitarias, trabajo que fue pionero a nivel nacional. Del estudio también participó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
Entre los resultados más relevantes, también sobresale que el 92% se mostró en desacuerdo ante la consulta de si una mujer que se realizó un aborto debe ir presa, mientras que el 60% opinó lo mismo en relación al médico que lleva adelante la interrupción del embarazo. En tanto, un 24% se ubicó en la vereda de enfrente y contestó que el profesional que ayuda a abortar debería ser penado, entendiendo que quien lo hace busca meramente un fin económico.
Los datos -que pueden encontrarse en http://www.hypermedios.com/aborto/index.php- no son menores teniendo en cuenta que el aborto es la segunda causa de egresos en pacientes por causas obstétricas en la provincia, una tendencia que se mantiene en el mismo nivel durante los últimos años.
“Son indicadores que nos muestran que la mayoría de los médicos está de acuerdo con despenalizar el aborto y que en definitiva la decisión final de interrumpir una gestación es de la mujer”, expresó Mónica Oppezzi, referente del programa Salud Sexual y Reproductiva y a cargo de la investigación, quien agregó que “los resultados fueron positivos por la participación, pero también porque nos muestran que el tema merece una profundización y que es necesario instalarlo en la agenda política”.
Para Oppezzi, además, las conclusiones son a futuro un insumo para los legisladores de cara a trabajar en una ley nacional. Pero en lo inmediato, lo primordial será abordar la problemática con equipos interdisciplinarios en cada uno de los hospitales cabeceras del interior y en los tres de la capital.
Mencionó que en Neuquén no hay denuncias de mujeres ni de profesionales y aclaró que del trabajo se desprendió que existe un uso extendido del Oxaprost -medicamento (antiinflamatorio) que si bien tiene otra utilidad es ampliamente usado en todo el país para producir una interrupción voluntaria del embarazo-, un dato que llamó la atención y que preocupa a las autoridades.
El difícil cambio
La referente de Salud Sexual y Reproductiva de la subsecretaría mencionó que de los egresos de mujeres por causas obstétricas, el aborto ocupa el segundo lugar (el primero es partos) y que en los tres últimos años han fluctuado entre 850 y 930 casos anuales, estimativamente. Aclaró que los establecimientos hospitalarios reciben pacientes por abortos todos los días, pero que dado a que no hay denuncias no se puede establecer si éstos fueron provocados.
Destacó que la provincia es la primera del país que hace una encuesta en todo un sistema de Salud, dado que antes se había hecho sólo en el servicio de Ginecología de un hospital. E hizo saber que la penalización del aborto no evita que los haya. Sin embargo, dijo que se debe avanzar en despenalizaciones progresivas -el anteproyecto más avanzado en Argentina es el que plantea una despenalización hasta el primer trimestre, por forma medicantosa u otra técnica-.
“Las expresiones de los profesionales nos hablan de una provincia donde hay un avance en este tipo de posturas y posicionamientos políticos, lo que no significa que si se despenaliza se hagan fácilmente abortos en los hospitales públicos. Una cosa es lo que la gente piensa y otra es lo que ocurre cuando se enfrenta a la realidad”, subrayó y puso como ejemplo a España, donde se despenalizó y la accesibilidad en los hospitales públicos todavía es dificultosa. Expresó que en este punto intervienen cuestiones valorativas, ciertos miedos y también cuestiones ideológicas.
“Una ley no cambia la cabeza de la gente de la noche a la mañana pero sí abre un nuevo camino, sí instala el tema en otro lugar, sí saca miedos", indicó, para luego concluir que "acá no hablamos de estimaciones o interpretaciones, es lo que la gente piensa”.
El trabajo marca un precedente en la provincia pero a la vez es un espejo a nivel nacional. Ahora será el turno de profundizar la iniciativa y acordar pautas de abordaje con quienes participaron de la investigación para estar preparados por si en el corto, mediano o largo plazo se sanciona una ley que avale el aborto legal.
Las prioridades de la Metropolitana
Durante cinco meses, la policía creada por Macri estuvo dedicada a investigar a un médico que hacía abortos. Luego lo detuvo y filmó el procedimiento. Y entregó el tape a un canal. Allí se ve la cara de una paciente. Críticas de una legisladora.
Por Mariana Carbajal
Las prioridades de la Policía Metropolitana quedaron ayer en evidencia. La División de Investigaciones Telemáticas dedicó cinco meses de trabajo de inteligencia para ubicar un consultorio clandestino del barrio de Boedo, donde un médico realizaba abortos, según informó la propia fuerza a través de un comunicado de prensa destacado ayer en su página web. Para darle más espectacularidad a la noticia, la Metropolitana entregó las imágenes del allanamiento a Telefe. La cesión de la filmación fue confirmada a Página/12 por un vocero de la PM. En diálogo con este diario, la diputada porteña María Elena Naddeo cuestionó las prioridades del gobierno porteño y destacó que la penalización del aborto es la que causa la inseguridad a las mujeres y atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. “Las prioridades en política de la Ciudad deberían ser otras, en lugar de perseguir a médicos y a mujeres que necesitan un aborto. Los esfuerzos institucionales deberían estar encauzados hacia despenalizar el aborto, en vez de perseguir a quienes les brindan una solución a mujeres desesperadas, ya que nadie llega a esta instancia alegremente”, consideró Naddeo.
Telefe difundió el operativo en sus distintos noticieros con amplio despliegue. El informe periodístico, armado con las imágenes que dio la PM, mostró el ingreso violento al consultorio de los efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri para combatir la inseguridad ciudadana. Literalmente, abren a las patadas la puerta del departamento, ubicado en Carlos Calvo al 1600. Irrumpen cuando el médico, vestido con su ambo, estaba atendiendo a una mujer. El comunicado de prensa informó que había “una paciente en la camilla a la que estaba por colocarle un suero con medicamentos para practicarle un aborto”. Las imágenes suministradas por la PM ponen en primer plano a la mujer. Una efectiva policial le baja la cabeza, pero su rostro no se ve pixelado. Quien la conoce, la puede identificar fácilmente. Lo que sí se ocuparon de pixelar desde la PM es el brazo de la paciente, con la sonda colocada para el suero. Así protegieron la privacidad de la mujer –se la veía joven–, que ante un embarazo no deseado decidió recurrir a un aborto y por la criminalización de esa práctica en el país cayó en un consultorio clandestino. Con respecto al médico –cuya identidad fue ampliamente difundida por la fuerza–, se preocuparon por cubrir su rostro pixelándolo, pero pusieron especial énfasis en enfocar la cámara para mostrar sus manos esposadas.
La División de Investigaciones Telemáticas de la Metropolitana, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos del médico que practicaba interrupciones voluntarias de embarazo y ofrecía sus servicios a través de Internet. “Una vez recolectadas las pruebas principales, el doctor Martín Zavaleta, de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, autoriza la intervención de los IP de la página de Internet, el blog y las cuentas de correo y también de los celulares para certificar que esta persona realizaba los abortos”, informó el comunicado de prensa de la fuerza. Los IP son la identificación de las computadoras y permiten localizar a su usuario. Uno de los diálogos grabados entre una paciente (o supuesta paciente) y el médico fueron también entregados para su difusión al canal. Telefe lo incluyó en su informe. La voz puede ser fácilmente identificable por quienes conocen a esa mujer. El gobierno porteño expuso así su intimidad: se supone que cursaba un embarazo no deseado y quería interrumpirlo. No había cometido ningún delito.
En el caso tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Gabriela Angana. La causa fue caratulada como ejercicio ilegal de la medicina. Angana ordenó el allanamiento realizado en el consultorio en la mañana del miércoles, unos diez minutos después de la llegada de la paciente, según informó la PM. El médico detenido fue trasladado a la comisaría comunal Nº 12 del barrio de Saavedra y puesto a disposición de la Justicia. La mujer, a un hospital en una ambulancia del SAME, según muestran las imágenes filmadas por la propia fuerza.
