Fue en el marco del Día interancional de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Compartimos los links para quienes quiran leer las notas. Los medios publican! nosotr@s seguimos luchando!! La legalización se siente cerca !!!
Diario los Andes
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/9/28/agrupaciones-mendocinas-exigieron-para-aborto-legal-596709.asp
Diario on line MDZ
http://www.mdzol.com/mdz/nota/329710-la-despenalizacion-del-aborto-sigue-dividendo-las-opiniones-en-america-latina/
Diario UNO
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2011/09/29/nota283295.html
Entendemos que por cada mujer que aborta en la Argentina hay uno o más varones que como parejas, compañeros, padres, hijos, amigos u otras relaciones afectivas, sufrimos por las consecuencias de la penalización y la clandestinidad del aborto a las que se ven sometidas las mujeres que amamos.
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Embarrar la cancha en el debate sobre el aborto
Por Sandra Chaher
El aborto está permitido cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja del Parlamento convocó para el próximo martes a una reunión para debatir los proyectos de ley vinculados al aborto existentes actualmente. Entre ellos, uno presentado recientemente por el titular de esa comisión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, que propone hacer aclaraciones de procedimiento sobre el artículo 86 del Código Penal, que es el que legisla en materia de aborto en la Argentina, pero en una línea más restrictiva incluso que el Código. Similares al de Vega, hay en la comisión otros proyectos de la UCR y del PRO y, desde marzo de 2009, también hay en estudio dos proyectos de legalización del aborto presentados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por Nuevo Encuentro.
Hasta hace dos meses, todo indicaba que el debate en la Cámara Baja giraría en torno a la legalización del aborto. En ese sentido, la Comisión de Legislación Penal realizó desde finales de 2010 dos audiencias públicas con especialistas de organismos internacionales que manifestaron su apoyo a la legalización. Marianne Mollman –integrante de Human Rights Watch y cabeza de equipo de dos investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en la Argentina en 2005 y 2010– y Luz Patricia Mejía –relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)– señalaron el avance en la salud pública y los Derechos Humanos que implicaría el acceso al aborto legal. Luz Mejía además despejó dudas sobre el argumento, sembrado maliciosamente por los sectores conservadores, de que la legalización atentaría contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica): “La legalización del aborto no es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es ‘en general’. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma”, aclaró Mejía.
La propuesta actual de la Comisión de Legislación Penal, de discutir a la par de la legalización del aborto la aclaración de procedimiento del artículo 86 que actualmente lo penaliza, significa un enorme retroceso de las mujeres en el acceso a los Derechos Humanos. El adecuado tratamiento del artículo 86 del Código Penal fue especificado con detalle en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, durante la gestión de Ginés González García, y actualmente vigente en todo el país. La guía señala que el aborto está permitido cuando está en riesgo la salud de la mujer, la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental. También se señala que basta con que un solo profesional de la salud constate la existencia de algunas de las causales de no punibilidad, y especifica: “Cualquier imposición de exigencias adicionales, tales como: autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, períodos y listas de espera y demás trámites que puedan representar una carga para la mujer representarán una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley.” Si esta guía fuera cumplida, no habría sido posible, por ejemplo, el caso que ocurrió en Misiones, en agosto de este año, cuando una niña de 14 años violada posiblemente por un familiar no pudo acceder al aborto no punible por resistencias de las instituciones médicas y judiciales.
Discutir a la par un proyecto cuasiadministrativo –como sería el de reglamentación/aclaración del artículo 86– con otros de ampliación de derechos es mezclar dos temas que sólo tienen en común hablar del aborto pero que apuntan a dos aspectos muy diversos del mismo. Resolver sobre la mejor forma de aplicar el Código es responsabilidad de los poderes ejecutivos nacionales (el Ministerio de Salud con la guía y la importancia de su cumplimiento efectivo) o de los provinciales, que en muchos casos sancionaron Protocolos de Atención de Abortos No Punibles para mejorar el acceso en sus regiones (Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chubut).
En el Parlamento está la posibilidad, desde hace casi dos años, de debatir por primera vez en la historia argentina la posibilidad de que las mujeres accedamos al aborto en forma legal y gratuita a través del sistema de salud. El proyecto de la campaña sumó en su recorrido el apoyo de 50 legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos (FPV, UCR, PS, Libres del Sur, CC, UCR, Proyecto progresista, SUR, GEN, SI, Frente de Todos, Nuevo Encuentro, Peronismo Federal, PRO, Concertación) que proponen una estrategia para reducir drásticamente las 100 muertes aproximadas de mujeres por año debidas a abortos inseguros, casi 3000 desde el retorno de la democracia (mujeres que cuando murieron en la mayoría de los casos dejaron descendencia huérfana).
Virar ahora el debate hacia un procedimiento adecuado sobre los no punibles sería discutir el chiquitaje y hacerle ole a una discusión de trascendencia sobre la ampliación de los derechos y la profundización de la democracia.
El aborto está permitido cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja del Parlamento convocó para el próximo martes a una reunión para debatir los proyectos de ley vinculados al aborto existentes actualmente. Entre ellos, uno presentado recientemente por el titular de esa comisión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, que propone hacer aclaraciones de procedimiento sobre el artículo 86 del Código Penal, que es el que legisla en materia de aborto en la Argentina, pero en una línea más restrictiva incluso que el Código. Similares al de Vega, hay en la comisión otros proyectos de la UCR y del PRO y, desde marzo de 2009, también hay en estudio dos proyectos de legalización del aborto presentados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por Nuevo Encuentro.
Hasta hace dos meses, todo indicaba que el debate en la Cámara Baja giraría en torno a la legalización del aborto. En ese sentido, la Comisión de Legislación Penal realizó desde finales de 2010 dos audiencias públicas con especialistas de organismos internacionales que manifestaron su apoyo a la legalización. Marianne Mollman –integrante de Human Rights Watch y cabeza de equipo de dos investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en la Argentina en 2005 y 2010– y Luz Patricia Mejía –relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)– señalaron el avance en la salud pública y los Derechos Humanos que implicaría el acceso al aborto legal. Luz Mejía además despejó dudas sobre el argumento, sembrado maliciosamente por los sectores conservadores, de que la legalización atentaría contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica): “La legalización del aborto no es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es ‘en general’. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma”, aclaró Mejía.
La propuesta actual de la Comisión de Legislación Penal, de discutir a la par de la legalización del aborto la aclaración de procedimiento del artículo 86 que actualmente lo penaliza, significa un enorme retroceso de las mujeres en el acceso a los Derechos Humanos. El adecuado tratamiento del artículo 86 del Código Penal fue especificado con detalle en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, durante la gestión de Ginés González García, y actualmente vigente en todo el país. La guía señala que el aborto está permitido cuando está en riesgo la salud de la mujer, la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo es resultado del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental. También se señala que basta con que un solo profesional de la salud constate la existencia de algunas de las causales de no punibilidad, y especifica: “Cualquier imposición de exigencias adicionales, tales como: autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, períodos y listas de espera y demás trámites que puedan representar una carga para la mujer representarán una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley.” Si esta guía fuera cumplida, no habría sido posible, por ejemplo, el caso que ocurrió en Misiones, en agosto de este año, cuando una niña de 14 años violada posiblemente por un familiar no pudo acceder al aborto no punible por resistencias de las instituciones médicas y judiciales.
Discutir a la par un proyecto cuasiadministrativo –como sería el de reglamentación/aclaración del artículo 86– con otros de ampliación de derechos es mezclar dos temas que sólo tienen en común hablar del aborto pero que apuntan a dos aspectos muy diversos del mismo. Resolver sobre la mejor forma de aplicar el Código es responsabilidad de los poderes ejecutivos nacionales (el Ministerio de Salud con la guía y la importancia de su cumplimiento efectivo) o de los provinciales, que en muchos casos sancionaron Protocolos de Atención de Abortos No Punibles para mejorar el acceso en sus regiones (Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chubut).
