Fue en el marco del Día interancional de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Compartimos los links para quienes quiran leer las notas. Los medios publican! nosotr@s seguimos luchando!! La legalización se siente cerca !!!
Diario los Andes
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/9/28/agrupaciones-mendocinas-exigieron-para-aborto-legal-596709.asp
Diario on line MDZ
http://www.mdzol.com/mdz/nota/329710-la-despenalizacion-del-aborto-sigue-dividendo-las-opiniones-en-america-latina/
Diario UNO
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2011/09/29/nota283295.html
Entendemos que por cada mujer que aborta en la Argentina hay uno o más varones que como parejas, compañeros, padres, hijos, amigos u otras relaciones afectivas, sufrimos por las consecuencias de la penalización y la clandestinidad del aborto a las que se ven sometidas las mujeres que amamos.
Embarrar la cancha en el debate sobre el aborto
Por Sandra Chaher
El aborto está permitido cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja del Parlamento convocó para el próximo martes a una reunión para debatir los proyectos de ley vinculados al aborto existentes actualmente. Entre ellos, uno presentado recientemente por el titular de esa comisión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, que propone hacer aclaraciones de procedimiento sobre el artículo 86 del Código Penal, que es el que legisla en materia de aborto en la Argentina, pero en una línea más restrictiva incluso que el Código. Similares al de Vega, hay en la comisión otros proyectos de la UCR y del PRO y, desde marzo de 2009, también hay en estudio dos proyectos de legalización del aborto presentados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por Nuevo Encuentro.
Hasta hace dos meses, todo indicaba que el debate en la Cámara Baja giraría en torno a la legalización del aborto. En ese sentido, la Comisión de Legislación Penal realizó desde finales de 2010 dos audiencias públicas con especialistas de organismos internacionales que manifestaron su apoyo a la legalización. Marianne Mollman –integrante de Human Rights Watch y cabeza de equipo de dos investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en la Argentina en 2005 y 2010– y Luz Patricia Mejía –relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)– señalaron el avance en la salud pública y los Derechos Humanos que implicaría el acceso al aborto legal. Luz Mejía además despejó dudas sobre el argumento, sembrado maliciosamente por los sectores conservadores, de que la legalización atentaría contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica): “La legalización del aborto no es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es ‘en general’. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma”, aclaró Mejía.
La propuesta actual de la Comisión de Legislación Penal, de discutir a la par de la legalización del aborto la aclaración de procedimiento del artículo 86 que actualmente lo penaliza, significa un enorme retroceso de las mujeres en el acceso a los Derechos Humanos. El adecuado tratamiento del artículo 86 del Código Penal fue especificado con detalle en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, durante la gestión de Ginés González García, y actualmente vigente en todo el país. La guía señala que el aborto está permitido cuando está en riesgo la salud de la mujer, la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental. También se señala que basta con que un solo profesional de la salud constate la existencia de algunas de las causales de no punibilidad, y especifica: “Cualquier imposición de exigencias adicionales, tales como: autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, períodos y listas de espera y demás trámites que puedan representar una carga para la mujer representarán una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley.” Si esta guía fuera cumplida, no habría sido posible, por ejemplo, el caso que ocurrió en Misiones, en agosto de este año, cuando una niña de 14 años violada posiblemente por un familiar no pudo acceder al aborto no punible por resistencias de las instituciones médicas y judiciales.
Discutir a la par un proyecto cuasiadministrativo –como sería el de reglamentación/aclaración del artículo 86– con otros de ampliación de derechos es mezclar dos temas que sólo tienen en común hablar del aborto pero que apuntan a dos aspectos muy diversos del mismo. Resolver sobre la mejor forma de aplicar el Código es responsabilidad de los poderes ejecutivos nacionales (el Ministerio de Salud con la guía y la importancia de su cumplimiento efectivo) o de los provinciales, que en muchos casos sancionaron Protocolos de Atención de Abortos No Punibles para mejorar el acceso en sus regiones (Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chubut).
