Un premio bizarro con disfraz de humano

Por Mariana Carbajal  
¿Por qué la senadora Liliana Negre de Alonso, una de las voces más conservadoras del Senado, recibió un premio que lleva el nombre de Rosa Parks, destacada figura del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, aquella mujer de tez negra conocida por haberse negado a ceder el asiento a un hombre blanco y moverse a la parte de atrás de un colectivo? Este hecho despertó la curiosidad de la antropóloga norteamericana Lynn Morgan y la llevó a indagar sobre los mecanismos que han desarrollado los grupos “pro vida” de apropiación del discurso de los derechos humanos en Latinoamérica para oponerse a la despenalización y legalización del aborto. De visita en Buenos Aires, donde dio una conferencia, Morgan compartió sus reflexiones en una entrevista con Página/12. “Encontrar a Rosa Parks aquí en la Argentina en un premio a la senadora más conservadora del país, para mí fue sorprendente”, confesó durante la charla.
Morgan es antropóloga feminista. Profesora del Mount Holyoke College, en Massachusetts, se especializa en antropología médica y políticas reproductivas en América latina. Se ha ocupado de temas controversiales y polémicos como el estudio de embriones humanos para tratar de explicar cómo continúan afectando las políticas sobre fetos y los derechos reproductivos en la actualidad. Sus libros Icons of Life. A Cultural History of Human Embryos y Fetal Subjects, Feminists Positions son contribuciones insoslayables para seguir reflexionando sobre estas cuestiones. “Como antropóloga, me interesa ver cómo practicamos los derechos, cómo afectan a nuestra vida cotidiana; estudio la vida social de los derechos”, cuenta en diálogo con este diario, un rato antes de la conferencia que dará en el Centro Cultural Rojas, invitada por la Colectiva de Antropólogas Feministas, en apoyo a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Morgan está escribiendo un nuevo libro. Cada capítulo, adelanta, refiere a una temática distinta sobre derechos sexuales y reproductivos en la región. Uno de ellos está dedicado a analizar la entrega del premio Rosa Parks a la senadora puntana Negre de Alonso, que responde a los hermanos Rodríguez Saá; o dicho en otras palabras, a dilucidar qué se esconde detrás de esa distinción.
–¿Por qué se interesó por ese tema?
–El proyecto comenzó hace un año y medio, cuando me enteré de que a la senadora Negre de Alonso le habían dado el premio Rosa Parks por su trabajo “a favor de los derechos humanos”. En realidad lo recibió por su trabajo en contra de la despenalización del aborto, de la contracepción quirúrgica, de los métodos anticonceptivos. Entonces me pregunté: “¿Cómo se puede entregar un premio así en nombre de Rosa Parks?”.
El premio Rosa Parks lo entrega una asociación civil llamada Defensoría de la Vida Humana, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, alineada con el discurso más conservador de la Iglesia Católica en temas de derechos sexuales y reproductivos, aunque en su página web institucional se define como “no confesional”. Y dice que “promueve la plena vigencia de los derechos humanos”. No aparecen nombres de sus referentes en su sitio en Internet. Simplemente informan que son un grupo de “profesionales de diversas disciplinas”. Pero deja claro su posicionamiento en contra de la legalización del aborto, aunque lo digan con otras palabras: “Hoy, la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos nos convoca a la defensa de la vida de las personas por nacer y a reclamar en foros internacionales el reconocimiento, como crimen de lesa humanidad, de toda acción que lleven adelante gobernantes de cualquier país para promover o favorecer el homicidio prenatal”, dice la organización, en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo. El premio Rosa Parks lo otorgaron también a los tres magistrados de la Suprema Corte Bonaerense que en 2006 votaron en contra de avalar un aborto no punible solicitado por L.M.R., la adolescente con discapacidad mental que había quedado embarazada producto de un abuso sexual. Por los obstáculos que la Justicia puso a L.M.R. en su reclamo, el Estado argentino acaba de recibir una condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU. También distinguieron al ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, luego de su veto a la ley que despenalizó el aborto en el país vecino.