En el Parlamento está la posibilidad, desde hace casi dos años, de debatir por primera vez en la historia argentina la posibilidad de que las mujeres accedamos al aborto en forma legal y gratuita a través del sistema de salud. El proyecto de la campaña sumó en su recorrido el apoyo de 50 legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos (FPV, UCR, PS, Libres del Sur, CC, UCR, Proyecto progresista, SUR, GEN, SI, Frente de Todos, Nuevo Encuentro, Peronismo Federal, PRO, Concertación) que proponen una estrategia para reducir drásticamente las 100 muertes aproximadas de mujeres por año debidas a abortos inseguros, casi 3000 desde el retorno de la democracia (mujeres que cuando murieron en la mayoría de los casos dejaron descendencia huérfana).
Virar ahora el debate hacia un procedimiento adecuado sobre los no punibles sería discutir el chiquitaje y hacerle ole a una discusión de trascendencia sobre la ampliación de los derechos y la profundización de la democracia.
Advierten que se obstaculiza el debate sobre el aborto
Frente al estado público que tomó la presentación de un proyecto de ley para modificar el artículo 86 del Código Penal y el llamado a reunión de comisión para debatirlo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, rechazó esta convocatoria que, “de manera manifiesta, obstaculiza el verdadero debate que se debe el Congreso nacional, que es por la despenalización y legalización del aborto”, se informó a AIM .
Advierten que se obstaculiza el tratamiento del proyecto sobre la legalización del aborto.
En un parte de prensa se informó a esta Agencia que “este proyecto en particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento de los abortos que están permitidos”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se advirtió que “modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en este proyecto presentado por el titular de la comisión, Juan Carlos Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual Código no incluye”. Además se señaló que “circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles”.
La realidadDesde la Campaña se recordó que en agosto de 2011 se evidenció, con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto “obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años”.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el ministerio de Salud de la Nación, que debe elevarse a rango de resolución ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía “es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva”.
Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. “No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica, y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo”.
En contraposición a lo expuesto, se explicó que “legalizar y despenalizar el aborto como propone el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación”.
Respetar la universalidadComo han argumentado diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto.
En esa ocasión, la Comisión se comprometió para que este tema se tratara durante 2011. Por esto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperan que “se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la ley de Identidad de Género. Nuestro proyecto de ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años. Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares”.
InvitaciónDesde la Campaña se invita “a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Advierten que se obstaculiza el tratamiento del proyecto sobre la legalización del aborto.
En un parte de prensa se informó a esta Agencia que “este proyecto en particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento de los abortos que están permitidos”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se advirtió que “modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en este proyecto presentado por el titular de la comisión, Juan Carlos Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual Código no incluye”. Además se señaló que “circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles”.
La realidadDesde la Campaña se recordó que en agosto de 2011 se evidenció, con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto “obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años”.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el ministerio de Salud de la Nación, que debe elevarse a rango de resolución ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía “es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva”.
Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. “No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica, y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo”.
En contraposición a lo expuesto, se explicó que “legalizar y despenalizar el aborto como propone el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación”.
Respetar la universalidadComo han argumentado diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto.
En esa ocasión, la Comisión se comprometió para que este tema se tratara durante 2011. Por esto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperan que “se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la ley de Identidad de Género. Nuestro proyecto de ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años. Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares”.
InvitaciónDesde la Campaña se invita “a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Las prioridades de la Metropolitana
Durante cinco meses, la policía creada por Macri estuvo dedicada a investigar a un médico que hacía abortos. Luego lo detuvo y filmó el procedimiento. Y entregó el tape a un canal. Allí se ve la cara de una paciente. Críticas de una legisladora.
Por Mariana Carbajal
Las prioridades de la Policía Metropolitana quedaron ayer en evidencia. La División de Investigaciones Telemáticas dedicó cinco meses de trabajo de inteligencia para ubicar un consultorio clandestino del barrio de Boedo, donde un médico realizaba abortos, según informó la propia fuerza a través de un comunicado de prensa destacado ayer en su página web. Para darle más espectacularidad a la noticia, la Metropolitana entregó las imágenes del allanamiento a Telefe. La cesión de la filmación fue confirmada a Página/12 por un vocero de la PM. En diálogo con este diario, la diputada porteña María Elena Naddeo cuestionó las prioridades del gobierno porteño y destacó que la penalización del aborto es la que causa la inseguridad a las mujeres y atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. “Las prioridades en política de la Ciudad deberían ser otras, en lugar de perseguir a médicos y a mujeres que necesitan un aborto. Los esfuerzos institucionales deberían estar encauzados hacia despenalizar el aborto, en vez de perseguir a quienes les brindan una solución a mujeres desesperadas, ya que nadie llega a esta instancia alegremente”, consideró Naddeo.
Telefe difundió el operativo en sus distintos noticieros con amplio despliegue. El informe periodístico, armado con las imágenes que dio la PM, mostró el ingreso violento al consultorio de los efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri para combatir la inseguridad ciudadana. Literalmente, abren a las patadas la puerta del departamento, ubicado en Carlos Calvo al 1600. Irrumpen cuando el médico, vestido con su ambo, estaba atendiendo a una mujer. El comunicado de prensa informó que había “una paciente en la camilla a la que estaba por colocarle un suero con medicamentos para practicarle un aborto”. Las imágenes suministradas por la PM ponen en primer plano a la mujer. Una efectiva policial le baja la cabeza, pero su rostro no se ve pixelado. Quien la conoce, la puede identificar fácilmente. Lo que sí se ocuparon de pixelar desde la PM es el brazo de la paciente, con la sonda colocada para el suero. Así protegieron la privacidad de la mujer –se la veía joven–, que ante un embarazo no deseado decidió recurrir a un aborto y por la criminalización de esa práctica en el país cayó en un consultorio clandestino. Con respecto al médico –cuya identidad fue ampliamente difundida por la fuerza–, se preocuparon por cubrir su rostro pixelándolo, pero pusieron especial énfasis en enfocar la cámara para mostrar sus manos esposadas.
La División de Investigaciones Telemáticas de la Metropolitana, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos del médico que practicaba interrupciones voluntarias de embarazo y ofrecía sus servicios a través de Internet. “Una vez recolectadas las pruebas principales, el doctor Martín Zavaleta, de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, autoriza la intervención de los IP de la página de Internet, el blog y las cuentas de correo y también de los celulares para certificar que esta persona realizaba los abortos”, informó el comunicado de prensa de la fuerza. Los IP son la identificación de las computadoras y permiten localizar a su usuario. Uno de los diálogos grabados entre una paciente (o supuesta paciente) y el médico fueron también entregados para su difusión al canal. Telefe lo incluyó en su informe. La voz puede ser fácilmente identificable por quienes conocen a esa mujer. El gobierno porteño expuso así su intimidad: se supone que cursaba un embarazo no deseado y quería interrumpirlo. No había cometido ningún delito.
En el caso tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Gabriela Angana. La causa fue caratulada como ejercicio ilegal de la medicina. Angana ordenó el allanamiento realizado en el consultorio en la mañana del miércoles, unos diez minutos después de la llegada de la paciente, según informó la PM. El médico detenido fue trasladado a la comisaría comunal Nº 12 del barrio de Saavedra y puesto a disposición de la Justicia. La mujer, a un hospital en una ambulancia del SAME, según muestran las imágenes filmadas por la propia fuerza.
En diálogo con Página/12, la diputada Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) destacó que el caso del médico detenido en el barrio de Boedo que ofrecía abortos por Internet ocurre porque “incluso en las circunstancias en que el aborto está permitido por el Código Penal, el sistema de salud no garantiza la realización de un aborto a las mujeres que lo necesiten”. El médico cobraba entre 2500 y 6000 pesos cada intervención, según la edad de la mujer y las posibilidades de pagar que tuviera. La clandestinidad alimenta un suculento negocio. Naddeo recordó el grave impacto sanitario de la penalización del aborto en la Argentina: “En nuestro país se realizan unos 500 mil abortos cada año. La penalización del aborto condena a las mujeres de sectores más vulnerables, que no pueden pagar para realizarse un aborto, a la clandestinidad; a condiciones de falta de higiene e inseguridad sanitaria que en muchos casos las llevan a la muerte”. Desde hace más de treinta años, las consecuencias de los abortos inseguros, realizados con métodos precarios, son la principal causa de mortalidad materna en el país.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169798-2011-06-10.html
Por Mariana Carbajal
Las prioridades de la Policía Metropolitana quedaron ayer en evidencia. La División de Investigaciones Telemáticas dedicó cinco meses de trabajo de inteligencia para ubicar un consultorio clandestino del barrio de Boedo, donde un médico realizaba abortos, según informó la propia fuerza a través de un comunicado de prensa destacado ayer en su página web. Para darle más espectacularidad a la noticia, la Metropolitana entregó las imágenes del allanamiento a Telefe. La cesión de la filmación fue confirmada a Página/12 por un vocero de la PM. En diálogo con este diario, la diputada porteña María Elena Naddeo cuestionó las prioridades del gobierno porteño y destacó que la penalización del aborto es la que causa la inseguridad a las mujeres y atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. “Las prioridades en política de la Ciudad deberían ser otras, en lugar de perseguir a médicos y a mujeres que necesitan un aborto. Los esfuerzos institucionales deberían estar encauzados hacia despenalizar el aborto, en vez de perseguir a quienes les brindan una solución a mujeres desesperadas, ya que nadie llega a esta instancia alegremente”, consideró Naddeo.