En el Parlamento está la posibilidad, desde hace casi dos años, de debatir por primera vez en la historia argentina la posibilidad de que las mujeres accedamos al aborto en forma legal y gratuita a través del sistema de salud. El proyecto de la campaña sumó en su recorrido el apoyo de 50 legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos (FPV, UCR, PS, Libres del Sur, CC, UCR, Proyecto progresista, SUR, GEN, SI, Frente de Todos, Nuevo Encuentro, Peronismo Federal, PRO, Concertación) que proponen una estrategia para reducir drásticamente las 100 muertes aproximadas de mujeres por año debidas a abortos inseguros, casi 3000 desde el retorno de la democracia (mujeres que cuando murieron en la mayoría de los casos dejaron descendencia huérfana).
Virar ahora el debate hacia un procedimiento adecuado sobre los no punibles sería discutir el chiquitaje y hacerle ole a una discusión de trascendencia sobre la ampliación de los derechos y la profundización de la democracia.
El aborto está permitido cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja del Parlamento convocó para el próximo martes a una reunión para debatir los proyectos de ley vinculados al aborto existentes actualmente. Entre ellos, uno presentado recientemente por el titular de esa comisión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, que propone hacer aclaraciones de procedimiento sobre el artículo 86 del Código Penal, que es el que legisla en materia de aborto en la Argentina, pero en una línea más restrictiva incluso que el Código. Similares al de Vega, hay en la comisión otros proyectos de la UCR y del PRO y, desde marzo de 2009, también hay en estudio dos proyectos de legalización del aborto presentados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por Nuevo Encuentro.
Hasta hace dos meses, todo indicaba que el debate en la Cámara Baja giraría en torno a la legalización del aborto. En ese sentido, la Comisión de Legislación Penal realizó desde finales de 2010 dos audiencias públicas con especialistas de organismos internacionales que manifestaron su apoyo a la legalización. Marianne Mollman –integrante de Human Rights Watch y cabeza de equipo de dos investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en la Argentina en 2005 y 2010– y Luz Patricia Mejía –relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)– señalaron el avance en la salud pública y los Derechos Humanos que implicaría el acceso al aborto legal. Luz Mejía además despejó dudas sobre el argumento, sembrado maliciosamente por los sectores conservadores, de que la legalización atentaría contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica): “La legalización del aborto no es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es ‘en general’. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma”, aclaró Mejía.
La propuesta actual de la Comisión de Legislación Penal, de discutir a la par de la legalización del aborto la aclaración de procedimiento del artículo 86 que actualmente lo penaliza, significa un enorme retroceso de las mujeres en el acceso a los Derechos Humanos. El adecuado tratamiento del artículo 86 del Código Penal fue especificado con detalle en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, durante la gestión de Ginés González García, y actualmente vigente en todo el país. La guía señala que el aborto está permitido cuando está en riesgo la salud de la mujer, la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental. También se señala que basta con que un solo profesional de la salud constate la existencia de algunas de las causales de no punibilidad, y especifica: “Cualquier imposición de exigencias adicionales, tales como: autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, períodos y listas de espera y demás trámites que puedan representar una carga para la mujer representarán una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley.” Si esta guía fuera cumplida, no habría sido posible, por ejemplo, el caso que ocurrió en Misiones, en agosto de este año, cuando una niña de 14 años violada posiblemente por un familiar no pudo acceder al aborto no punible por resistencias de las instituciones médicas y judiciales.
Discutir a la par un proyecto cuasiadministrativo –como sería el de reglamentación/aclaración del artículo 86– con otros de ampliación de derechos es mezclar dos temas que sólo tienen en común hablar del aborto pero que apuntan a dos aspectos muy diversos del mismo. Resolver sobre la mejor forma de aplicar el Código es responsabilidad de los poderes ejecutivos nacionales (el Ministerio de Salud con la guía y la importancia de su cumplimiento efectivo) o de los provinciales, que en muchos casos sancionaron Protocolos de Atención de Abortos No Punibles para mejorar el acceso en sus regiones (Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chubut).