En diálogo con Página/12, la diputada Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) destacó que el caso del médico detenido en el barrio de Boedo que ofrecía abortos por Internet ocurre porque “incluso en las circunstancias en que el aborto está permitido por el Código Penal, el sistema de salud no garantiza la realización de un aborto a las mujeres que lo necesiten”. El médico cobraba entre 2500 y 6000 pesos cada intervención, según la edad de la mujer y las posibilidades de pagar que tuviera. La clandestinidad alimenta un suculento negocio. Naddeo recordó el grave impacto sanitario de la penalización del aborto en la Argentina: “En nuestro país se realizan unos 500 mil abortos cada año. La penalización del aborto condena a las mujeres de sectores más vulnerables, que no pueden pagar para realizarse un aborto, a la clandestinidad; a condiciones de falta de higiene e inseguridad sanitaria que en muchos casos las llevan a la muerte”. Desde hace más de treinta años, las consecuencias de los abortos inseguros, realizados con métodos precarios, son la principal causa de mortalidad materna en el país.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169798-2011-06-10.html
Por Mariana Carbajal
Las prioridades de la Policía Metropolitana quedaron ayer en evidencia. La División de Investigaciones Telemáticas dedicó cinco meses de trabajo de inteligencia para ubicar un consultorio clandestino del barrio de Boedo, donde un médico realizaba abortos, según informó la propia fuerza a través de un comunicado de prensa destacado ayer en su página web. Para darle más espectacularidad a la noticia, la Metropolitana entregó las imágenes del allanamiento a Telefe. La cesión de la filmación fue confirmada a Página/12 por un vocero de la PM. En diálogo con este diario, la diputada porteña María Elena Naddeo cuestionó las prioridades del gobierno porteño y destacó que la penalización del aborto es la que causa la inseguridad a las mujeres y atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. “Las prioridades en política de la Ciudad deberían ser otras, en lugar de perseguir a médicos y a mujeres que necesitan un aborto. Los esfuerzos institucionales deberían estar encauzados hacia despenalizar el aborto, en vez de perseguir a quienes les brindan una solución a mujeres desesperadas, ya que nadie llega a esta instancia alegremente”, consideró Naddeo.
Telefe difundió el operativo en sus distintos noticieros con amplio despliegue. El informe periodístico, armado con las imágenes que dio la PM, mostró el ingreso violento al consultorio de los efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri para combatir la inseguridad ciudadana. Literalmente, abren a las patadas la puerta del departamento, ubicado en Carlos Calvo al 1600. Irrumpen cuando el médico, vestido con su ambo, estaba atendiendo a una mujer. El comunicado de prensa informó que había “una paciente en la camilla a la que estaba por colocarle un suero con medicamentos para practicarle un aborto”. Las imágenes suministradas por la PM ponen en primer plano a la mujer. Una efectiva policial le baja la cabeza, pero su rostro no se ve pixelado. Quien la conoce, la puede identificar fácilmente. Lo que sí se ocuparon de pixelar desde la PM es el brazo de la paciente, con la sonda colocada para el suero. Así protegieron la privacidad de la mujer –se la veía joven–, que ante un embarazo no deseado decidió recurrir a un aborto y por la criminalización de esa práctica en el país cayó en un consultorio clandestino. Con respecto al médico –cuya identidad fue ampliamente difundida por la fuerza–, se preocuparon por cubrir su rostro pixelándolo, pero pusieron especial énfasis en enfocar la cámara para mostrar sus manos esposadas.
La División de Investigaciones Telemáticas de la Metropolitana, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos del médico que practicaba interrupciones voluntarias de embarazo y ofrecía sus servicios a través de Internet. “Una vez recolectadas las pruebas principales, el doctor Martín Zavaleta, de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, autoriza la intervención de los IP de la página de Internet, el blog y las cuentas de correo y también de los celulares para certificar que esta persona realizaba los abortos”, informó el comunicado de prensa de la fuerza. Los IP son la identificación de las computadoras y permiten localizar a su usuario. Uno de los diálogos grabados entre una paciente (o supuesta paciente) y el médico fueron también entregados para su difusión al canal. Telefe lo incluyó en su informe. La voz puede ser fácilmente identificable por quienes conocen a esa mujer. El gobierno porteño expuso así su intimidad: se supone que cursaba un embarazo no deseado y quería interrumpirlo. No había cometido ningún delito.
En el caso tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Gabriela Angana. La causa fue caratulada como ejercicio ilegal de la medicina. Angana ordenó el allanamiento realizado en el consultorio en la mañana del miércoles, unos diez minutos después de la llegada de la paciente, según informó la PM. El médico detenido fue trasladado a la comisaría comunal Nº 12 del barrio de Saavedra y puesto a disposición de la Justicia. La mujer, a un hospital en una ambulancia del SAME, según muestran las imágenes filmadas por la propia fuerza.
En diálogo con Página/12, la diputada Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) destacó que el caso del médico detenido en el barrio de Boedo que ofrecía abortos por Internet ocurre porque “incluso en las circunstancias en que el aborto está permitido por el Código Penal, el sistema de salud no garantiza la realización de un aborto a las mujeres que lo necesiten”. El médico cobraba entre 2500 y 6000 pesos cada intervención, según la edad de la mujer y las posibilidades de pagar que tuviera. La clandestinidad alimenta un suculento negocio. Naddeo recordó el grave impacto sanitario de la penalización del aborto en la Argentina: “En nuestro país se realizan unos 500 mil abortos cada año. La penalización del aborto condena a las mujeres de sectores más vulnerables, que no pueden pagar para realizarse un aborto, a la clandestinidad; a condiciones de falta de higiene e inseguridad sanitaria que en muchos casos las llevan a la muerte”. Desde hace más de treinta años, las consecuencias de los abortos inseguros, realizados con métodos precarios, son la principal causa de mortalidad materna en el país.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169798-2011-06-10.html
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
¿Quiénes son esas mujeres?
Por Martha Rosenberg - Publicado en Abril 2011
1. Todos los años, en nuestro país, alrededor de 500.000 mujeres resuelven la crisis subjetiva provocada por un embarazo que no pudieron evitar y que no están en condiciones objetivas o subjetivas de llevar a término, mediante su interrupción voluntaria. Son los embarazos que llamamos no deseados, involuntarios, inesperados, no planificados, inoportunos, insostenibles. Llamémoslos como los llamemos, la constante es el prefijo “in” o el adverbio “no” que niegan su posibilidad de continuar el proceso que los conduciría hasta ser otra cosa que un embarazo. Medio millón de mujeres resuelven por medio del aborto, el conflicto dilemático causado por un embarazo involuntario. Se sustraen así del cumplimiento del mandato social de la maternidad, que la postula como destino naturalizado para toda mujer y para todo embarazo. Corroen con su práctica el ideal de femineidad maternal y socavan la creencia en la redención de la actividad sexual pecaminosa por la santidad de la procreación. Para estas mujeres, lo que se predica desde los púlpitos como “cultura de la muerte”, se revela, por el contrario, como condición de una vida posible para sí mismas y para sus otros más cercanos (las más de las veces, sus hijos o hijas de corta edad).
Las posturas religiosas fundamentalistas construyen un otro simétrico y privilegiado en donde solo existe un proyecto biológico mudo que podría ser el sustrato del proceso de humanización si, y solo si, hubiera un deseo de hijo que acompañe y que infunda en esa realidad biológica un espíritu de continuidad y trascendencia de la propia vida, y del vínculo fecundante del que es resultado.
El deseo del Otro, materializado en el proyecto institucional de la iglesia católica[1] de disciplinar la sexualidad –en particular la de las mujeres – bajo el paraguas de la reproducción, no basta para inspirar efectivamente en cada embarazo, un proyecto de maternidad. Ni hablar del proyecto de paternidad según el supuesto canon de “la familia tipo”, cada vez menos “tipo” y menos abarcada por el artículo “la”.
Cuando en ocasión de un embarazo involuntario, se decide un aborto, surge en acto una conciencia crítica de los modos socialmente codificados de pensamiento y conducta, que subvierte los valores dominantes, ahora en crisis, abriendo espacios de posibilidad a nuevas posiciones subjetivas, en un nomadismo que no solo desplaza a las protagonistas de su situación de subordinación, sino que reformula el paisaje en el que transcurre la acción.[2] En estas transformaciones, que se significan de manera singular, se inscriben tanto valores positivos como negativos, que deberán ser elaborados con los recursos simbólicos disponibles para cada persona y pasarán a formar parte de su biografía, es decir, de su identidad. El “yo aborté” enuncia la asunción de responsabilidad por las propias acciones y detiene el borramiento de la imagen bifronte del poder femenino: dar la vida gestando y pariendo un hijo, o no darla. Este es el poder que está en juego en el derecho al aborto y, por lo tanto, en el control de la reproducción de la especie humana, inescindible de la reproducción de la vida social. La inveterada práctica del aborto, como escena transhistórica del poder femenino, subyace a la espesa capa de silencio y ocultamiento que impone la conservación de la potestad patriarcal misógina sobre las vidas y los cuerpos.