Morgan cuenta que no podía salir de su asombro al enterarse de la existencia de la distinción: “Rosa Park fue una figura muy conocida en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, se hizo famosa por no haber cedido su asiento en un autobús en 1955. Trabajó mucho con Martin Luther King, por los derechos de las personas negras. Murió en 2005. Ha sido siempre una figura muy reconocida por su valentía, por su dignidad, por su coraje moral. Encontrar a Rosa Park aquí en la Argentina, en ese campo, en un premio a la senadora más conservadora del país, para mí fue sorprendente”.
–¿Cómo siguió su trabajo?
–Empecé a leer cómo están usando el discurso de los derechos humanos con relación a los derechos sexuales y reproductivos, y me di cuenta de que hay sectores contrarios a la legalización del aborto que quieren apropiarse de la idea de derechos humanos, dándole un sentido a su gusto. Están hablando de tres cosas: derechos naturales, que son derechos divinos, que vienen directamente de Dios supuestamente; derechos de los padres de familia, para oponerse a la educación sexual en las escuelas públicas; y de los derechos de los fetos.
En su investigación, Morgan encontró en Estados Unidos a dos profesores de Derecho que han escrito artículos con este encuadre y hablan sobre todo de América latina. Ellos son Mary Ann Glendon, profesora de Derecho de Harvard, quien fuera embajadora de Estados Unidos en el Vaticano durante el último gobierno del ex presidente George Bush (h), y Paolo Carroza, de la Universidad de Nôtre Dame, y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
–¿Qué encontró en sus artículos?
–No son especialistas en América latina, pero están proponiendo una historia plenamente latinoamericana de los derechos humanos, haciendo referencia a Bartolomé de las Casas (religioso español, defensor de los derechos de los indígenas durante la conquista de América), y olvidando toda la historia del movimiento de derechos humanos a partir de la dictadura militar en la Argentina. Este punto no lo mencionan. Lo qué si mencionan es a un diplomático chileno que se llama Hernán Santa Cruz Barceló, que trabajó en los años ’40 con Eleanor Roosevelt para escribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Santa Cruz Barceló propuso añadirle una frase que decía que las personas con enfermedades mentales y los no nacidos tenían derecho a la vida. No fue incluido finalmente. Estos dos profesores de Derecho, haciendo referencia a Bartolomé de las Casas y a Santa Cruz Barceló, dicen que hay una historia en América latina de lo que son los derechos humanos y es una visión muy consistente con la que tiene el Vaticano. Sus textos en inglés se publican en español. Están escribiendo sobre este tema desde 2003.
–¿Están reescribiendo la historia?
–Sí, pero de una forma muy sofisticada, muy sutil. Dicen que los latinoamericanos han sido conocidos por las violaciones de los derechos humanos, pero que se debe conocer que hay una historia diferente, más linda. Y que se debe incluir en los argumentos de oposición la despenalización del aborto.
Frente a esta apropiación del discurso de los derechos humanos, Morgan es partidaria de “hablar de justicia reproductiva”. “No tenemos que centrarnos en los derechos sexuales y reproductivos sino dar una visión más amplia”, dice. A su entender, esta estrategia de los grupos “anti-derechos” tiene que ver con que “ha sido muy exitoso el movimiento de derechos sexuales, entre ellos la sanción del matrimonio igualitario”. “Hay represalias que llegan en forma de la cooptación del discurso. Tienen su congreso mundial de familias, redes, como hicimos desde el movimiento de mujeres. Un amigo mío, (el investigador argentino) Juan Marco Vaggione, está escribiendo sobre la secularización del discurso de la Iglesia. No sólo es el discurso de los derechos humanos: hablan también de la bioética, biomedicina, recurren a la ciencia para hablar de los derechos del feto. Abren universidades y otorgan becas para formación con su visión. Por eso es importante seguir hablando de la salud de las mujeres. Y del impacto que tiene sobre ellas la penalización del aborto. La criminalización lo hace clandestino y así dañamos la salud de las mujeres.