En el Parlamento está la posibilidad, desde hace casi dos años, de debatir por primera vez en la historia argentina la posibilidad de que las mujeres accedamos al aborto en forma legal y gratuita a través del sistema de salud. El proyecto de la campaña sumó en su recorrido el apoyo de 50 legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos (FPV, UCR, PS, Libres del Sur, CC, UCR, Proyecto progresista, SUR, GEN, SI, Frente de Todos, Nuevo Encuentro, Peronismo Federal, PRO, Concertación) que proponen una estrategia para reducir drásticamente las 100 muertes aproximadas de mujeres por año debidas a abortos inseguros, casi 3000 desde el retorno de la democracia (mujeres que cuando murieron en la mayoría de los casos dejaron descendencia huérfana).
Virar ahora el debate hacia un procedimiento adecuado sobre los no punibles sería discutir el chiquitaje y hacerle ole a una discusión de trascendencia sobre la ampliación de los derechos y la profundización de la democracia.
La trampa del aborto no punible
Este documento expone los fundamentos por los cuales desde ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género consideramos inadecuados y regresivos los proyectos que se discutirán el próximo 27 de septiembre en la reunión de la Comisión de Derecho Penal de la Cámara de Diputados de la Nación en relación a la regulación del aborto no punible (ANP).
La prohibición del aborto vigente en nuestro país atenta contra diversos derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad sexual y al pleno ejercicio de su autonomía. Es por esa razón que quienes integramos ELA apoyamos aquellas iniciativas que proponen la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los proyectos de ley presentados ante la Cámara de Diputados con el único fin de regular los ANP merecen nuestra crítica . Es un hecho irrefutable que en la actualidad los abortos permitidos por el artículo 86 del Código Penal desde 1922 no se realizan y que, en el mejor de los casos, su realización está precedida por un trámite de autorización judicial que la ley no requiere. Esta situación implica graves responsabilidades para el Estado argentino en virtud de incumplimientos reiterados de los pactos de Derechos Humanos, que han sido señalados por el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso L.R.M. confirma esto, ya que frente a la negativa de las autoridades médicas y judiciales a realizar un ANP, se estableció que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
Los proyectos presentados que buscan la regulación del ANP, lejos están de cumplir con los objetivos que manifiestan. Es por esta razón que receptar en forma favorable cualquiera de las iniciativas presentadas que pretenden exclusivamente reformar el Art. 86 del Código Penal Argentino significaría un retroceso respecto de la situación actual, que de por sí ya es lesiva para los derechos de las mujeres.
Ninguno de los proyectos establece explícitamente que no es necesaria la autorización judicial para la realización de un ANP. Las experiencias de judicialización indican que es necesario aclarar el tema en forma contundente, ya que este es el principal escollo que atraviesan las mujeres al solicitar un ANP ante los servicios de salud. En este sentido consideramos que hubiera sido correcto seguir la técnica legislativa de la ley 26.130, de Contraconcepción Quirúrgica que dispone en su Art. 2 que no es necesaria la autorización judicial. Sin esta aclaración se perpetúa la incertidumbre que obstruye la práctica.
De ninguna manera es adecuado restringir el acceso a un ANP exclusivamente a los casos en los que el embarazo sea causado por un abuso sexual con acceso carnal, tal como propone el Proyecto 7054-D-2010, ya que esto dejaría por fuera de la protección legal a las mujeres que sean abusadas sexualmente sin penetración, por ejemplo por inseminación forzosa.