2. Una perspectiva histórica del procesamiento político del derecho al aborto
La primera solicitada del Foro por los Derechos Reproductivos, que publicamos en 1993[3] se titulaba: “ABORTO ¡BASTA DE SILENCIO!” Desde entonces, se ha construido un movimiento, que, con altibajos que no impiden su continuidad, ha horadado ese silencio y enuncia en voz alta y colectivamente la demanda por la legalización y la descriminalización de las mujeres que abortan. Y las articula a las condiciones imprescindibles para la prevención del embarazo involuntario y el aborto: educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar.
Desde la interjección ¡basta! se ha construido una voz colectiva y plural que interviene en la actual escena política.
En su declaración inicial a comienzos de 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito afirma: “La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”.
Aunque ha habido algunas oscilaciones, la mortalidad por gestación no desciende de manera significativa, e incluso ha aumentado en el último registro (2009) a 5,5 por 10.000 nacidos vivos[4]. Desde entonces, 2.500.000 abortos clandestinos han sido vividos por las mujeres, enfrentando la criminalización que las amenaza. Ya han muerto en ese período, a causa de abortos mal realizados, alrededor de 500 mujeres. Esta deuda social, que se sostiene al precio de la libertad, la vida y la salud de todas las mujeres y que las segrega y vulnerabiliza en función de la carencia de recursos económicos y culturales, debe ser pagada. Por eso, la legalización del aborto es una deuda de la democracia[5].
Retomando la realidad del aborto: todos los años, medio millón de mujeres afirman en el acto de abortar, su determinación de dar a sus vidas un sentido propio que resiste los patrones compulsivos de identidad femenina, que instituyen la maternidad como mandato. Contribuyen así –concientemente o no – a) a subvertir la idea del cuerpo femenino al servicio de la reproducción biológica y la crianza de tradición pecuaria y pastoral, b) a instituir el derecho a la maternidad elegida libremente.
Un componente indispensable de la maternidad elegida libremente es que exista la posibilidad del aborto legal y seguro. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo califica éticamente la maternidad asumida. Construye humanidad para las mujeres, para sus hijxs y para toda la sociedad.
La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –movimiento federal y políticamente plural, originado en la tradición feminista de lucha por la autonomía de las mujeres, los Encuentros Nacionales de Mujeres, y en las grandes movilizaciones populares del 2001-2002– se ha hecho cargo de transformar la práctica del aborto, habitualmente ocultada y silenciada, producto de una resistencia individual a imposiciones culturales, en soporte social de un movimiento de reivindicación de los derechos y la dignidad de las mujeres, que abarca muchos más actores sociales que sus protagonistas.
3. No me voy a centrar en la prevención de la práctica del aborto, que es uno de sus objetivos y que forma parte de sus consignas, ni en los aspectos legales, sino que trataré de reflexionar sobre la significación del aborto como síntoma social.
Con frecuencia se reduce a las mujeres a la condición de víctimas de las situaciones que las llevan a esa determinación, olvidando que son protagonistas y agentes de un cambio en las relaciones sociales de género. Desde una posición heterosexual – que es la de la mayoría de las mujeres que recurren al aborto – resisten el concepto de que la sexualidad potencialmente fecunda debe ser validada o pagada con la reproducción. No prestan su cuerpo al concepto de maternidad como sacrificio y destino femenino inexorable. Encuentran una forma de enfrentar un embarazo involuntario y tomar una decisión, que les resulta preferible a una maternidad que no desean o que no pueden asumir.
Ya sea con certeza o con ambivalencia, tomar la decisión de interrumpir un embarazo, nunca es fácil. Y mucho menos en condiciones de clandestinidad y condena social, que equivalen a enfrentar, real e imaginariamente, el riesgo de la propia muerte.
En la decisión de abortar, la vida que está en juego, la que se apuesta, no es la del embrión, que todavía no es sujeto de su vida biológica ni de los vínculos en los que se desarrolla, sino la de la mujer: un sujeto pensante y actuante, encarnado e histórico, con vínculos socio-sexuales y emocionales establecidos y actuales, con funciones sociales, familiares, con proyectos y con pasado propio, que ha decidido que no promoverá a sujeto humano al embrión que porta. No se constituye humanidad sin esta mediación decisiva por el deseo de la madre.
4. La acción de interrumpir un embarazo, que se revela en las estadísticas como persistente y extensamente difundida –500.000 abortos contra 700.000 nacimientos anuales– se podría considerar políticamente irrelevante en relación con las formas políticas convencionales, dado que permanece oculta la mayor parte de las veces en la intimidad de la escena privada. A pesar de que es una decisión de la máxima importancia, su privacidad permite que la acción quede banalizada y replegada en un limbo ético, en el cual evitar las represalias (por medio del secreto y el silencio), impide al mismo tiempo desplegar la plenitud de sus efectos políticos: - Ejerzo soberanía sobre mi vida. No permito que me sometan a planes o designios que no sean míos (el del violador, el de las políticas de salud ineficientes, el de la privación de educación y de educación sexual, el del ejercicio de mi sexualidad en el brete del sometimiento a la función reproductiva.)
En ese sentido, la interrupción voluntaria del embarazo es un acto logrado de sustracción del propio cuerpo a un destino heterónomo. Y tal vez es por eso que las mujeres no se detienen ante la criminalización, como tampoco lo hacen las creyentes católicas, que son una mayoritaria proporción de quienes lo practican aunque sea un pecado grave. Las cifras de abortos en Latinoamérica, el mayor continente católico, son proporcionalmente de las más altas del mundo[6]. Marcela Lagarde, destacada antropóloga feminista mexicana, afirma que para muchas mujeres, es la primera decisión autónoma que toman en su vida. Y que la lucha por el derecho al aborto es la batalla por la humanización de las mujeres. [7]
Este carácter de sustracción del cuerpo femenino al mandato patriarcal es un motivo para la férrea oposición, no sólo en la cúpula eclesiástica, sino de los sectores conservadores que desde el poder tienen que asegurarse el dominio sobre la reproducción social. Una de cuyas bases necesarias es el poder que otorga a las mujeres su capacidad biológica de dar vida, como condición del sostenimiento de las estructuras sociales de reproducción. Reproducción que no es unidimensional: relaciones de género, familia, producción de fuerza de trabajo, distribución de la riqueza, todo se reproduce. Tanto los cuerpos, como las relaciones en las que se construyen.
Para las mujeres el dominio de sus cuerpos, el avasallamiento de sus proyectos por el poder patriarcal, la oscuridad totalitaria, son encarnados hoy, no tanto en los varones singulares, cada vez más sumidos y consumidos en la fuga de la pesada carga de tener y sostener el falo, como en la institución de la Iglesia vaticana y el Estado.
5. Paradójicamente, interrumpir un embarazo, impedir un nacimiento, proyecta un futuro para alguien, cuyo “credo –como dice H. Arendt- consiste en negar los valores positivos vigentes, a los que (todavía) permanece vinculado”[8] (la tradición). Ese alguien es la mujer que toma la decisión de abortar y así funda su futuro: sobreponiéndose a la seducción de consagrar el pasado ancestral como destino. Espera, tiene la esperanza de que ella podrá escapar a la mimesis de la femineidad que la precede, e inventar una nueva forma de habitar su cuerpo y su genealogía, en la que se reconozca y se habilite para cursos de acción individual y propia. Busca la felicidad fuera del estereotipo.
Que el aborto sea un síntoma social, significa que este hecho, comprobable y cuantificable, demanda una interpretación. Desde luego que una interpretación desde los discursos que teorizan lo social, pero aún más, del sujeto (¿la sujeta?) que lo asume como acto propio. Se des-sujeta (podríamos hacer una serie de juegos con esta “a” que se pierde, se desata, se suelta). Y queda disponible para crear otra significación para su vida. No necesariamente una “buena”, pero sí una oportunidad (¿nueva?) para crear una historia propia, aunque no necesariamente llegue a hacerlo. Hay que decir que este es un arduo trabajo y suele requerir un diálogo con interlocutores/as dispuestos/as a facilitar la expresión y reflexión honesta y no a impedirla bajo un discurso culpógeno y pastoral (en el sentido de volverla al redil). Si para muchas es la primera decisión de su vida que las recorta como sujeto, lo mismo puede predicarse de la decisión de maternidad, cuando se desea y se acepta, es decir cuando es decidida con libertad en el contexto de conflicto que habitualmente encuentra o crea la noticia del embarazo, tanto para la mujer, como para su pareja y su descendencia, si las tiene. Esta(s) decisión(es) son siempre performativas: crean una nueva figura en su biografía. Es la figura de alguien que realiza un trabajo de pensamiento, en el que objetiva su situación (diría Simone de Beauvoir) y discierne –opina, (diría H. Arendt) – qué puede elegir mantener y qué puede elegir perder. Pensamiento situado (diría Donna Haraway) que reconoce su parcialidad y declina la ominipotencia de poder realizar todos sus deseos.