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El 76% de los profesionales médicos cree que debería legalizarse el aborto

Generalistas, ginecólogos y obstetras de hospitales del Neuquén afirman que esto disminuiría las muertes maternas. Además, el 92% asegura que la mujer que decide interrumpir un embarzo no debería ir presa.

Neuquén > Ocho de cada diez profesionales médicos de la provincia se muestran en línea con la despenalización del aborto, un tema que recorre desde hace un tiempo por los pasillos de los principales hospitales neuquinos. Consideran que una ley de estas características contribuiría a disminuir las muertes maternas y que en un futuro el hospital público debería garantizarlo.

Así se desprende de una encuesta realizada a más de 200 ginecólogos/as-obstetras y generalistas de establecimientos hospitalarios de las seis zonas sanitarias, trabajo que fue pionero a nivel nacional. Del estudio también participó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.

Entre los resultados más relevantes, también sobresale que el 92% se mostró en desacuerdo ante la consulta de si una mujer que se realizó un aborto debe ir presa, mientras que el 60% opinó lo mismo en relación al médico que lleva adelante la interrupción del embarazo. En tanto, un 24% se ubicó en la vereda de enfrente y contestó que el profesional que ayuda a abortar debería ser penado, entendiendo que quien lo hace busca meramente un fin económico.

Los datos -que pueden encontrarse en http://www.hypermedios.com/aborto/index.php- no son menores teniendo en cuenta que el aborto es la segunda causa de egresos en pacientes por causas obstétricas en la provincia, una tendencia que se mantiene en el mismo nivel durante los últimos años.

“Son indicadores que nos muestran que la mayoría de los médicos está de acuerdo con despenalizar el aborto y que en definitiva la decisión final de interrumpir una gestación es de la mujer”, expresó Mónica Oppezzi, referente del programa Salud Sexual y Reproductiva y a cargo de la investigación, quien agregó que “los resultados fueron positivos por la participación, pero también porque nos muestran que el tema merece una profundización y que es necesario instalarlo en la agenda política”.

Para Oppezzi, además, las conclusiones son a futuro un insumo para los legisladores de cara a trabajar en una ley nacional. Pero en lo inmediato, lo primordial será abordar la problemática con equipos interdisciplinarios en cada uno de los hospitales cabeceras del interior y en los tres de la capital.

Mencionó que en Neuquén no hay denuncias de mujeres ni de profesionales y aclaró que del trabajo se desprendió que existe un uso extendido del Oxaprost -medicamento (antiinflamatorio) que si bien tiene otra utilidad es ampliamente usado en todo el país para producir una interrupción voluntaria del embarazo-, un dato que llamó la atención y que preocupa a las autoridades.

El difícil cambio
La referente de Salud Sexual y Reproductiva de la subsecretaría mencionó que de los egresos de mujeres por causas obstétricas, el aborto ocupa el segundo lugar (el primero es partos) y que en los tres últimos años han fluctuado entre 850 y 930 casos anuales, estimativamente. Aclaró que los establecimientos hospitalarios reciben pacientes por abortos todos los días, pero que dado a que no hay denuncias no se puede establecer si éstos fueron provocados.

Destacó que la provincia es la primera del país que hace una encuesta en todo un sistema de Salud, dado que antes se había hecho sólo en el servicio de Ginecología de un hospital. E hizo saber que la penalización del aborto no evita que los haya. Sin embargo, dijo que se debe avanzar en despenalizaciones progresivas -el anteproyecto más avanzado en Argentina es el que plantea una despenalización hasta el primer trimestre, por forma medicantosa u otra técnica-.

“Las expresiones de los profesionales nos hablan de una provincia donde hay un avance en este tipo de posturas y posicionamientos políticos, lo que no significa que si se despenaliza se hagan fácilmente abortos en los hospitales públicos. Una cosa es lo que la gente piensa y otra es lo que ocurre cuando se enfrenta a la realidad”, subrayó y puso como ejemplo a España, donde se despenalizó y la accesibilidad en los hospitales públicos todavía es dificultosa. Expresó que en este punto intervienen cuestiones valorativas, ciertos miedos y también cuestiones ideológicas.

“Una ley no cambia la cabeza de la gente de la noche a la mañana pero sí abre un nuevo camino, sí instala el tema en otro lugar, sí saca miedos", indicó, para luego concluir que "acá no hablamos de estimaciones o interpretaciones, es lo que la gente piensa”.

El trabajo marca un precedente en la provincia pero a la vez es un espejo a nivel nacional. Ahora será el turno de profundizar la iniciativa y acordar pautas de abordaje con quienes participaron de la investigación para estar preparados por si en el corto, mediano o largo plazo se sanciona una ley que avale el aborto legal.

Las prioridades de la Metropolitana

Durante cinco meses, la policía creada por Macri estuvo dedicada a investigar a un médico que hacía abortos. Luego lo detuvo y filmó el procedimiento. Y entregó el tape a un canal. Allí se ve la cara de una paciente. Críticas de una legisladora.