Obligar a las mujeres víctimas de abusos sexuales a judicializar su caso para poder ejercer su derecho a un ANP resulta lesivo a la intimidad y generaría en las mujeres una revictimización con justificaciones que ofenden a las mujeres tales como evitar denuncias falsas para obtener un aborto. Este tipo de argumentación desconoce la realidad social y el tortuoso camino que deben desandar quienes han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual cuando se judicializa, donde son puestas en el banquillo de las acusadas por un sistema que acepta estándares de prueba que ponen en jaque la dignidad de las mujeres. Realizar esta expropiación del conflicto resulta inaceptable.
Limitar el acceso de los ANP en caso de delitos contra la integridad sexual al cumplimiento de un plazo determinado resulta sumamente lesivo de los derechos de las mujeres, sobre todo que aquellas que se encuentran en mayor probabilidad de ser vulnerabilizadas, como las niñas y las discapacitadas. En la mayoría de estos casos se toma noticia de la existencia de un embarazo cuando este se encuentra en un periodo gestacional avanzado. Por ejemplo en el caso L.R.M se acudió al sistema de salud a las 14,5 semanas. La regulación hoy vigente no impone un límite temporal para la interrupción de los embarazos productos de delitos contra la integridad sexual, y una reforma en ese sentido sería claramente regresiva.
Por otra parte no se aclara que sucede en los casos de niñas o mujeres incapaces, cuando la voluntad de suspender el embarazo de estas colisione con la de sus representantes legales.
Llevar al debate legislativo, tan largamente esperado, estos deficientes proyectos de regulación de los ANP constituye una trampa que debilita el verdadero debate que se debería dar en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Estos proyectos representan un retroceso al restringir aún más las condiciones de acceso al ANP, de modo tal que restringen los derechos de las mujeres hoy vigentes y no contribuyen a solucionar las controversias jurídicas existentes. De aprobarse, estos proyectos vulnerarían el principio de progresividad del derecho internacional de los derechos humanos al cual está sometido nuestro país.
Desde ELA expresamos nuestra profunda preocupación por esta maniobra y convocamos a legisladores y legisladoras a dar un debate que reconozca una ciudadanía plena a las mujeres y niñas que les posibilite ejercer sus derechos en forma efectiva
La prohibición del aborto vigente en nuestro país atenta contra diversos derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad sexual y al pleno ejercicio de su autonomía. Es por esa razón que quienes integramos ELA apoyamos aquellas iniciativas que proponen la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los proyectos de ley presentados ante la Cámara de Diputados con el único fin de regular los ANP merecen nuestra crítica . Es un hecho irrefutable que en la actualidad los abortos permitidos por el artículo 86 del Código Penal desde 1922 no se realizan y que, en el mejor de los casos, su realización está precedida por un trámite de autorización judicial que la ley no requiere. Esta situación implica graves responsabilidades para el Estado argentino en virtud de incumplimientos reiterados de los pactos de Derechos Humanos, que han sido señalados por el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso L.R.M. confirma esto, ya que frente a la negativa de las autoridades médicas y judiciales a realizar un ANP, se estableció que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
Los proyectos presentados que buscan la regulación del ANP, lejos están de cumplir con los objetivos que manifiestan. Es por esta razón que receptar en forma favorable cualquiera de las iniciativas presentadas que pretenden exclusivamente reformar el Art. 86 del Código Penal Argentino significaría un retroceso respecto de la situación actual, que de por sí ya es lesiva para los derechos de las mujeres.
Ninguno de los proyectos establece explícitamente que no es necesaria la autorización judicial para la realización de un ANP. Las experiencias de judicialización indican que es necesario aclarar el tema en forma contundente, ya que este es el principal escollo que atraviesan las mujeres al solicitar un ANP ante los servicios de salud. En este sentido consideramos que hubiera sido correcto seguir la técnica legislativa de la ley 26.130, de Contraconcepción Quirúrgica que dispone en su Art. 2 que no es necesaria la autorización judicial. Sin esta aclaración se perpetúa la incertidumbre que obstruye la práctica.