Telefe difundió el operativo en sus distintos noticieros con amplio despliegue. El informe periodístico, armado con las imágenes que dio la PM, mostró el ingreso violento al consultorio de los efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri para combatir la inseguridad ciudadana. Literalmente, abren a las patadas la puerta del departamento, ubicado en Carlos Calvo al 1600. Irrumpen cuando el médico, vestido con su ambo, estaba atendiendo a una mujer. El comunicado de prensa informó que había “una paciente en la camilla a la que estaba por colocarle un suero con medicamentos para practicarle un aborto”. Las imágenes suministradas por la PM ponen en primer plano a la mujer. Una efectiva policial le baja la cabeza, pero su rostro no se ve pixelado. Quien la conoce, la puede identificar fácilmente. Lo que sí se ocuparon de pixelar desde la PM es el brazo de la paciente, con la sonda colocada para el suero. Así protegieron la privacidad de la mujer –se la veía joven–, que ante un embarazo no deseado decidió recurrir a un aborto y por la criminalización de esa práctica en el país cayó en un consultorio clandestino. Con respecto al médico –cuya identidad fue ampliamente difundida por la fuerza–, se preocuparon por cubrir su rostro pixelándolo, pero pusieron especial énfasis en enfocar la cámara para mostrar sus manos esposadas.
La División de Investigaciones Telemáticas de la Metropolitana, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos del médico que practicaba interrupciones voluntarias de embarazo y ofrecía sus servicios a través de Internet. “Una vez recolectadas las pruebas principales, el doctor Martín Zavaleta, de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, autoriza la intervención de los IP de la página de Internet, el blog y las cuentas de correo y también de los celulares para certificar que esta persona realizaba los abortos”, informó el comunicado de prensa de la fuerza. Los IP son la identificación de las computadoras y permiten localizar a su usuario. Uno de los diálogos grabados entre una paciente (o supuesta paciente) y el médico fueron también entregados para su difusión al canal. Telefe lo incluyó en su informe. La voz puede ser fácilmente identificable por quienes conocen a esa mujer. El gobierno porteño expuso así su intimidad: se supone que cursaba un embarazo no deseado y quería interrumpirlo. No había cometido ningún delito.
En el caso tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Gabriela Angana. La causa fue caratulada como ejercicio ilegal de la medicina. Angana ordenó el allanamiento realizado en el consultorio en la mañana del miércoles, unos diez minutos después de la llegada de la paciente, según informó la PM. El médico detenido fue trasladado a la comisaría comunal Nº 12 del barrio de Saavedra y puesto a disposición de la Justicia. La mujer, a un hospital en una ambulancia del SAME, según muestran las imágenes filmadas por la propia fuerza.
En diálogo con Página/12, la diputada Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) destacó que el caso del médico detenido en el barrio de Boedo que ofrecía abortos por Internet ocurre porque “incluso en las circunstancias en que el aborto está permitido por el Código Penal, el sistema de salud no garantiza la realización de un aborto a las mujeres que lo necesiten”. El médico cobraba entre 2500 y 6000 pesos cada intervención, según la edad de la mujer y las posibilidades de pagar que tuviera. La clandestinidad alimenta un suculento negocio. Naddeo recordó el grave impacto sanitario de la penalización del aborto en la Argentina: “En nuestro país se realizan unos 500 mil abortos cada año. La penalización del aborto condena a las mujeres de sectores más vulnerables, que no pueden pagar para realizarse un aborto, a la clandestinidad; a condiciones de falta de higiene e inseguridad sanitaria que en muchos casos las llevan a la muerte”. Desde hace más de treinta años, las consecuencias de los abortos inseguros, realizados con métodos precarios, son la principal causa de mortalidad materna en el país.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169798-2011-06-10.html
Tercer llamado de atención
El estado argentino no garantiza el acceso al aborto no punible
Por Sandra Chaher
El estado argentino acaba de recibir su tercer llamado de atención por parte de un organismo internacional de protección de los derechos humanos por las dificultades en el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos y en particular al aborto terapéutico. A las recomendaciones realizadas en el año 2010 por el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acaba de sumarse la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA.
El 1 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de prensa referido a su 141 período de sesiones ordinarias en el que, en su anexo, señala que 'el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres' y reclama a los estados de la región que eliminen 'todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan como la sanción penal al acudir a estos servicios'.
La mención específica al tema del aborto terapéutico y los derechos sexuales y reproductivos en el comunicado de prensa de la institución es consecuencia de una audiencia mantenida por las autoridades de la misma junto a 12 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente el pasado 28 de marzo. El encuentro fue pedido por las organizaciones con el objetivo de informar a la CIDH sobre la situación de la salud y los derechos reproductivos en el continente, en particular las dificultades de acceso al aborto terapéutico, situación que se reitera son dificultades similares en la mayoría de los países de la región.
'Es altamente positiva esta mención de la CIDH sobre el tema en su comunicado de prensa –señala la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una de las tres organizaciones de Argentina que participó del encuentro, junto a la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) y al CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad)-. Es un organismo más de seguimiento de los derechos humanos que señala al estado argentino su incumplimiento en este tema. Y es particularmente importante que haya sido la CIDH y no la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM), porque la CIDH se dedica a analizar temas duros de género, con lo cual significa instalar los temas de derechos sexuales y reproductivos en esta zona de más difícil acceso.'
En América Latina hay países donde el aborto está totalmente penalizado (Chile, Nicaragua, Republica Dominicana, El Salvador y Honduras) y otros donde se establecen causales de excepción con diferentes grados de punibilidad pero cuyo cumplimiento es irregular (Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay, Haití, Paraguay y Perú entre otros). En este sentido, las ong’s señalaron que deberían implementarse en el continente protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo por parte de los Estados que permita el acceso al aborto legal y evite la actual confusión de los equipos de salud, y describieron los riesgos y consecuencias para la salud y la vida de las mujeres del mercado clandestino e inseguro.
Advertencias anteriores
El llamado de atención de la CIDH no es el primero que recibe el estado argentino sobre este tema de parte de un organismo internacional de protección de los derechos humanos. En el año 2010 recibió una recomendación similar del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) y otra del Comité de la Convención Internacional para Prevenir todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó en un documento del 22 de marzo del 2010, su preocupación por la restrictiva legislación sobre aborto presente en el artículo 86 del Código Penal, así como 'por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo'. La mención al aborto en el CDH tiene una relevancia similar a la del reciente llamado de atención de la CIDH ya que en ambos casos se trata de organismos que abordan todos los temas de derechos humanos y que hacen un señalamiento específico sobre un derecho sexual y reproductivo vulnerado de las mujeres.
Apenas cuatro meses después, el 20 de julio del 2010, fue difundido un informe del Comité de la CEDAW en el que se analizó el cumplimiento por parte del Estado Argentino de los derechos humanos de las mujeres. El Comité reclamó al Estado la revisión de la legislación que criminaliza el aborto, señalando las graves consecuencias que tiene la misma sobre la salud y la vida de las mujeres, y reclamó también la aplicación uniforme y equitativa en todo el país de la Guía de Atención del Aborto No punible –elaborada por el Ministerio de Salud en el año 2007, durante la gestión de Ginés González García, pero nunca difundida-, el acceso de mujeres y adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva, y la efectiva implementación de la educación sexual integral en las escuelas.