Un nacimiento se anuncia. Cuando no es el de un niño o niña, será el de una mujer que le dice no a su determinación por los avatares biológicos de su función reproductiva, ya no más capturada sin remedio por las alternativas de su sexualidad. Tanto la mujer como su entorno tienen que asumir los efectos. Por supuesto que no en el mismo grado, ni de la misma manera que ella. La decisión moviliza las relaciones más íntimas y significativas, públicas y privadas, y mientras se entablan nuevos diálogos, se cierran otros.
6. Cuando el embarazo no deseado (involuntario, inoportuno, inadecuado) es el problema, el aborto es la solución. En muchas culturas, no sólo en el mundo occidental y cristiano (USA; UK; Francia, Italia, España; Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Sudáfrica, etc.) esto está instituido.
Las mujeres ashanti de África Occidental, ven el aborto como un deber si el embarazo ocurre en circunstancias inadecuadas, y son culpadas si no abortan cuando ha habido un error: el compañero, el momento, la falta de consumación de ciertos rituales, obligan al aborto. No es el aborto lo que está mal, sino que se trata de un embarazo equivocado, no viable. Si no lo interrumpen, se sienten culpables y en deuda con la sociedad. En un marco cultural como el nuestro, el aborto crea culpa, y en otro, la elimina. La cultura Wichi no admite hijos ilegítimos: éstos se deben abortar. Lo mismo ocurre con el primer embarazo, cuyo aborto prepara para el próximo, ya sí destinado a completar su desarrollo. En algunas culturas las mujeres abortan cuando pelean con el marido, en otras cuando las abandona. [9]
Vemos que tampoco el aborto tiene un significado universal, más allá de las singularidades individuales: lo que una cultura prohibe, otra lo prescribe.
7. El acontecimiento previo al aborto suele ser una relación sexual en la que existe algún nivel de de-subjetivación, compulsión o coerción. El olvido del método anticonceptivo o la desestimación de la potencia generativa propia o la del partenaire, el sometimiento a la violencia manifiesta, o al maltrato latente auto o heteroinfligido, por ejemplo, no cuidarse el cuerpo y el futuro, la ilusión de que un bebé permita salir de la soledad y la orfandad real o vivenciada, la llegada de la edad madura, los abandonos afectivos, pueden dar lugar a la temida situación de un embarazo inesperado y sintomático.
Todas estas contingencias indican que aunque hubiera circunstancias óptimas de cobertura anticonceptiva que los disminuyan, los embarazos involuntarios ocurren y ocurrirán. Y que por lo tanto, es necesario que el recurso al aborto sea legal, para que, al mismo tiempo que disminuye su práctica, como señalan investigaciones serias[10] con registros durante décadas desde la legalización del aborto en países europeos, sea también seguro y no ponga en peligro la vida y la salud de las mujeres y sus familias.
¿Quién debería hacerse responsable por el costo en vidas de mujeres que mueren por causas evitables en el trance de abortar? Sobre estas “desaparecidas” de la democracia, cuyos derechos humanos no se protegen, no hay responsabilidad establecida. La debilidad de las políticas públicas dirigidas a garantizar la salud y los derechos reproductivos y sexuales, con exiguos presupuestos y escasa voluntad política, no permiten su eficaz funcionamiento. Durante el año 2009 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, contó con un presupuesto de 35 millones de pesos, cuando se estima que el mercado del aborto clandestino en nuestro país mueve alrededor de mil millones de pesos anuales.
En julio de 2010, ante la desmentida del anuncio hecho por la delegación oficial argentina en la CDH de Naciones Unidas, de la firma de la resolución ministerial acerca de la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, la Campaña por el Derecho al Aborto publicó una declaración que decía:
“Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida, tanto de los ciudadanos, como de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte o la enfermedad. Este país y esta democracia tienen una enorme deuda con los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.” (…) “Instamos a no hacer primar en materia de políticas públicas sus definiciones personalísimas por encima de un derecho humano y de ciudadanía de las mujeres; a escuchar el silencioso y paradójicamente ensordecedor ruido de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en este país. Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país, no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía.
No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas.
El derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médic@s y jueces, trabajador@s de la salud, del poder judicial, de la educación, etc.
Quienes niegan el derecho al aborto legal, no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más pobres y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos, de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres los derechos que hoy otorga a algunas su mayor poder adquisitivo.
Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente, habrá que ver si está dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Habrá que ver si su presidenta, sus gobernantes y legisladores/as y su democracia están dispuestos a que los derechos humanos contemplen de una vez por todas las necesidades particulares de las humanas.
Exigimos:
1. Inmediata la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.
2. La aplicación efectiva del Artículo 86, del Código Penal.
3. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.
Argentina, Julio 25 de 2010”
8. La apelación a la vigencia de la ley, indica la presencia de una cultura de los derechos y la ampliación de la democracia política y social. Que el paradigma de los derechos humanos permee todos los discursos tiene efectos evidentes en las demandas políticas del movimiento social de mujeres. Las mujeres de los 60’s y 70’s, cuyas luchas se presentan como modelo de militancia, hablaban de “liberación sexual”. Sin embargo, el término que ha prevalecido y se sostiene en el discurso actual, como resultado de las luchas emancipatorias por la autodeterminación, no es el de “libertad reproductiva”, propio de la política feminista de los años 70’s y 80’s, sino el de “derechos reproductivos” que marca que la sexualidad ha entrado en el espacio de las regulaciones legales que el estado debe garantizar.
9. En julio de 2010, la consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas y en el llamado “interior” ese porcentaje alcanza al 49,9%. Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales[11]. Además de la cuantificación de la opinión pública, se trasunta en esta encuesta la elaboración pública de la información difundida a lo largo de los años de campaña. No es vano que cuando hablamos del derecho al aborto, nos apoyemos en la práctica masiva del procedimiento: es el suelo de transgresión muda del mandato de maternidad por parte de las mujeres de todas las condiciones, la fuerza social en la que se afirma nuestra defensa de estos derechos.
La prohibición resulta ineficaz porque hay un sujeto que resiste –muchas mujeres y cada una – que denuncia que prefiere vivir la condena (social o judicial) por el aborto, que la condena a una maternidad desdichada. Es esta posición subjetiva, sostenida por el cuerpo de las mujeres, por su experiencia histórica, la que ingresará legitimada al código legal cuando se consiga cambiar la ley.
10. La transgresión es fecunda cuando una mujer puede incluirse como sujeto del acto de interrumpir la gestación y reivindicarlo como derecho, incorporarlo a su historia como una decisión posible – que tiene, como toda decisión– consecuencias sobre el curso de su vida.
Incluso poder descartar un aborto, tiene otro valor si no se hace bajo el imperio del miedo a morir, o a la sanción penal. Ciertamente, el derecho diseña sujetos. Por eso, si hablamos de derechos, tenemos que considerar las dos acepciones de este término: como normativa (lo que debe o no debe hacerse, instancia del superyo), y como atributo de ciudadanía que otorga poder para legitimar los actos individuales. Sujeción y poder como efectos inescindibles del discurso legal.
Si el derecho habla del goce y disfrute de algo en tanto es, o puede ser, objeto de apropiación, de posesión, en este caso ese algo (reproducción, sexualidad) es el cuerpo en primera persona, mi cuerpo, la primera posesión de cada sujeto y las relaciones que ese cuerpo contrae con el cuerpo del (los) otro(s), tal como están reguladas en una forma determinada vínculo social. El derecho es siempre relación con otros, construcción cultural cristalizada pero no inmóvil, representación de los intereses y demandas de los diferentes actores sociales que adquiere diferentes formas según el desarrollo histórico de las formas de producción y sus correlatos ideológicos[12]. Néstor Braunstein menciona el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo como distintas formas de apropiación del cuerpo del otro. Curiosamente, omite el patriarcado, que es el orden que atraviesa a todos los mencionados.
