Adherimos a todas las manifestaciones de reclamo que se vienen produciendo a lo largo y ancho del país, para que la niña, embarazada a consecuencia de una violación por parte de su tío materno, acceda de manera inmediata, segura, confidencial y respetuosa a su derecho a la interrupción de dicho embarazo en el sistema público de salud, tal como lo solicitó ella con el apoyo de su familia.
La circunstancia de que en el Código Penal el aborto sea un delito contribuye a que no se realicen los abortos en los casos permitidos como el de la niña violada, porque permite que se genere una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones, dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación. Esta legislación requiere del Ministerio de Salud un instrumento que protocolice su práctica para detener la evasión de responsabilidades de los efectores públicos, sometidos a presiones políticas que los conducen al delito de incumplimiento de su función pública.
Claramente lo ha expresado el Comité de DDHH de la ONU al señalar su preocupación de que “la criminalización del aborto disuade a los médicos de realizar la práctica cuando es legal”, por lo que el cambio de la legislación es necesario y urgente.
Ratificamos nuestra voluntad de seguir trabajando para que ningún caso de Aborto No Punible (ANP) sea desatendido, dilatado, obstaculizado o negado impunemente, a la vez que bregamos por la despenalización y legalización del aborto para que todas las mujeres puedan ejercer el derecho a decidir la interrupción del embarazo durante las primeras doce primeras semanas del proceso gestacional.
Denunciamos que se utilizan datos falsos sobre la edad gestacional del embarazo y sobre los riesgos del aborto realizado por profesionales idóneos y en cumplimiento de los requisitos técnicos y las disposiciones legales, con el objetivo de disuadir a la familia que intenta proteger a su hija de los efectos destructivos del ataque padecido.
La continuidad del embarazo prolonga y avala la voluntad omnipotente del violador de imponer el embarazo como castigo. Es pura complicidad en ignorar a la niña como sujeto de derechos y de respeto.
Llamamos:
- Al Sistema de Salud de la provincia de Misiones y al Sistema de Salud Nacional responsables de la protección de su salud y sus derechos a dar respuesta inmediata y efectiva al reclamo de esta joven, revelando la falsedad de los argumentos esgrimidos para disuadir a la niña y su familia.
- A los/las legisladores/as nacionales a dar prioridad al tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación presentado por la Campaña.
Educación sexual para decidir
anticonceptivos para no abortar
aborto legal para no morir
Contactos
- Estela Díaz (La Plata): 0221-5402552
- Claudia Anzorena (Mendoza): 0261-156616491
- Cristina Ércoli (La Pampa): 02954-411536
- Florencia López (Bs.As.): 011-1531962575
- Marta Alanís (Cba.): 0351-155-649981
- Ruth Zurbriggen (Neuquén): 0299-154282357
Argentina, 11 de agosto de 2011
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