El pedido de los tres organismos se apoya en el reconocimiento y aprobación por parte de Argentina de los acuerdos internacionales que cada uno de los comités protege. Es decir, que el país, que desde la reforma constitucional del ’94, reconoce a los acuerdos internacionales con jerarquía constitucional, está incumpliendo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y varones de Argentina protegidos por esos acuerdos.
Por Sandra Chaher
El estado argentino acaba de recibir su tercer llamado de atención por parte de un organismo internacional de protección de los derechos humanos por las dificultades en el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos y en particular al aborto terapéutico. A las recomendaciones realizadas en el año 2010 por el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acaba de sumarse la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA.
El 1 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de prensa referido a su 141 período de sesiones ordinarias en el que, en su anexo, señala que 'el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres' y reclama a los estados de la región que eliminen 'todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan como la sanción penal al acudir a estos servicios'.
La mención específica al tema del aborto terapéutico y los derechos sexuales y reproductivos en el comunicado de prensa de la institución es consecuencia de una audiencia mantenida por las autoridades de la misma junto a 12 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente el pasado 28 de marzo. El encuentro fue pedido por las organizaciones con el objetivo de informar a la CIDH sobre la situación de la salud y los derechos reproductivos en el continente, en particular las dificultades de acceso al aborto terapéutico, situación que se reitera son dificultades similares en la mayoría de los países de la región.
'Es altamente positiva esta mención de la CIDH sobre el tema en su comunicado de prensa –señala la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una de las tres organizaciones de Argentina que participó del encuentro, junto a la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) y al CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad)-. Es un organismo más de seguimiento de los derechos humanos que señala al estado argentino su incumplimiento en este tema. Y es particularmente importante que haya sido la CIDH y no la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM), porque la CIDH se dedica a analizar temas duros de género, con lo cual significa instalar los temas de derechos sexuales y reproductivos en esta zona de más difícil acceso.'
En América Latina hay países donde el aborto está totalmente penalizado (Chile, Nicaragua, Republica Dominicana, El Salvador y Honduras) y otros donde se establecen causales de excepción con diferentes grados de punibilidad pero cuyo cumplimiento es irregular (Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay, Haití, Paraguay y Perú entre otros). En este sentido, las ong’s señalaron que deberían implementarse en el continente protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo por parte de los Estados que permita el acceso al aborto legal y evite la actual confusión de los equipos de salud, y describieron los riesgos y consecuencias para la salud y la vida de las mujeres del mercado clandestino e inseguro.
Advertencias anteriores
El llamado de atención de la CIDH no es el primero que recibe el estado argentino sobre este tema de parte de un organismo internacional de protección de los derechos humanos. En el año 2010 recibió una recomendación similar del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) y otra del Comité de la Convención Internacional para Prevenir todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó en un documento del 22 de marzo del 2010, su preocupación por la restrictiva legislación sobre aborto presente en el artículo 86 del Código Penal, así como 'por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo'. La mención al aborto en el CDH tiene una relevancia similar a la del reciente llamado de atención de la CIDH ya que en ambos casos se trata de organismos que abordan todos los temas de derechos humanos y que hacen un señalamiento específico sobre un derecho sexual y reproductivo vulnerado de las mujeres.
Apenas cuatro meses después, el 20 de julio del 2010, fue difundido un informe del Comité de la CEDAW en el que se analizó el cumplimiento por parte del Estado Argentino de los derechos humanos de las mujeres. El Comité reclamó al Estado la revisión de la legislación que criminaliza el aborto, señalando las graves consecuencias que tiene la misma sobre la salud y la vida de las mujeres, y reclamó también la aplicación uniforme y equitativa en todo el país de la Guía de Atención del Aborto No punible –elaborada por el Ministerio de Salud en el año 2007, durante la gestión de Ginés González García, pero nunca difundida-, el acceso de mujeres y adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva, y la efectiva implementación de la educación sexual integral en las escuelas.
El pedido de los tres organismos se apoya en el reconocimiento y aprobación por parte de Argentina de los acuerdos internacionales que cada uno de los comités protege. Es decir, que el país, que desde la reforma constitucional del ’94, reconoce a los acuerdos internacionales con jerarquía constitucional, está incumpliendo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y varones de Argentina protegidos por esos acuerdos.
La transformación de los movimientos sociales y de la acción colectiva global desde una mirada local
Invitación a la conferencia de la Dra. Pascale Dufour:
Viernes 18 de marzo de 2011
15:00
Aula 9 - Tercer Piso
Universidad Nacional de San Martín
Escuela de Política y Gobierno
Sede Paraná - Paraná 145, CABA
Pascale Dufour es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Montreal (Canadá), donde dirige el Centro de Investigación sobre Política y Desarrollo Social. Su especialidad es el estudio de los movimientos sociales en una perspectiva comparativa, especialmente en América del Norte y Europa. En 2010 ha publicado Dix ans de solidarité planétaire. Perspectives sociologiques sur la Marche mondiale des femmes (con Isabelle Giraud) y Solidarities beyond Borders. Transnationalizing Women’s Movements (con Dominique Masson y Dominique Caouette). En su año sabático, la Dra. Dufour está siendo recibida como profesora visitante en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM.
Viernes 18 de marzo de 2011
15:00
Aula 9 - Tercer Piso
Universidad Nacional de San Martín
Escuela de Política y Gobierno
Sede Paraná - Paraná 145, CABA
Pascale Dufour es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Montreal (Canadá), donde dirige el Centro de Investigación sobre Política y Desarrollo Social. Su especialidad es el estudio de los movimientos sociales en una perspectiva comparativa, especialmente en América del Norte y Europa. En 2010 ha publicado Dix ans de solidarité planétaire. Perspectives sociologiques sur la Marche mondiale des femmes (con Isabelle Giraud) y Solidarities beyond Borders. Transnationalizing Women’s Movements (con Dominique Masson y Dominique Caouette). En su año sabático, la Dra. Dufour está siendo recibida como profesora visitante en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM.
Declaración de apoyo de la Internacional de la Educación
San José, Costa Rica, 1 de marzo de 2011
Señoras y Señores
Congreso Nacional
República de Argentina
La Internacional de la Educación (IE), federación sindical mundial que representa a más de 35 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación, así como el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina se dirigen a ustedes para expresar el apoyo de la Campaña Nacional para que se discuta y se apruebe el proyecto Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Defendemos el derecho a una educación pública laica, gratuita y de calidad. En ese marco, junto nuestra afiliada la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina –CTERA-, también estamos comprometidos con construir un sistema educativo liberador, una educación libre de discriminación que reconstruya lo simbólico en nuestras sociedades desde la igualdad y los derechos.
En consecuencia tanto el Comité Regional, como la Red de Trabajadoras de la Educación de la Internacional de la Educación para América Latina, han defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propias vidas y sus propios cuerpos; a la vez que han demandado la responsabilidad del Estado en brindar una atención de salud pública, gratuita y de calidad.
La internacional de la Educación está de acuerdo con las declaraciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, sobre el cómo legalizar el aborto no obliga a nadie a practicarlo, sino que garantiza las condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
Despenalizar el aborto y garantizar las mejores condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo puede salvar la vida de miles de mujeres que cada año se someten a procedimientos sin las condiciones sanitarias adecuadas.
Ya la Argentina le ha dado a la región muchas lecciones en materia de derechos humanos y justicia social siendo, la asignación universal por hijo, el procesamiento a los genocidas de la última dictadura, el matrimonio igualitario y la obtención de la Paritaria Nacional Docente, buenos ejemplos de estas lecciones.
Para el magisterio latinoamericano lograr el Aborto legal, seguro y gratuito significa continuar avanzando en materia de igualdad de derechos en la República Argentina.
Esperamos que el Senado de la Nación apruebe este proyecto y con ello continúe tomando las decisiones que reflejan los intereses y respondan a las necesidades de toda la ciudadanía a la que gobierna.