El derecho es el discurso que regula las restricciones impuestas al goce de los cuerpos: el contrato social. Indica entonces qué es lícito hacer con el cuerpo propio y con el de los demás. Son estas regulaciones las que nos enfrentamos cada vez que nuestras prácticas del cuerpo transgreden las normas establecidas y presionan sobre los límites que éstas han impuesto a nuestro goce, cuando nos “desclasificamos”.
Y es a partir de este des-orden que se produce el concepto de derechos reproductivos y derechos sexuales, que históricamente surge de las luchas de las mujeres por su libertad sexual. Cuando se trata de las mujeres heterosexuales que viven según las normas de las culturas patriarcales, la libertad sexual incluye la libertad reproductiva.
El feminismo de habla inglesa pasó del paradigma de la libertad reproductiva (reproductive freedom), en los mediados del siglo XX, al de los derechos reproductivos (reproductive rights), en un claro deslizamiento semántico que acompañó la institucionalización del acceso a los recursos de anticoncepción hormonal científica. Este avance en la apropiación por parte de las mujeres de los conocimientos tecnológicos que formaron parte del proyecto de dominio científico de la fertilidad femenina por parte del establishment patriarcal-capitalista-colonial, fue llamado por Geneviève Fraisse “el habeas corpus” de las mujeres. Hay que señalar que para historiadores de la talla de E. Hobsbawm, y teóricos como Norberto Bobbio, fue la única revolución triunfante del siglo XX. “El desarrollo del movimiento feminista cuestiona ‘naturalmente’ las concepciones tradicionales de revolución y despliega la reforma en todos sus grados, desde la más tibia a la más radical, dado que el conflicto de género no puede resolverse en el triunfo de uno de sus términos, porque sería el remedo especular y extremo de la dominación que pretende subvertir. La radicalidad de sus producciones se manifiesta en la erosión del suelo ideológico en el que se sustenta la distinción de género y la producción de nuevas significaciones para los términos iniciales del conflicto.”[13] De eso se trata cuando se reclama el derecho al aborto, demanda radical en el sentido que conceptualizan C. Marx y Agnès Heller: son las que para poder ser satisfechas requieren un cambio de raíz en los vínculos sociales del sujeto que las formula, y por lo tanto, del sujeto mismo. La mujer sujeto de sus decisiones sobre su maternidad, agente de su biografía, ni determinada biológicamente, ni penada por no gestar un alguien imposible por no tener su consentimiento.
12. Para que el hijo exista, el embrión –ese extraño- debe ser humanizado por el deseo de la mujer, que entonces sí, se vincula como madre con ese ser al que nombra hijo/a, parte del cuerpo propio y al mismo tiempo ajeno. La madre es aquella cuyo deseo hace del embrión/feto una persona. El vínculo no puede ser humanizado desde otro lugar: la bendición de la iglesia solo es eficaz mediatizada por una mujer que la pide y la cree. El deseo del Otro (sea el del genitor, la cultura ambiente del grupo social, el discurso médico de la fisiología sexual y su oferta tecnológica) debe pasar por la instancia de ser incorporado por el yo de la mujer que se asuma madre. Una de las formas del trabajo civilizatorio que prescribe la máxima freudiana “Donde Ello era, el Yo debe advenir.” La elaboración del hecho traumático del embarazo inesperado, cuando tiene éxito, permitiría alojarlo en la trama representacional del yo de la mujer y tomar una decisión sobre su potencialidad para devenir madre, adoptando, o no, ese embarazo.
13. ¿Qué afirma una mujer en el acto de abortar?: “Esto no es un hijo para mí.” Y lo dice en un momento en que ha desarrollado y elaborado el conflicto ético provocado por un embarazo involuntario. La ley penal restrictiva reduce a la insignificancia el deseo y la capacidad ética de las mujeres para decidir sobre sus embarazos: estos siempre deben ser aceptados, es un mandato social que desconoce que existen condiciones en las que las mujeres pueden y desean hacerse cargo de transformar en un hijo un embarazo y que existen condiciones en las que no. Los embarazos involuntarios ocurren en un cuerpo femenino de-subjetivado por causas variables, y con variable peso de la violencia física o simbólica implicada: la coerción directa o indirecta, el apasionamiento sexual irreflexivo, la ignorancia, la violación, la ineficacia de los MAC, las relaciones de poder desfavorables en la negociación del coito y la prevención del embarazo, la variabilidad de los eventos hormonales, la inestabilidad emocional, las carencias materiales. Todas circunstancias en las que el sometimiento a órdenes causales heterónomos, se “castiga” con el embarazo[14]. Se podría decir que el aborto es el rechazo del embarazo como castigo, de la maternidad como destino inexorable, del sacrificio como pauta obligada del comportamiento femenino. Recupera la agencia de la mujer sobre su vida y su sexualidad. Asume responsabilidad por lo que le ha ocurrido y lo que le puede ocurrir. Afirma también que ha tenido relaciones sexuales sin que su objetivo sea la reproducción. La decisión de abortar subraya –a alto costo – la dimensión del derecho al placer sexual y a un proyecto de vida en el que las decisiones sobre la fecundidad sean producto de un proceso de significación deseante y de un juicio ético conciente.
La maternidad por elección, que es la maternidad deseada de las humanas, implica obligatoriamente que esté habilitada la opción de no elegirla. El derecho al aborto es la contraparte lógica de una maternidad elegida y responsable.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.
Fuente: http://www.topia.com.ar/articulos/campañ-nacional-derecho-al-aborto-legal-seguro-y-gratuito
[1] Me refiero específicamente a ella porque es la corporación religiosa que detenta mayor poder político en nuestro país y la interlocutora temida en todas las instancias de gobierno. MR
[2] Rosi Braidotti , Sujetos nómades, Paidós, Buenos Aires, 2000, p.27; p 31.
[3] Poco tiempo antes había aparecido una solicitada de la Comisión por el Derecho al Aborto.
[4] La tragedia de la muerte materna vuelve a ser noticia, dice Mariana Romero[4] en el 2010 “(con una tasa de 5,5 muertes por 10 mil nacidos vivos, superior a la del año anterior de 4,0). En primer lugar, porque el número absoluto de muertes maternas aumentó (a 410), no sólo por las mujeres embarazadas afectadas por la Gripe A H1N1 que fallecieron, sino también por las otras causas. En segundo lugar, porque aún si no se consideran estas muertes de mujeres, la razón de mortalidad materna continúa sin mostrar cambios. Y en tercer lugar porque cuando se sustraen las mujeres fallecidas por enfermedades del sistema respiratorio, la proporción de muertes maternas atribuibles al aborto vuelve a alcanzar los niveles históricos (28 por ciento) y es nuevamente la primera causa de muerte materna, como desde hace tres décadas. (…) a medida que los países amplían las causales para que las mujeres accedan a un aborto legal y seguro, las tasas de mortalidad materna disminuyen.” Mariana Romero, Investigadora del Cedes e integrante del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, Diario Clarín, nov. 2010
[5] En 2011, en el Día de la Mujer, el informe especial de TN es sobre “el aborto como deuda de la democracia”: el lema de
Por Martha Rosenberg - Publicado en Abril 2011
1. Todos los años, en nuestro país, alrededor de 500.000 mujeres resuelven la crisis subjetiva provocada por un embarazo que no pudieron evitar y que no están en condiciones objetivas o subjetivas de llevar a término, mediante su interrupción voluntaria. Son los embarazos que llamamos no deseados, involuntarios, inesperados, no planificados, inoportunos, insostenibles. Llamémoslos como los llamemos, la constante es el prefijo “in” o el adverbio “no” que niegan su posibilidad de continuar el proceso que los conduciría hasta ser otra cosa que un embarazo. Medio millón de mujeres resuelven por medio del aborto, el conflicto dilemático causado por un embarazo involuntario. Se sustraen así del cumplimiento del mandato social de la maternidad, que la postula como destino naturalizado para toda mujer y para todo embarazo. Corroen con su práctica el ideal de femineidad maternal y socavan la creencia en la redención de la actividad sexual pecaminosa por la santidad de la procreación. Para estas mujeres, lo que se predica desde los púlpitos como “cultura de la muerte”, se revela, por el contrario, como condición de una vida posible para sí mismas y para sus otros más cercanos (las más de las veces, sus hijos o hijas de corta edad).
Las posturas religiosas fundamentalistas construyen un otro simétrico y privilegiado en donde solo existe un proyecto biológico mudo que podría ser el sustrato del proceso de humanización si, y solo si, hubiera un deseo de hijo que acompañe y que infunda en esa realidad biológica un espíritu de continuidad y trascendencia de la propia vida, y del vínculo fecundante del que es resultado.