De ninguna manera es adecuado restringir el acceso a un ANP exclusivamente a los casos en los que el embarazo sea causado por un abuso sexual con acceso carnal, tal como propone el Proyecto 7054-D-2010, ya que esto dejaría por fuera de la protección legal a las mujeres que sean abusadas sexualmente sin penetración, por ejemplo por inseminación forzosa.
Obligar a las mujeres víctimas de abusos sexuales a judicializar su caso para poder ejercer su derecho a un ANP resulta lesivo a la intimidad y generaría en las mujeres una revictimización con justificaciones que ofenden a las mujeres tales como evitar denuncias falsas para obtener un aborto. Este tipo de argumentación desconoce la realidad social y el tortuoso camino que deben desandar quienes han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual cuando se judicializa, donde son puestas en el banquillo de las acusadas por un sistema que acepta estándares de prueba que ponen en jaque la dignidad de las mujeres. Realizar esta expropiación del conflicto resulta inaceptable.
Limitar el acceso de los ANP en caso de delitos contra la integridad sexual al cumplimiento de un plazo determinado resulta sumamente lesivo de los derechos de las mujeres, sobre todo que aquellas que se encuentran en mayor probabilidad de ser vulnerabilizadas, como las niñas y las discapacitadas. En la mayoría de estos casos se toma noticia de la existencia de un embarazo cuando este se encuentra en un periodo gestacional avanzado. Por ejemplo en el caso L.R.M se acudió al sistema de salud a las 14,5 semanas. La regulación hoy vigente no impone un límite temporal para la interrupción de los embarazos productos de delitos contra la integridad sexual, y una reforma en ese sentido sería claramente regresiva.
Por otra parte no se aclara que sucede en los casos de niñas o mujeres incapaces, cuando la voluntad de suspender el embarazo de estas colisione con la de sus representantes legales.
Llevar al debate legislativo, tan largamente esperado, estos deficientes proyectos de regulación de los ANP constituye una trampa que debilita el verdadero debate que se debería dar en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Estos proyectos representan un retroceso al restringir aún más las condiciones de acceso al ANP, de modo tal que restringen los derechos de las mujeres hoy vigentes y no contribuyen a solucionar las controversias jurídicas existentes. De aprobarse, estos proyectos vulnerarían el principio de progresividad del derecho internacional de los derechos humanos al cual está sometido nuestro país.
Desde ELA expresamos nuestra profunda preocupación por esta maniobra y convocamos a legisladores y legisladoras a dar un debate que reconozca una ciudadanía plena a las mujeres y niñas que les posibilite ejercer sus derechos en forma efectiva
“Abortan el debate”
Por Mariana Carbajal
En la Comisión de Legislación Penal hay siete proyectos sobre aborto: dos lo despenalizan y legalizan en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo en algunas circunstancias, y otros cinco iniciativas proponen reglamentar los abortos no punibles, previstos ya en el Código Penal, pero sin allanar su acceso y en algunos casos, incluso, imponiendo mayores restricciones.
El titular de la comisión, Juan Carlos Vega, adelantó que su intención es sacar un dictamen. Si no hay quórum, amenaza con aplicar el artículo 108 del Reglamento de la Cámara, que prevé que luego de dos llamados se puede votar un dictamen, aun cuando no haya la mínima cantidad de diputados requerida. El apuro desconcertó a quienes apoyan el debate para avanzar con la despenalización: temen que la cercanía con las elecciones ponga en una situación incómoda a algunos diputados de provincias donde las jerarquías católicas tienen buena llegada a los gobernadores. Pero también generó el enojo de quienes se oponen a la legalización, como la puntana Ivana Bianchi, del partido de los Rodríguez Saá, porque Vega les había prometido convocar a otras audiencias públicas –como las dos que ya se realizaron– con referentes de iglesias u otras voces que están en contra. Unos y otros sospechan que detrás de tanta premura hay una búsqueda de protagonismo de parte de Vega, cuyo mandato termina en diciembre.