Se despide fraternalmente,
Fátima da Silva
Vicepresidente del Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
CNTE, Brasil
Joviel Acevedo
Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
STEG, Guatemala
Israel Montano
Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
ANDES 21 de Junio, El Salvador
Maria Teresa Cabrera
Miembro Comité Ejecutivo Mundial Internacional de la Educación
ADP, República Dominicana
Con Copia:
-CTERA, Argentina
-CEA, Argentina
-CONADU, Argentina
-CNTE,Brasil
-CONTEE,Brasil
-CONMERB, Bolivia
-Colegio de Profesores, Chile
-CONATECH, Chile
-FECODE, Colombia
-ANDE, Costa Rica
-SEC, Costa Rica
-Andes 21 de Junio, El Salvador
-STEG, Guatemala
-ADP, República Dominicana
-FAPROUASD, República Dominicana
-ANPROTED, República Dominicana
-COLPROSUMAH, Honduras
-COPEMH, Honduras
-COPRUMH, Honduras
-CGTEN-ANDEN, Nicaragua
-FEPDES, Nicaragua
-OTEP, Paraguay
-MPU, Panamá
-SUTEP, Perú
-FEDMYFEP, Uruguay
-FETRA, Enseñanza, Venezuela.
-FEV, Venezuela
-FETRASINED, Venezuela
-CTEUB, Bolivia
-FUM – TEP, Uruguay
-FAUECH, Chile
-PROIFES, Brasil
-AMIA-Panamá
-FENAPUPE-Ecuador
-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE México
-FENAPES-Uruguay
Señoras y Señores
Congreso Nacional
República de Argentina
La Internacional de la Educación (IE), federación sindical mundial que representa a más de 35 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación, así como el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina se dirigen a ustedes para expresar el apoyo de la Campaña Nacional para que se discuta y se apruebe el proyecto Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Defendemos el derecho a una educación pública laica, gratuita y de calidad. En ese marco, junto nuestra afiliada la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina –CTERA-, también estamos comprometidos con construir un sistema educativo liberador, una educación libre de discriminación que reconstruya lo simbólico en nuestras sociedades desde la igualdad y los derechos.
En consecuencia tanto el Comité Regional, como la Red de Trabajadoras de la Educación de la Internacional de la Educación para América Latina, han defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propias vidas y sus propios cuerpos; a la vez que han demandado la responsabilidad del Estado en brindar una atención de salud pública, gratuita y de calidad.
La internacional de la Educación está de acuerdo con las declaraciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, sobre el cómo legalizar el aborto no obliga a nadie a practicarlo, sino que garantiza las condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
Despenalizar el aborto y garantizar las mejores condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo puede salvar la vida de miles de mujeres que cada año se someten a procedimientos sin las condiciones sanitarias adecuadas.
Ya la Argentina le ha dado a la región muchas lecciones en materia de derechos humanos y justicia social siendo, la asignación universal por hijo, el procesamiento a los genocidas de la última dictadura, el matrimonio igualitario y la obtención de la Paritaria Nacional Docente, buenos ejemplos de estas lecciones.
Para el magisterio latinoamericano lograr el Aborto legal, seguro y gratuito significa continuar avanzando en materia de igualdad de derechos en la República Argentina.
Esperamos que el Senado de la Nación apruebe este proyecto y con ello continúe tomando las decisiones que reflejan los intereses y respondan a las necesidades de toda la ciudadanía a la que gobierna.
Se despide fraternalmente,
Fátima da Silva
Vicepresidente del Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
CNTE, Brasil
Joviel Acevedo
Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
STEG, Guatemala
Israel Montano
Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
ANDES 21 de Junio, El Salvador
Maria Teresa Cabrera
Miembro Comité Ejecutivo Mundial Internacional de la Educación
ADP, República Dominicana
Con Copia:
-CTERA, Argentina
-CEA, Argentina
-CONADU, Argentina
-CNTE,Brasil
-CONTEE,Brasil
-CONMERB, Bolivia
-Colegio de Profesores, Chile
-CONATECH, Chile
-FECODE, Colombia
-ANDE, Costa Rica
-SEC, Costa Rica
-Andes 21 de Junio, El Salvador
-STEG, Guatemala
-ADP, República Dominicana
-FAPROUASD, República Dominicana
-ANPROTED, República Dominicana
-COLPROSUMAH, Honduras
-COPEMH, Honduras
-COPRUMH, Honduras
-CGTEN-ANDEN, Nicaragua
-FEPDES, Nicaragua
-OTEP, Paraguay
-MPU, Panamá
-SUTEP, Perú
-FEDMYFEP, Uruguay
-FETRA, Enseñanza, Venezuela.
-FEV, Venezuela
-FETRASINED, Venezuela
-CTEUB, Bolivia
-FUM – TEP, Uruguay
-FAUECH, Chile
-PROIFES, Brasil
-AMIA-Panamá
-FENAPUPE-Ecuador
-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE México
-FENAPES-Uruguay
La Corte ante una oportunidad histórica para resolver controversia sobre abortos no punibles
Comunicado de la Asociación por los Derechos Civiles
Con motivo de los anuncios realizados ayer en el marco de la inauguración del año judicial y la preocupación expresada por la Corte Suprema en cuanto a mantener un rol activo en la agenda pública de grandes cuestionas ciudadanas, la ADC expresa su deseo de que el Máximo Tribunal trate este año el caso de una niña de Chubut que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro y tuvo que dar una larga batalla judicial para poder interrumpir su embarazo.
Desde 1921 el Código Penal prevé clara y expresamente la posibilidad de interrumpir los embarazos en este tipo de situaciones, pese a ello, la niña víctima de una violación, al igual que muchas mujeres de nuestro país, sufrió las gravosas consecuencias de la incertidumbre que prevalece en ámbitos judiciales debido a fallos contradictorios sobre las situaciones en que el aborto está permitido por la ley, viéndose arrastrada a una extensa e innecesaria disputa judicial. Esta actitud discordante de la justicia trae como consecuencia que el sistema de salud no pueda actuar con seguridad ya que el personal médico que debería practicar abortos no punibles se enfrenta a la amenaza de afrontar acciones judiciales en su contra por realizar un procedimiento que es legal.
Según Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de la ADC “hoy la Corte Suprema tiene la oportunidad histórica de dar certeza en la interpretación penal de este tipo de cuestiones y así garantizar el derecho de las mujeres al acceso a servicios médicos en los casos previstos por el Código Penal. De esa forma, el Tribunal no sólo contribuiría a resguardar cientos de vidas de mujeres al año sino también permitiría cumplir de manera efectiva con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.”
El caso que está ahora ante la Corte ha despertado gran atención a nivel nacional e internacional y su importancia se ve reflejada en la cantidad de organizaciones sociales que han subrayado su relevancia y contribuido con opiniones jurídicas (amicus curiae), solicitando se garantice el derecho a la vida y la salud de las mujeres. Estos escritos que están siendo considerados por los Ministros del Máximo Tribunal, fueron presentados por organizaciones de derechos humanos y prestigiosos expertos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, entre quienes se destacan:
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asociación Civil por el Derecho a Decidir
Católicas por el derecho a decidir
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Pesquisas em Saúde reproductiva (CEMICAMP) (Brasil)
Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)
Human Rights Watch (Estados Unidos)
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
Luis Távara (Perú)
Programa Internacional de Derecho en Salud Sexual y Reproductiva, Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (Canadá)
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
The Irish Family Planning Association (Irlanda)
Women´s Link Worldwide (Colombia)
Antecedentes de la causa
El 8 de marzo de 2010, en una valiosa decisión, el Tribunal Superior de Justicia Chubut autorizó la práctica de un aborto no punible a una niña de 15 años que había sido violada por su padrastro.
El tribunal hizo una lectura correcta de la norma, admitiendo a los casos de violación como supuestos de aborto no punible; a diferencia de la lectura incorrecta que considera que el permiso procede únicamente cuando la mujer violada es, además, discapacitada mental (“idiota o demente”, en palabras del Código).
A pesar de que el aborto ya había sido practicado, el Defensor General Subrogante de la Provincia de Chubut interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia del Tribunal Superior, alegando que la práctica del aborto violó el derecho a la vida del embrión.
El recurso fue concedido y el expediente está a estudio de la Corte desde junio del año pasado. Ya ha circulado entre varios Ministros y tiene dictamen de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contexto
Cabe señalar que en Argentina, el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la primera causa de mortalidad materna.