El deseo del Otro, materializado en el proyecto institucional de la iglesia católica[1] de disciplinar la sexualidad –en particular la de las mujeres – bajo el paraguas de la reproducción, no basta para inspirar efectivamente en cada embarazo, un proyecto de maternidad. Ni hablar del proyecto de paternidad según el supuesto canon de “la familia tipo”, cada vez menos “tipo” y menos abarcada por el artículo “la”.
Cuando en ocasión de un embarazo involuntario, se decide un aborto, surge en acto una conciencia crítica de los modos socialmente codificados de pensamiento y conducta, que subvierte los valores dominantes, ahora en crisis, abriendo espacios de posibilidad a nuevas posiciones subjetivas, en un nomadismo que no solo desplaza a las protagonistas de su situación de subordinación, sino que reformula el paisaje en el que transcurre la acción.[2] En estas transformaciones, que se significan de manera singular, se inscriben tanto valores positivos como negativos, que deberán ser elaborados con los recursos simbólicos disponibles para cada persona y pasarán a formar parte de su biografía, es decir, de su identidad. El “yo aborté” enuncia la asunción de responsabilidad por las propias acciones y detiene el borramiento de la imagen bifronte del poder femenino: dar la vida gestando y pariendo un hijo, o no darla. Este es el poder que está en juego en el derecho al aborto y, por lo tanto, en el control de la reproducción de la especie humana, inescindible de la reproducción de la vida social. La inveterada práctica del aborto, como escena transhistórica del poder femenino, subyace a la espesa capa de silencio y ocultamiento que impone la conservación de la potestad patriarcal misógina sobre las vidas y los cuerpos.
2. Una perspectiva histórica del procesamiento político del derecho al aborto
La primera solicitada del Foro por los Derechos Reproductivos, que publicamos en 1993[3] se titulaba: “ABORTO ¡BASTA DE SILENCIO!” Desde entonces, se ha construido un movimiento, que, con altibajos que no impiden su continuidad, ha horadado ese silencio y enuncia en voz alta y colectivamente la demanda por la legalización y la descriminalización de las mujeres que abortan. Y las articula a las condiciones imprescindibles para la prevención del embarazo involuntario y el aborto: educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar.
Desde la interjección ¡basta! se ha construido una voz colectiva y plural que interviene en la actual escena política.
En su declaración inicial a comienzos de 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito afirma: “La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”.
Aunque ha habido algunas oscilaciones, la mortalidad por gestación no desciende de manera significativa, e incluso ha aumentado en el último registro (2009) a 5,5 por 10.000 nacidos vivos[4]. Desde entonces, 2.500.000 abortos clandestinos han sido vividos por las mujeres, enfrentando la criminalización que las amenaza. Ya han muerto en ese período, a causa de abortos mal realizados, alrededor de 500 mujeres. Esta deuda social, que se sostiene al precio de la libertad, la vida y la salud de todas las mujeres y que las segrega y vulnerabiliza en función de la carencia de recursos económicos y culturales, debe ser pagada. Por eso, la legalización del aborto es una deuda de la democracia[5].
Retomando la realidad del aborto: todos los años, medio millón de mujeres afirman en el acto de abortar, su determinación de dar a sus vidas un sentido propio que resiste los patrones compulsivos de identidad femenina, que instituyen la maternidad como mandato. Contribuyen así –concientemente o no – a) a subvertir la idea del cuerpo femenino al servicio de la reproducción biológica y la crianza de tradición pecuaria y pastoral, b) a instituir el derecho a la maternidad elegida libremente.
Un componente indispensable de la maternidad elegida libremente es que exista la posibilidad del aborto legal y seguro. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo califica éticamente la maternidad asumida. Construye humanidad para las mujeres, para sus hijxs y para toda la sociedad.
La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –movimiento federal y políticamente plural, originado en la tradición feminista de lucha por la autonomía de las mujeres, los Encuentros Nacionales de Mujeres, y en las grandes movilizaciones populares del 2001-2002– se ha hecho cargo de transformar la práctica del aborto, habitualmente ocultada y silenciada, producto de una resistencia individual a imposiciones culturales, en soporte social de un movimiento de reivindicación de los derechos y la dignidad de las mujeres, que abarca muchos más actores sociales que sus protagonistas.
3. No me voy a centrar en la prevención de la práctica del aborto, que es uno de sus objetivos y que forma parte de sus consignas, ni en los aspectos legales, sino que trataré de reflexionar sobre la significación del aborto como síntoma social.
Con frecuencia se reduce a las mujeres a la condición de víctimas de las situaciones que las llevan a esa determinación, olvidando que son protagonistas y agentes de un cambio en las relaciones sociales de género. Desde una posición heterosexual – que es la de la mayoría de las mujeres que recurren al aborto – resisten el concepto de que la sexualidad potencialmente fecunda debe ser validada o pagada con la reproducción. No prestan su cuerpo al concepto de maternidad como sacrificio y destino femenino inexorable. Encuentran una forma de enfrentar un embarazo involuntario y tomar una decisión, que les resulta preferible a una maternidad que no desean o que no pueden asumir.
Ya sea con certeza o con ambivalencia, tomar la decisión de interrumpir un embarazo, nunca es fácil. Y mucho menos en condiciones de clandestinidad y condena social, que equivalen a enfrentar, real e imaginariamente, el riesgo de la propia muerte.
En la decisión de abortar, la vida que está en juego, la que se apuesta, no es la del embrión, que todavía no es sujeto de su vida biológica ni de los vínculos en los que se desarrolla, sino la de la mujer: un sujeto pensante y actuante, encarnado e histórico, con vínculos socio-sexuales y emocionales establecidos y actuales, con funciones sociales, familiares, con proyectos y con pasado propio, que ha decidido que no promoverá a sujeto humano al embrión que porta. No se constituye humanidad sin esta mediación decisiva por el deseo de la madre.
4. La acción de interrumpir un embarazo, que se revela en las estadísticas como persistente y extensamente difundida –500.000 abortos contra 700.000 nacimientos anuales– se podría considerar políticamente irrelevante en relación con las formas políticas convencionales, dado que permanece oculta la mayor parte de las veces en la intimidad de la escena privada. A pesar de que es una decisión de la máxima importancia, su privacidad permite que la acción quede banalizada y replegada en un limbo ético, en el cual evitar las represalias (por medio del secreto y el silencio), impide al mismo tiempo desplegar la plenitud de sus efectos políticos: - Ejerzo soberanía sobre mi vida. No permito que me sometan a planes o designios que no sean míos (el del violador, el de las políticas de salud ineficientes, el de la privación de educación y de educación sexual, el del ejercicio de mi sexualidad en el brete del sometimiento a la función reproductiva.)
En ese sentido, la interrupción voluntaria del embarazo es un acto logrado de sustracción del propio cuerpo a un destino heterónomo. Y tal vez es por eso que las mujeres no se detienen ante la criminalización, como tampoco lo hacen las creyentes católicas, que son una mayoritaria proporción de quienes lo practican aunque sea un pecado grave. Las cifras de abortos en Latinoamérica, el mayor continente católico, son proporcionalmente de las más altas del mundo[6]. Marcela Lagarde, destacada antropóloga feminista mexicana, afirma que para muchas mujeres, es la primera decisión autónoma que toman en su vida. Y que la lucha por el derecho al aborto es la batalla por la humanización de las mujeres. [7]
Este carácter de sustracción del cuerpo femenino al mandato patriarcal es un motivo para la férrea oposición, no sólo en la cúpula eclesiástica, sino de los sectores conservadores que desde el poder tienen que asegurarse el dominio sobre la reproducción social. Una de cuyas bases necesarias es el poder que otorga a las mujeres su capacidad biológica de dar vida, como condición del sostenimiento de las estructuras sociales de reproducción. Reproducción que no es unidimensional: relaciones de género, familia, producción de fuerza de trabajo, distribución de la riqueza, todo se reproduce. Tanto los cuerpos, como las relaciones en las que se construyen.
Para las mujeres el dominio de sus cuerpos, el avasallamiento de sus proyectos por el poder patriarcal, la oscuridad totalitaria, son encarnados hoy, no tanto en los varones singulares, cada vez más sumidos y consumidos en la fuga de la pesada carga de tener y sostener el falo, como en la institución de la Iglesia vaticana y el Estado.