El diputado presentó a fin de agosto un proyecto que reglamenta la atención de los abortos no punibles, pero restringiéndolos todavía más que en la actualidad. “Venimos debatiendo la despenalización con altura y racionalidad. Impulsar el aborto no punible es un franco retroceso y significa abortar el debate. No lo vamos a permitir”, dijo ayer a Página/12 Diana Conti, del Frente para la Victoria.
Vega se había comprometido a convocar a audiencias después de los comicios nacionales. “Se bastardea el tema cuando se debate en campaña electoral”, objetó María Luisa Storani (UCR) a Página/12.
La diputada Cecilia Merchán también rechazó que la discusión se centre en los no punibles: recordó que las especialistas convocadas en las audiencias opinaron que para reducir el número de muertes de mujeres “es necesario legalizar la interrupción voluntaria del embarazo”. La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, consideró que Vega busca poner obstáculos al debate sobre la despenalización del aborto ya que su proyecto “no hace más que plantear restricciones a la legislación vigente acerca de los casos en los que los abortos no son punibles”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/177231-55773-2011-09-21.html
En la Comisión de Legislación Penal hay siete proyectos sobre aborto: dos lo despenalizan y legalizan en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo en algunas circunstancias, y otros cinco iniciativas proponen reglamentar los abortos no punibles, previstos ya en el Código Penal, pero sin allanar su acceso y en algunos casos, incluso, imponiendo mayores restricciones.
El titular de la comisión, Juan Carlos Vega, adelantó que su intención es sacar un dictamen. Si no hay quórum, amenaza con aplicar el artículo 108 del Reglamento de la Cámara, que prevé que luego de dos llamados se puede votar un dictamen, aun cuando no haya la mínima cantidad de diputados requerida. El apuro desconcertó a quienes apoyan el debate para avanzar con la despenalización: temen que la cercanía con las elecciones ponga en una situación incómoda a algunos diputados de provincias donde las jerarquías católicas tienen buena llegada a los gobernadores. Pero también generó el enojo de quienes se oponen a la legalización, como la puntana Ivana Bianchi, del partido de los Rodríguez Saá, porque Vega les había prometido convocar a otras audiencias públicas –como las dos que ya se realizaron– con referentes de iglesias u otras voces que están en contra. Unos y otros sospechan que detrás de tanta premura hay una búsqueda de protagonismo de parte de Vega, cuyo mandato termina en diciembre.
El diputado presentó a fin de agosto un proyecto que reglamenta la atención de los abortos no punibles, pero restringiéndolos todavía más que en la actualidad. “Venimos debatiendo la despenalización con altura y racionalidad. Impulsar el aborto no punible es un franco retroceso y significa abortar el debate. No lo vamos a permitir”, dijo ayer a Página/12 Diana Conti, del Frente para la Victoria.
Vega se había comprometido a convocar a audiencias después de los comicios nacionales. “Se bastardea el tema cuando se debate en campaña electoral”, objetó María Luisa Storani (UCR) a Página/12.
La diputada Cecilia Merchán también rechazó que la discusión se centre en los no punibles: recordó que las especialistas convocadas en las audiencias opinaron que para reducir el número de muertes de mujeres “es necesario legalizar la interrupción voluntaria del embarazo”. La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, consideró que Vega busca poner obstáculos al debate sobre la despenalización del aborto ya que su proyecto “no hace más que plantear restricciones a la legislación vigente acerca de los casos en los que los abortos no son punibles”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/177231-55773-2011-09-21.html
Una Ley para la vida! Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito
Comunicado de Varones por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
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Frente al llamado a reunión de Comisión de Legislación Penal, para el día 27 de septiembre, a debatir diferentes proyectos sobre reformas del artículo 86 del código penal, y sumado a estos el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nos vemos en la necesidad de expresar:
Que abrir un debate legislativo sobre el actual artículo 86 del Código Penal es una clara estrategia política para OBSTACULIZAR el tratamiento de una ley que legalice el aborto en la Argentina. Para hacer cumplir los abortos que actualmente son legales existe la “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación que debe elevarse a rango de Resolución Ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La aplicación de esta Guía es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva.