Desde 1921, el art. 86 del Código Penal admite supuestos de no punibilidad para los llamados abortos terapéuticos y sentimentales; es decir, cuando existe peligro para vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo provino de una relación sexual no consentida. Esto significa que un aborto practicado por estos motivos no es un delito y no será castigado por la justicia.
De interpretarse correctamente por la Corte Suprema, estas causales podrían asegurar el procedimiento seguro y gratuito en un amplio número de casos y así evitar nuevas e innecesarias muertes.
Varios investigadores y organizaciones de la sociedad civil denuncian que una cantidad considerable de mujeres que tienen derecho a un aborto legal y seguro no puede acceder a él.
Uno de los principales motivos que determinan el fracaso de la norma es que pese a que el Código Penal es claro, las y los jueces lo interpretan de modo heterogéneo, generando confusión en torno a los casos en que la interrupción del embarazo está permitida por la ley. Las interpretaciones disímiles redundan en la negativa del personal médico de practicar procedimientos que son legales, y lo empuja a solicitar autorizaciones judiciales no requeridas por la ley cada vez que atienden un caso de no punibilidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la oportunidad histórica de brindar certezas acerca del alcance del art. 86 del Código Penal, cuya inaplicabilidad empuja a las mujeres a abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud.
Argumentos
El aborto clandestino en Argentina es un grave problema de salud pública. En 2009 se registraron 410 muertes maternas, 87 causadas por abortos realizados en condiciones sépticas insuficientes (Ministerio de Salud, 2010), aunque se estima que este registro no responde a las cifras reales debido a que muchos de estos procedimientos no quedan registrados en ningún lado.
Aunque se desconozca cuántas de estas muertes corresponden a casos de no punibilidad, un estado constitucional de derecho no puede permitir que una sola mujer ponga en riesgo su vida por falta de acceso a un procedimiento que es legal desde hace 90 años.
Esta injusticia es sufrida, especialmente, por mujeres de bajos recursos. El Noroeste argentino, por ejemplo, registra los valores más altos de abortos clandestinos del país, con casi 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la tasa de mortalidad materna es de 1,8 por cada 10.000 recién nacidos vivos, en provincias significativamente más pobres, como Catamarca, el índice es de 16 por cada 10.000 nacidos vivos (Ministerio de Salud, 2010).
Esta realidad implica la violación, por parte del Estado, de los derechos humanos de las mujeres a la salud, a la vida, a la igualdad, a la integridad física y moral y al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Corte, como representante del Estado en este caso, no puede esquivar la responsabilidad ante la que se encuentra para saldar una deuda histórica con sus ciudadanas.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro. Desde hace más de una década, la ADC trabaja de modo activo para afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas de acuerdo con la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los valores democráticos. Ha puesto especial énfasis en la utilización del litigio como una herramienta que puede utilizarse, entre otras, para avanzar en la agenda de derechos humanos, generar cambios de relevancia, develar violaciones de derechos estructurales y poner en agenda temas ausentes en el debate público.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
CONTACTO DE PRENSA
Mónica Baumgratz
[ Prensa y Comunicación ]
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
mbaumgratz@adc.org.ar
Cel. 15 5728 3191
Con motivo de los anuncios realizados ayer en el marco de la inauguración del año judicial y la preocupación expresada por la Corte Suprema en cuanto a mantener un rol activo en la agenda pública de grandes cuestionas ciudadanas, la ADC expresa su deseo de que el Máximo Tribunal trate este año el caso de una niña de Chubut que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro y tuvo que dar una larga batalla judicial para poder interrumpir su embarazo.
Desde 1921 el Código Penal prevé clara y expresamente la posibilidad de interrumpir los embarazos en este tipo de situaciones, pese a ello, la niña víctima de una violación, al igual que muchas mujeres de nuestro país, sufrió las gravosas consecuencias de la incertidumbre que prevalece en ámbitos judiciales debido a fallos contradictorios sobre las situaciones en que el aborto está permitido por la ley, viéndose arrastrada a una extensa e innecesaria disputa judicial. Esta actitud discordante de la justicia trae como consecuencia que el sistema de salud no pueda actuar con seguridad ya que el personal médico que debería practicar abortos no punibles se enfrenta a la amenaza de afrontar acciones judiciales en su contra por realizar un procedimiento que es legal.
Según Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de la ADC “hoy la Corte Suprema tiene la oportunidad histórica de dar certeza en la interpretación penal de este tipo de cuestiones y así garantizar el derecho de las mujeres al acceso a servicios médicos en los casos previstos por el Código Penal. De esa forma, el Tribunal no sólo contribuiría a resguardar cientos de vidas de mujeres al año sino también permitiría cumplir de manera efectiva con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.”
El caso que está ahora ante la Corte ha despertado gran atención a nivel nacional e internacional y su importancia se ve reflejada en la cantidad de organizaciones sociales que han subrayado su relevancia y contribuido con opiniones jurídicas (amicus curiae), solicitando se garantice el derecho a la vida y la salud de las mujeres. Estos escritos que están siendo considerados por los Ministros del Máximo Tribunal, fueron presentados por organizaciones de derechos humanos y prestigiosos expertos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, entre quienes se destacan:
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asociación Civil por el Derecho a Decidir
Católicas por el derecho a decidir
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Pesquisas em Saúde reproductiva (CEMICAMP) (Brasil)
Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)
Human Rights Watch (Estados Unidos)
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
Luis Távara (Perú)
Programa Internacional de Derecho en Salud Sexual y Reproductiva, Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (Canadá)
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
The Irish Family Planning Association (Irlanda)
Women´s Link Worldwide (Colombia)
Antecedentes de la causa
El 8 de marzo de 2010, en una valiosa decisión, el Tribunal Superior de Justicia Chubut autorizó la práctica de un aborto no punible a una niña de 15 años que había sido violada por su padrastro.
El tribunal hizo una lectura correcta de la norma, admitiendo a los casos de violación como supuestos de aborto no punible; a diferencia de la lectura incorrecta que considera que el permiso procede únicamente cuando la mujer violada es, además, discapacitada mental (“idiota o demente”, en palabras del Código).
A pesar de que el aborto ya había sido practicado, el Defensor General Subrogante de la Provincia de Chubut interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia del Tribunal Superior, alegando que la práctica del aborto violó el derecho a la vida del embrión.
El recurso fue concedido y el expediente está a estudio de la Corte desde junio del año pasado. Ya ha circulado entre varios Ministros y tiene dictamen de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contexto
Cabe señalar que en Argentina, el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la primera causa de mortalidad materna.
Desde 1921, el art. 86 del Código Penal admite supuestos de no punibilidad para los llamados abortos terapéuticos y sentimentales; es decir, cuando existe peligro para vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo provino de una relación sexual no consentida. Esto significa que un aborto practicado por estos motivos no es un delito y no será castigado por la justicia.
De interpretarse correctamente por la Corte Suprema, estas causales podrían asegurar el procedimiento seguro y gratuito en un amplio número de casos y así evitar nuevas e innecesarias muertes.
Varios investigadores y organizaciones de la sociedad civil denuncian que una cantidad considerable de mujeres que tienen derecho a un aborto legal y seguro no puede acceder a él.
Uno de los principales motivos que determinan el fracaso de la norma es que pese a que el Código Penal es claro, las y los jueces lo interpretan de modo heterogéneo, generando confusión en torno a los casos en que la interrupción del embarazo está permitida por la ley. Las interpretaciones disímiles redundan en la negativa del personal médico de practicar procedimientos que son legales, y lo empuja a solicitar autorizaciones judiciales no requeridas por la ley cada vez que atienden un caso de no punibilidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la oportunidad histórica de brindar certezas acerca del alcance del art. 86 del Código Penal, cuya inaplicabilidad empuja a las mujeres a abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud.
Argumentos
El aborto clandestino en Argentina es un grave problema de salud pública. En 2009 se registraron 410 muertes maternas, 87 causadas por abortos realizados en condiciones sépticas insuficientes (Ministerio de Salud, 2010), aunque se estima que este registro no responde a las cifras reales debido a que muchos de estos procedimientos no quedan registrados en ningún lado.
Aunque se desconozca cuántas de estas muertes corresponden a casos de no punibilidad, un estado constitucional de derecho no puede permitir que una sola mujer ponga en riesgo su vida por falta de acceso a un procedimiento que es legal desde hace 90 años.