Por Mariana Carbajal

Las prioridades de la Policía Metropolitana quedaron ayer en evidencia. La División de Investigaciones Telemáticas dedicó cinco meses de trabajo de inteligencia para ubicar un consultorio clandestino del barrio de Boedo, donde un médico realizaba abortos, según informó la propia fuerza a través de un comunicado de prensa destacado ayer en su página web. Para darle más espectacularidad a la noticia, la Metropolitana entregó las imágenes del allanamiento a Telefe. La cesión de la filmación fue confirmada a Página/12 por un vocero de la PM. En diálogo con este diario, la diputada porteña María Elena Naddeo cuestionó las prioridades del gobierno porteño y destacó que la penalización del aborto es la que causa la inseguridad a las mujeres y atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. “Las prioridades en política de la Ciudad deberían ser otras, en lugar de perseguir a médicos y a mujeres que necesitan un aborto. Los esfuerzos institucionales deberían estar encauzados hacia despenalizar el aborto, en vez de perseguir a quienes les brindan una solución a mujeres desesperadas, ya que nadie llega a esta instancia alegremente”, consideró Naddeo.

Telefe difundió el operativo en sus distintos noticieros con amplio despliegue. El informe periodístico, armado con las imágenes que dio la PM, mostró el ingreso violento al consultorio de los efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri para combatir la inseguridad ciudadana. Literalmente, abren a las patadas la puerta del departamento, ubicado en Carlos Calvo al 1600. Irrumpen cuando el médico, vestido con su ambo, estaba atendiendo a una mujer. El comunicado de prensa informó que había “una paciente en la camilla a la que estaba por colocarle un suero con medicamentos para practicarle un aborto”. Las imágenes suministradas por la PM ponen en primer plano a la mujer. Una efectiva policial le baja la cabeza, pero su rostro no se ve pixelado. Quien la conoce, la puede identificar fácilmente. Lo que sí se ocuparon de pixelar desde la PM es el brazo de la paciente, con la sonda colocada para el suero. Así protegieron la privacidad de la mujer –se la veía joven–, que ante un embarazo no deseado decidió recurrir a un aborto y por la criminalización de esa práctica en el país cayó en un consultorio clandestino. Con respecto al médico –cuya identidad fue ampliamente difundida por la fuerza–, se preocuparon por cubrir su rostro pixelándolo, pero pusieron especial énfasis en enfocar la cámara para mostrar sus manos esposadas.

La División de Investigaciones Telemáticas de la Metropolitana, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos del médico que practicaba interrupciones voluntarias de embarazo y ofrecía sus servicios a través de Internet. “Una vez recolectadas las pruebas principales, el doctor Martín Zavaleta, de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, autoriza la intervención de los IP de la página de Internet, el blog y las cuentas de correo y también de los celulares para certificar que esta persona realizaba los abortos”, informó el comunicado de prensa de la fuerza. Los IP son la identificación de las computadoras y permiten localizar a su usuario. Uno de los diálogos grabados entre una paciente (o supuesta paciente) y el médico fueron también entregados para su difusión al canal. Telefe lo incluyó en su informe. La voz puede ser fácilmente identificable por quienes conocen a esa mujer. El gobierno porteño expuso así su intimidad: se supone que cursaba un embarazo no deseado y quería interrumpirlo. No había cometido ningún delito.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Gabriela Angana. La causa fue caratulada como ejercicio ilegal de la medicina. Angana ordenó el allanamiento realizado en el consultorio en la mañana del miércoles, unos diez minutos después de la llegada de la paciente, según informó la PM. El médico detenido fue trasladado a la comisaría comunal Nº 12 del barrio de Saavedra y puesto a disposición de la Justicia. La mujer, a un hospital en una ambulancia del SAME, según muestran las imágenes filmadas por la propia fuerza.

En diálogo con Página/12, la diputada Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) destacó que el caso del médico detenido en el barrio de Boedo que ofrecía abortos por Internet ocurre porque “incluso en las circunstancias en que el aborto está permitido por el Código Penal, el sistema de salud no garantiza la realización de un aborto a las mujeres que lo necesiten”. El médico cobraba entre 2500 y 6000 pesos cada intervención, según la edad de la mujer y las posibilidades de pagar que tuviera. La clandestinidad alimenta un suculento negocio. Naddeo recordó el grave impacto sanitario de la penalización del aborto en la Argentina: “En nuestro país se realizan unos 500 mil abortos cada año. La penalización del aborto condena a las mujeres de sectores más vulnerables, que no pueden pagar para realizarse un aborto, a la clandestinidad; a condiciones de falta de higiene e inseguridad sanitaria que en muchos casos las llevan a la muerte”. Desde hace más de treinta años, las consecuencias de los abortos inseguros, realizados con métodos precarios, son la principal causa de mortalidad materna en el país.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169798-2011-06-10.html