Que legalizar y despenalizar el aborto, como propone el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es la herramienta más eficaz para respetar la universalidad, la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos, que deben ser garantizados por el Estado. Mientras que el aborto siga siendo clandestino, seguirá representando un peligro de muerte para las mujeres más pobres y menos informadas, y seguirán habiendo muertes evitables por abortos en nuestro país. Este es el compromiso que deben atender nuestros representantes legisladoras/es: el compromiso de debatir una ley de aborto legal que proteja a las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica.
Tal como lo han recomendado representantes de diferentes Organismos Internaciones de Derechos Humanos legalizar el aborto es el único camino para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación.
Como Varones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, renovamos nuestro compromiso con la lucha incansable de las mujeres por conquistar su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Las mujeres y niñas no pueden seguir muriendo mientras otros juegan con los tiempos electorales y maniobras distractivas.
Una vez más exigimos a nuestras y nuestros representantes en el Estado: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir.
Contactos:
Luciano Fabbri (La Plata): 0221 15 5984321
Leandro Ferrón (Mendoza): 0261 15 5261045
Advierten que se obstaculiza el debate sobre el aborto
Frente al estado público que tomó la presentación de un proyecto de ley para modificar el artículo 86 del Código Penal y el llamado a reunión de comisión para debatirlo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, rechazó esta convocatoria que, “de manera manifiesta, obstaculiza el verdadero debate que se debe el Congreso nacional, que es por la despenalización y legalización del aborto”, se informó a AIM .
Advierten que se obstaculiza el tratamiento del proyecto sobre la legalización del aborto.
En un parte de prensa se informó a esta Agencia que “este proyecto en particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento de los abortos que están permitidos”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se advirtió que “modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en este proyecto presentado por el titular de la comisión, Juan Carlos Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual Código no incluye”. Además se señaló que “circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles”.
La realidadDesde la Campaña se recordó que en agosto de 2011 se evidenció, con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto “obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años”.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el ministerio de Salud de la Nación, que debe elevarse a rango de resolución ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía “es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva”.
Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. “No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica, y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo”.
En contraposición a lo expuesto, se explicó que “legalizar y despenalizar el aborto como propone el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación”.
Respetar la universalidadComo han argumentado diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto.
En esa ocasión, la Comisión se comprometió para que este tema se tratara durante 2011. Por esto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperan que “se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la ley de Identidad de Género. Nuestro proyecto de ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años. Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares”.
InvitaciónDesde la Campaña se invita “a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Advierten que se obstaculiza el tratamiento del proyecto sobre la legalización del aborto.
En un parte de prensa se informó a esta Agencia que “este proyecto en particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento de los abortos que están permitidos”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se advirtió que “modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en este proyecto presentado por el titular de la comisión, Juan Carlos Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual Código no incluye”. Además se señaló que “circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles”.
La realidadDesde la Campaña se recordó que en agosto de 2011 se evidenció, con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto “obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años”.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el ministerio de Salud de la Nación, que debe elevarse a rango de resolución ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía “es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva”.
Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. “No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica, y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo”.
En contraposición a lo expuesto, se explicó que “legalizar y despenalizar el aborto como propone el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación”.
Respetar la universalidadComo han argumentado diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto.
En esa ocasión, la Comisión se comprometió para que este tema se tratara durante 2011. Por esto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperan que “se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la ley de Identidad de Género. Nuestro proyecto de ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años. Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares”.
InvitaciónDesde la Campaña se invita “a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
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