Esta injusticia es sufrida, especialmente, por mujeres de bajos recursos. El Noroeste argentino, por ejemplo, registra los valores más altos de abortos clandestinos del país, con casi 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la tasa de mortalidad materna es de 1,8 por cada 10.000 recién nacidos vivos, en provincias significativamente más pobres, como Catamarca, el índice es de 16 por cada 10.000 nacidos vivos (Ministerio de Salud, 2010).
Esta realidad implica la violación, por parte del Estado, de los derechos humanos de las mujeres a la salud, a la vida, a la igualdad, a la integridad física y moral y al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Corte, como representante del Estado en este caso, no puede esquivar la responsabilidad ante la que se encuentra para saldar una deuda histórica con sus ciudadanas.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro. Desde hace más de una década, la ADC trabaja de modo activo para afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas de acuerdo con la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los valores democráticos. Ha puesto especial énfasis en la utilización del litigio como una herramienta que puede utilizarse, entre otras, para avanzar en la agenda de derechos humanos, generar cambios de relevancia, develar violaciones de derechos estructurales y poner en agenda temas ausentes en el debate público.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
CONTACTO DE PRENSA
Mónica Baumgratz
[ Prensa y Comunicación ]
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
mbaumgratz@adc.org.ar
Cel. 15 5728 3191
Un cuerpo: mil sexos - Intersexualidades
Compilador: Jorge Raíces Montero
Escriben: Curtis E. Hinkle, Diana Maffia, Alejandro Modarelli, Lohana Berkins, Pedro Paradiso Sottile, Iñaki Regueiro de Giacomi, Emiliano Litardo y Liliana Hendel
Escriben: Curtis E. Hinkle, Diana Maffia, Alejandro Modarelli, Lohana Berkins, Pedro Paradiso Sottile, Iñaki Regueiro de Giacomi, Emiliano Litardo y Liliana Hendel
Como señala Jorge Raíces Montero, compilador de este libro: “Existe poca bibliografía que trate el tema de intersexualidad en forma científica, por ende, agentes de salud mental, haciendo una extensión ilícita, encuadran los casos presentados dentro del dogma del hermafroditismo, perversión, parafilias o psicosis, olvidando que más que el dolor de ser, existe el dolor de ser señalado peyorativamente. La propia historia sexual del agente de salud se vería seriamente cuestionada si se deviene a encauzar, como corresponde, el encuentro terapéutico y la empatía hacia una postura interrogativa, teniendo en cuenta el discurso manifiesto y latente demandante. Tampoco existe, en los programas formales universitarios, estudios sobre la temática sexual en general, menos aún podríamos esperar que se trate las temáticas Intersexuales en particular, la oferta es coherente con el sistema social imperante. La Intersexualidad es selectivamente rechazada, no por su ser en sí, sino por ignorancia o quizás por denuncia de autoacusación, provocada por cualquier persona que marque el lugar del ‘querer ser’ y tener el atrevimiento de lograrlo, aún a un gran costo. La Intersexualidad señala, enfáticamente, un lugar de poder, el lugar de la diferencia, o mejor aún, aquel lugar en que una persona, con todas sus dudas y sus certezas, trata de fijarse una meta e imprime en ella, como idea regulativa kantiana, todas sus potencialidades. Son tantas y tan variadas las expresiones de la sexualidad humana y tan pocas las investigaciones serias, que la mayoría de los profesionales tienden a aglutinar todo lo ‘diferente’ en una misma entidad gnoseológica”.
Informes
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Ventas y distribución
TE.: 4381-5708/5878
El debate sobre el aborto continuará el año que viene en la Cámara de Diputados
En la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se realizó la primera audiencia pública sobre despenalización y legalización del aborto, para la cual fue invitada la danesa Marianne Wollman de la organización Human Rigts Watch.
Al respecto, Wollman expresó que “lo que el informe demuestra es que acá en este país el 40 por ciento de los embarazos terminan en aborto”, por lo cual puntualizó que “es una cuestión de salud pública”.
“Eso quiere decir que la mujer no tiene las herramientas para tomar decisiones anteriores con respecto a su embarazo y a su vida reproductiva. Los países donde se tienen todo un paquete de acceso a los anticonceptivos, de acceso a la información, de la igualdad entre los géneros y de la legalización del aborto, ahí hay menos abortos y hay menos muertes”, puntualizó.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega sostuvo que “este es un debate silenciado en la Argentina por razones religiosas y culturales desde
el año 1983”. “Lo hemos abierto, este es debate que no se limita a la penalización o a la
despenalización al menos para mí. Este es un debate que está cruzado por la religión y cruzado por la pobreza”, añadió.
Estela Díaz, de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, calificó de “histórica” a la realización de la audiencia. “Da el puntapié inicial del debate
institucional de la legalización del aborto”, celebró.
Y acotó: “Se tiene que despenalizar por que la legislación actual no sirve, no disuade a una mujer que ha decidido interrumpir un embarazo, no cambia esta decisión por la criminalización del aborto, es profundamente injusta y además discrimina
a las mujeres por el sector social al que pertenecen.”
En tanto, la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, aclaró que “nadie está a favor del aborto”, pero remarcó la necesidad de abrir un debate que permita “justicia e igualdad” entre las mujeres de distintas clases sociales que adoptan esa decisión.
Al respecto, Wollman expresó que “lo que el informe demuestra es que acá en este país el 40 por ciento de los embarazos terminan en aborto”, por lo cual puntualizó que “es una cuestión de salud pública”.
“Eso quiere decir que la mujer no tiene las herramientas para tomar decisiones anteriores con respecto a su embarazo y a su vida reproductiva. Los países donde se tienen todo un paquete de acceso a los anticonceptivos, de acceso a la información, de la igualdad entre los géneros y de la legalización del aborto, ahí hay menos abortos y hay menos muertes”, puntualizó.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega sostuvo que “este es un debate silenciado en la Argentina por razones religiosas y culturales desde
el año 1983”. “Lo hemos abierto, este es debate que no se limita a la penalización o a la
despenalización al menos para mí. Este es un debate que está cruzado por la religión y cruzado por la pobreza”, añadió.
Estela Díaz, de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, calificó de “histórica” a la realización de la audiencia. “Da el puntapié inicial del debate
institucional de la legalización del aborto”, celebró.
Y acotó: “Se tiene que despenalizar por que la legislación actual no sirve, no disuade a una mujer que ha decidido interrumpir un embarazo, no cambia esta decisión por la criminalización del aborto, es profundamente injusta y además discrimina
a las mujeres por el sector social al que pertenecen.”
En tanto, la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, aclaró que “nadie está a favor del aborto”, pero remarcó la necesidad de abrir un debate que permita “justicia e igualdad” entre las mujeres de distintas clases sociales que adoptan esa decisión.
SE ABRIÓ EL DEBATE: Despenalización del aborto en el Congreso
Comenzó a discutirse en la Comisión de Legislación Penal un proyecto que apunta a despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana doce de gestación.
Extracto de la nota "Por el derecho a la vida de las mujeres" de Mariana Carbajal
Cobertura en los medios:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-157864-2010-12-01.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/157864-50615-2010-12-01.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/157864-50616-2010-12-01.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/157864-50617-2010-12-01.html
http://www.clarin.com/sociedad/Compromiso-Diputados-tratar-aborto-comisiones_0_382161856.html
http://tiempo.elargentino.com/notas/debate-aborto-llego-al-congreso
http://tiempo.elargentino.com/notas/amenazas-email
VARONES DE CHACO POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Bajo el título “El aborto no es sólo un problema de las mujeres, es de toda la sociedad”, un grupo de médicos, militantes sociales y periodistas expresaron su postura favorable a la despenalización del aborto.
"Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y trabajando en la promoción del pleno ejercicio de los derechos humanos, nos aproximamos desde esa perspectiva para reflexionar y compartir pensamientos y acciones con todas y todos los ciudadanos de nuestra provincia.
Asumimos que el cuerpo de todas las personas es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen y consideramos a la persona en su dimensión física e intelectual como una unidad indivisible y toda ella, en su diversidad, plena de dignidad y respeto.