5. Paradójicamente, interrumpir un embarazo, impedir un nacimiento, proyecta un futuro para alguien, cuyo “credo –como dice H. Arendt- consiste en negar los valores positivos vigentes, a los que (todavía) permanece vinculado”[8] (la tradición). Ese alguien es la mujer que toma la decisión de abortar y así funda su futuro: sobreponiéndose a la seducción de consagrar el pasado ancestral como destino. Espera, tiene la esperanza de que ella podrá escapar a la mimesis de la femineidad que la precede, e inventar una nueva forma de habitar su cuerpo y su genealogía, en la que se reconozca y se habilite para cursos de acción individual y propia. Busca la felicidad fuera del estereotipo.
Que el aborto sea un síntoma social, significa que este hecho, comprobable y cuantificable, demanda una interpretación. Desde luego que una interpretación desde los discursos que teorizan lo social, pero aún más, del sujeto (¿la sujeta?) que lo asume como acto propio. Se des-sujeta (podríamos hacer una serie de juegos con esta “a” que se pierde, se desata, se suelta). Y queda disponible para crear otra significación para su vida. No necesariamente una “buena”, pero sí una oportunidad (¿nueva?) para crear una historia propia, aunque no necesariamente llegue a hacerlo. Hay que decir que este es un arduo trabajo y suele requerir un diálogo con interlocutores/as dispuestos/as a facilitar la expresión y reflexión honesta y no a impedirla bajo un discurso culpógeno y pastoral (en el sentido de volverla al redil). Si para muchas es la primera decisión de su vida que las recorta como sujeto, lo mismo puede predicarse de la decisión de maternidad, cuando se desea y se acepta, es decir cuando es decidida con libertad en el contexto de conflicto que habitualmente encuentra o crea la noticia del embarazo, tanto para la mujer, como para su pareja y su descendencia, si las tiene. Esta(s) decisión(es) son siempre performativas: crean una nueva figura en su biografía. Es la figura de alguien que realiza un trabajo de pensamiento, en el que objetiva su situación (diría Simone de Beauvoir) y discierne –opina, (diría H. Arendt) – qué puede elegir mantener y qué puede elegir perder. Pensamiento situado (diría Donna Haraway) que reconoce su parcialidad y declina la ominipotencia de poder realizar todos sus deseos.
Un nacimiento se anuncia. Cuando no es el de un niño o niña, será el de una mujer que le dice no a su determinación por los avatares biológicos de su función reproductiva, ya no más capturada sin remedio por las alternativas de su sexualidad. Tanto la mujer como su entorno tienen que asumir los efectos. Por supuesto que no en el mismo grado, ni de la misma manera que ella. La decisión moviliza las relaciones más íntimas y significativas, públicas y privadas, y mientras se entablan nuevos diálogos, se cierran otros.
6. Cuando el embarazo no deseado (involuntario, inoportuno, inadecuado) es el problema, el aborto es la solución. En muchas culturas, no sólo en el mundo occidental y cristiano (USA; UK; Francia, Italia, España; Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Sudáfrica, etc.) esto está instituido.
Las mujeres ashanti de África Occidental, ven el aborto como un deber si el embarazo ocurre en circunstancias inadecuadas, y son culpadas si no abortan cuando ha habido un error: el compañero, el momento, la falta de consumación de ciertos rituales, obligan al aborto. No es el aborto lo que está mal, sino que se trata de un embarazo equivocado, no viable. Si no lo interrumpen, se sienten culpables y en deuda con la sociedad. En un marco cultural como el nuestro, el aborto crea culpa, y en otro, la elimina. La cultura Wichi no admite hijos ilegítimos: éstos se deben abortar. Lo mismo ocurre con el primer embarazo, cuyo aborto prepara para el próximo, ya sí destinado a completar su desarrollo. En algunas culturas las mujeres abortan cuando pelean con el marido, en otras cuando las abandona. [9]
Vemos que tampoco el aborto tiene un significado universal, más allá de las singularidades individuales: lo que una cultura prohibe, otra lo prescribe.
7. El acontecimiento previo al aborto suele ser una relación sexual en la que existe algún nivel de de-subjetivación, compulsión o coerción. El olvido del método anticonceptivo o la desestimación de la potencia generativa propia o la del partenaire, el sometimiento a la violencia manifiesta, o al maltrato latente auto o heteroinfligido, por ejemplo, no cuidarse el cuerpo y el futuro, la ilusión de que un bebé permita salir de la soledad y la orfandad real o vivenciada, la llegada de la edad madura, los abandonos afectivos, pueden dar lugar a la temida situación de un embarazo inesperado y sintomático.
Todas estas contingencias indican que aunque hubiera circunstancias óptimas de cobertura anticonceptiva que los disminuyan, los embarazos involuntarios ocurren y ocurrirán. Y que por lo tanto, es necesario que el recurso al aborto sea legal, para que, al mismo tiempo que disminuye su práctica, como señalan investigaciones serias[10] con registros durante décadas desde la legalización del aborto en países europeos, sea también seguro y no ponga en peligro la vida y la salud de las mujeres y sus familias.
¿Quién debería hacerse responsable por el costo en vidas de mujeres que mueren por causas evitables en el trance de abortar? Sobre estas “desaparecidas” de la democracia, cuyos derechos humanos no se protegen, no hay responsabilidad establecida. La debilidad de las políticas públicas dirigidas a garantizar la salud y los derechos reproductivos y sexuales, con exiguos presupuestos y escasa voluntad política, no permiten su eficaz funcionamiento. Durante el año 2009 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, contó con un presupuesto de 35 millones de pesos, cuando se estima que el mercado del aborto clandestino en nuestro país mueve alrededor de mil millones de pesos anuales.
En julio de 2010, ante la desmentida del anuncio hecho por la delegación oficial argentina en la CDH de Naciones Unidas, de la firma de la resolución ministerial acerca de la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, la Campaña por el Derecho al Aborto publicó una declaración que decía:
“Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida, tanto de los ciudadanos, como de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte o la enfermedad. Este país y esta democracia tienen una enorme deuda con los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.” (…) “Instamos a no hacer primar en materia de políticas públicas sus definiciones personalísimas por encima de un derecho humano y de ciudadanía de las mujeres; a escuchar el silencioso y paradójicamente ensordecedor ruido de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en este país. Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país, no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía.
No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas.
El derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médic@s y jueces, trabajador@s de la salud, del poder judicial, de la educación, etc.
Quienes niegan el derecho al aborto legal, no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más pobres y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos, de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres los derechos que hoy otorga a algunas su mayor poder adquisitivo.
Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente, habrá que ver si está dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Habrá que ver si su presidenta, sus gobernantes y legisladores/as y su democracia están dispuestos a que los derechos humanos contemplen de una vez por todas las necesidades particulares de las humanas.
Exigimos:
1. Inmediata la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.
2. La aplicación efectiva del Artículo 86, del Código Penal.
3. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.
Argentina, Julio 25 de 2010”
8. La apelación a la vigencia de la ley, indica la presencia de una cultura de los derechos y la ampliación de la democracia política y social. Que el paradigma de los derechos humanos permee todos los discursos tiene efectos evidentes en las demandas políticas del movimiento social de mujeres. Las mujeres de los 60’s y 70’s, cuyas luchas se presentan como modelo de militancia, hablaban de “liberación sexual”. Sin embargo, el término que ha prevalecido y se sostiene en el discurso actual, como resultado de las luchas emancipatorias por la autodeterminación, no es el de “libertad reproductiva”, propio de la política feminista de los años 70’s y 80’s, sino el de “derechos reproductivos” que marca que la sexualidad ha entrado en el espacio de las regulaciones legales que el estado debe garantizar.
9. En julio de 2010, la consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas y en el llamado “interior” ese porcentaje alcanza al 49,9%. Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales[11]. Además de la cuantificación de la opinión pública, se trasunta en esta encuesta la elaboración pública de la información difundida a lo largo de los años de campaña. No es vano que cuando hablamos del derecho al aborto, nos apoyemos en la práctica masiva del procedimiento: es el suelo de transgresión muda del mandato de maternidad por parte de las mujeres de todas las condiciones, la fuerza social en la que se afirma nuestra defensa de estos derechos.
La prohibición resulta ineficaz porque hay un sujeto que resiste –muchas mujeres y cada una – que denuncia que prefiere vivir la condena (social o judicial) por el aborto, que la condena a una maternidad desdichada. Es esta posición subjetiva, sostenida por el cuerpo de las mujeres, por su experiencia histórica, la que ingresará legitimada al código legal cuando se consiga cambiar la ley.
10. La transgresión es fecunda cuando una mujer puede incluirse como sujeto del acto de interrumpir la gestación y reivindicarlo como derecho, incorporarlo a su historia como una decisión posible – que tiene, como toda decisión– consecuencias sobre el curso de su vida.
Incluso poder descartar un aborto, tiene otro valor si no se hace bajo el imperio del miedo a morir, o a la sanción penal. Ciertamente, el derecho diseña sujetos. Por eso, si hablamos de derechos, tenemos que considerar las dos acepciones de este término: como normativa (lo que debe o no debe hacerse, instancia del superyo), y como atributo de ciudadanía que otorga poder para legitimar los actos individuales. Sujeción y poder como efectos inescindibles del discurso legal.
Si el derecho habla del goce y disfrute de algo en tanto es, o puede ser, objeto de apropiación, de posesión, en este caso ese algo (reproducción, sexualidad) es el cuerpo en primera persona, mi cuerpo, la primera posesión de cada sujeto y las relaciones que ese cuerpo contrae con el cuerpo del (los) otro(s), tal como están reguladas en una forma determinada vínculo social. El derecho es siempre relación con otros, construcción cultural cristalizada pero no inmóvil, representación de los intereses y demandas de los diferentes actores sociales que adquiere diferentes formas según el desarrollo histórico de las formas de producción y sus correlatos ideológicos[12]. Néstor Braunstein menciona el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo como distintas formas de apropiación del cuerpo del otro. Curiosamente, omite el patriarcado, que es el orden que atraviesa a todos los mencionados.
El derecho es el discurso que regula las restricciones impuestas al goce de los cuerpos: el contrato social. Indica entonces qué es lícito hacer con el cuerpo propio y con el de los demás. Son estas regulaciones las que nos enfrentamos cada vez que nuestras prácticas del cuerpo transgreden las normas establecidas y presionan sobre los límites que éstas han impuesto a nuestro goce, cuando nos “desclasificamos”.
Y es a partir de este des-orden que se produce el concepto de derechos reproductivos y derechos sexuales, que históricamente surge de las luchas de las mujeres por su libertad sexual. Cuando se trata de las mujeres heterosexuales que viven según las normas de las culturas patriarcales, la libertad sexual incluye la libertad reproductiva.
El feminismo de habla inglesa pasó del paradigma de la libertad reproductiva (reproductive freedom), en los mediados del siglo XX, al de los derechos reproductivos (reproductive rights), en un claro deslizamiento semántico que acompañó la institucionalización del acceso a los recursos de anticoncepción hormonal científica. Este avance en la apropiación por parte de las mujeres de los conocimientos tecnológicos que formaron parte del proyecto de dominio científico de la fertilidad femenina por parte del establishment patriarcal-capitalista-colonial, fue llamado por Geneviève Fraisse “el habeas corpus” de las mujeres. Hay que señalar que para historiadores de la talla de E. Hobsbawm, y teóricos como Norberto Bobbio, fue la única revolución triunfante del siglo XX. “El desarrollo del movimiento feminista cuestiona ‘naturalmente’ las concepciones tradicionales de revolución y despliega la reforma en todos sus grados, desde la más tibia a la más radical, dado que el conflicto de género no puede resolverse en el triunfo de uno de sus términos, porque sería el remedo especular y extremo de la dominación que pretende subvertir. La radicalidad de sus producciones se manifiesta en la erosión del suelo ideológico en el que se sustenta la distinción de género y la producción de nuevas significaciones para los términos iniciales del conflicto.”[13] De eso se trata cuando se reclama el derecho al aborto, demanda radical en el sentido que conceptualizan C. Marx y Agnès Heller: son las que para poder ser satisfechas requieren un cambio de raíz en los vínculos sociales del sujeto que las formula, y por lo tanto, del sujeto mismo. La mujer sujeto de sus decisiones sobre su maternidad, agente de su biografía, ni determinada biológicamente, ni penada por no gestar un alguien imposible por no tener su consentimiento.
12. Para que el hijo exista, el embrión –ese extraño- debe ser humanizado por el deseo de la mujer, que entonces sí, se vincula como madre con ese ser al que nombra hijo/a, parte del cuerpo propio y al mismo tiempo ajeno. La madre es aquella cuyo deseo hace del embrión/feto una persona. El vínculo no puede ser humanizado desde otro lugar: la bendición de la iglesia solo es eficaz mediatizada por una mujer que la pide y la cree. El deseo del Otro (sea el del genitor, la cultura ambiente del grupo social, el discurso médico de la fisiología sexual y su oferta tecnológica) debe pasar por la instancia de ser incorporado por el yo de la mujer que se asuma madre. Una de las formas del trabajo civilizatorio que prescribe la máxima freudiana “Donde Ello era, el Yo debe advenir.” La elaboración del hecho traumático del embarazo inesperado, cuando tiene éxito, permitiría alojarlo en la trama representacional del yo de la mujer y tomar una decisión sobre su potencialidad para devenir madre, adoptando, o no, ese embarazo.
13. ¿Qué afirma una mujer en el acto de abortar?: “Esto no es un hijo para mí.” Y lo dice en un momento en que ha desarrollado y elaborado el conflicto ético provocado por un embarazo involuntario. La ley penal restrictiva reduce a la insignificancia el deseo y la capacidad ética de las mujeres para decidir sobre sus embarazos: estos siempre deben ser aceptados, es un mandato social que desconoce que existen condiciones en las que las mujeres pueden y desean hacerse cargo de transformar en un hijo un embarazo y que existen condiciones en las que no. Los embarazos involuntarios ocurren en un cuerpo femenino de-subjetivado por causas variables, y con variable peso de la violencia física o simbólica implicada: la coerción directa o indirecta, el apasionamiento sexual irreflexivo, la ignorancia, la violación, la ineficacia de los MAC, las relaciones de poder desfavorables en la negociación del coito y la prevención del embarazo, la variabilidad de los eventos hormonales, la inestabilidad emocional, las carencias materiales. Todas circunstancias en las que el sometimiento a órdenes causales heterónomos, se “castiga” con el embarazo[14]. Se podría decir que el aborto es el rechazo del embarazo como castigo, de la maternidad como destino inexorable, del sacrificio como pauta obligada del comportamiento femenino. Recupera la agencia de la mujer sobre su vida y su sexualidad. Asume responsabilidad por lo que le ha ocurrido y lo que le puede ocurrir. Afirma también que ha tenido relaciones sexuales sin que su objetivo sea la reproducción. La decisión de abortar subraya –a alto costo – la dimensión del derecho al placer sexual y a un proyecto de vida en el que las decisiones sobre la fecundidad sean producto de un proceso de significación deseante y de un juicio ético conciente.
La maternidad por elección, que es la maternidad deseada de las humanas, implica obligatoriamente que esté habilitada la opción de no elegirla. El derecho al aborto es la contraparte lógica de una maternidad elegida y responsable.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.
Fuente: http://www.topia.com.ar/articulos/campañ-nacional-derecho-al-aborto-legal-seguro-y-gratuito
[1] Me refiero específicamente a ella porque es la corporación religiosa que detenta mayor poder político en nuestro país y la interlocutora temida en todas las instancias de gobierno. MR
[2] Rosi Braidotti , Sujetos nómades, Paidós, Buenos Aires, 2000, p.27; p 31.
[3] Poco tiempo antes había aparecido una solicitada de la Comisión por el Derecho al Aborto.
[4] La tragedia de la muerte materna vuelve a ser noticia, dice Mariana Romero[4] en el 2010 “(con una tasa de 5,5 muertes por 10 mil nacidos vivos, superior a la del año anterior de 4,0). En primer lugar, porque el número absoluto de muertes maternas aumentó (a 410), no sólo por las mujeres embarazadas afectadas por la Gripe A H1N1 que fallecieron, sino también por las otras causas. En segundo lugar, porque aún si no se consideran estas muertes de mujeres, la razón de mortalidad materna continúa sin mostrar cambios. Y en tercer lugar porque cuando se sustraen las mujeres fallecidas por enfermedades del sistema respiratorio, la proporción de muertes maternas atribuibles al aborto vuelve a alcanzar los niveles históricos (28 por ciento) y es nuevamente la primera causa de muerte materna, como desde hace tres décadas. (…) a medida que los países amplían las causales para que las mujeres accedan a un aborto legal y seguro, las tasas de mortalidad materna disminuyen.” Mariana Romero, Investigadora del Cedes e integrante del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, Diario Clarín, nov. 2010
[5] En 2011, en el Día de la Mujer, el informe especial de TN es sobre “el aborto como deuda de la democracia”: el lema de
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