En esa perspectiva de derechos humanos y garantías es que reconocemos la diversidad de posiciones existente y la tomamos en serio y por ello queremos dialogar y debatir para construir una sociedad más equitativa.
El tema de la legalización del aborto evoca convicciones fuertes y variadas que comprende el área de la responsabilidad social, la inequidad de género que afecta gravemente a las mujeres, la situación económica, las estadísticas que nos muestran que la prohibición del aborto continua provocando muerte y desolación.
Esta situación nos llama a buscar, construir y proponer nuevos caminos que ponga fin a tal mortalidad relacionada con abortos realizados en la clandestinidad y que coloca a las ciudadanas de nuestra provincia en situación de vulnerabilidad.
Hay un discurso muy fuerte desde distintos sectores, que intentan reducir el debate sobre el aborto a una cuestión religiosa, a un delito o a un capricho del “feminismo”.
Las mujeres, niñas y jóvenes que llegan a optar por interrumpir voluntariamente un embarazo, pueden ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra novia, nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo, de estudio o nuestra vecina.
Entre otros factores, muchas mujeres, llegan a tomar esta decisión porque es un embarazo no deseado, por falta de educación e información, por no acceder a anticonceptivos o porque fueron víctima de algún abuso.
Sea cual fuera, todas ellas tienen que interrumpir su embarazo clandestinamente, las que tienen dinero lo hacen en condiciones sanitarias adecuadas, las que no tienen el dinero, lo hacen expuestas a condiciones que las llevan a engrosar las listas de miles de mujeres hospitalizadas o es una de las 100 mujeres que mueren por año en nuestro país, por un aborto clandestino mal practicado.
Entendemos que el problema no es religioso, la mayoría de las 500.000 mujeres que se practican un aborto, son católicas, evangélicas, judías o profesan algún credo, también lo fueron aquellas que murieron por esta causa.
Que se legalice el aborto, no implica que todas las mujeres vayan a abortar, La legalización permitiría que aquella mujer que necesite interrumpir su embarazo pueda hacerlo en condiciones de salud seguras, esta decisión sería tomada por la mujer en base a sus derechos y sus convicciones religiosas.
La mayoría de las mujeres que tienen que tomar una decisión de este tipo, no lo hace con liviandad o por gusto, es un dilema ético y psíquico y que la marca profundamente; la penalización del aborto solo la empuja hacia más clandestinidad y la expone a realizarlo en condiciones inadecuadas, con riesgos de complicaciones, incluyendo la muerte.
La justicia y la protección de sus derechos no llegan nunca para ellas. La ilegalidad también refuerza la condena social, la culpa y la estigmatización. Son las mujeres más pobres quienes tienen que cargar con todo esto.
Uno de los principales obstáculos en nuestro país para avanzar a la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es el poder económico de un negocio ilegal organizado que mueve muchos millones de pesos por año en nuestro país.
Como varones reconocemos que la realidad del embarazo y del aborto es un tema eminentemente complejo y que compete a la libertad tanto ciudadana como religiosa y de profundo respeto a la libertad de conciencia como espacio sagrado.
La penalización del aborto, hace que los derechos a la libertad y a la dignidad de las mujeres se encuentren cercenados en nuestro país
Coincidimos con las recomendaciones de Amnistía Internacional y con la decisión de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba La Plata y Comahue que se manifestaron a favor de la despenalización del aborto.
En función de estas consideraciones como varones planteamos:
• Nuestra exigencia para que el Estado garantice y lleve adelante el cumplimiento de la Educación Sexual en las Instituciones Educativas y en aquellas instituciones que lo requieran.
• El libre acceso a Anticonceptivos para todas las personas.
• Nuestro apoyo a todas las iniciativas que legalicen el aborto.
• Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal seguro y gratuito para no morir".
ALFREDO ZURITA, Medico Cirujano, Especialista en Salud Pública, Docente UNNe
RAÚL GLEIM, Pastor Iglesia Evangélica Luterana Unida
MARCELO SALGADO, Coordinador ISEPCI/Chaco.
MARCELO TISSEMBAUM, Periodista
LUIS ARGAÑARAS, Docente, Dramaturgo y Poeta.
JOSÉ LUIS BRES PALACIOS, Docente y Periodista.
BRUNO MARTÍNEZ, Periodista
BRIAN PELLEGRINI, Periodista
GABRIEL GAMARRA, Presidente de Unidos X la Diversidad.
SEVERO RANNIS, Médico
RENZO OSUNA, Militante DDHH
JUAN PABLO AGUILAR, Estudiante
DARÍO EDGARDO GÓMEZ, Delegado Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
HUGO WINGEYER, Docente Universitario, UNNe
CRISTIAN GACZYNSKI, Abogado
RICARDO MAIDANA, Ingeniero y militante LGTB
CESAR ABEL GÓMEZ, Sociólogo, Docente Universitario, UNNe
Fuente: ArgenPress.info - CHACO DIA POR DIA - 14/10/10
"Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y trabajando en la promoción del pleno ejercicio de los derechos humanos, nos aproximamos desde esa perspectiva para reflexionar y compartir pensamientos y acciones con todas y todos los ciudadanos de nuestra provincia.
Asumimos que el cuerpo de todas las personas es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen y consideramos a la persona en su dimensión física e intelectual como una unidad indivisible y toda ella, en su diversidad, plena de dignidad y respeto.
En esa perspectiva de derechos humanos y garantías es que reconocemos la diversidad de posiciones existente y la tomamos en serio y por ello queremos dialogar y debatir para construir una sociedad más equitativa.
El tema de la legalización del aborto evoca convicciones fuertes y variadas que comprende el área de la responsabilidad social, la inequidad de género que afecta gravemente a las mujeres, la situación económica, las estadísticas que nos muestran que la prohibición del aborto continua provocando muerte y desolación.
Esta situación nos llama a buscar, construir y proponer nuevos caminos que ponga fin a tal mortalidad relacionada con abortos realizados en la clandestinidad y que coloca a las ciudadanas de nuestra provincia en situación de vulnerabilidad.
Hay un discurso muy fuerte desde distintos sectores, que intentan reducir el debate sobre el aborto a una cuestión religiosa, a un delito o a un capricho del “feminismo”.
Las mujeres, niñas y jóvenes que llegan a optar por interrumpir voluntariamente un embarazo, pueden ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra novia, nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo, de estudio o nuestra vecina.
Entre otros factores, muchas mujeres, llegan a tomar esta decisión porque es un embarazo no deseado, por falta de educación e información, por no acceder a anticonceptivos o porque fueron víctima de algún abuso.
Sea cual fuera, todas ellas tienen que interrumpir su embarazo clandestinamente, las que tienen dinero lo hacen en condiciones sanitarias adecuadas, las que no tienen el dinero, lo hacen expuestas a condiciones que las llevan a engrosar las listas de miles de mujeres hospitalizadas o es una de las 100 mujeres que mueren por año en nuestro país, por un aborto clandestino mal practicado.
Entendemos que el problema no es religioso, la mayoría de las 500.000 mujeres que se practican un aborto, son católicas, evangélicas, judías o profesan algún credo, también lo fueron aquellas que murieron por esta causa.
Que se legalice el aborto, no implica que todas las mujeres vayan a abortar, La legalización permitiría que aquella mujer que necesite interrumpir su embarazo pueda hacerlo en condiciones de salud seguras, esta decisión sería tomada por la mujer en base a sus derechos y sus convicciones religiosas.
La mayoría de las mujeres que tienen que tomar una decisión de este tipo, no lo hace con liviandad o por gusto, es un dilema ético y psíquico y que la marca profundamente; la penalización del aborto solo la empuja hacia más clandestinidad y la expone a realizarlo en condiciones inadecuadas, con riesgos de complicaciones, incluyendo la muerte.
La justicia y la protección de sus derechos no llegan nunca para ellas. La ilegalidad también refuerza la condena social, la culpa y la estigmatización. Son las mujeres más pobres quienes tienen que cargar con todo esto.
Uno de los principales obstáculos en nuestro país para avanzar a la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es el poder económico de un negocio ilegal organizado que mueve muchos millones de pesos por año en nuestro país.
Como varones reconocemos que la realidad del embarazo y del aborto es un tema eminentemente complejo y que compete a la libertad tanto ciudadana como religiosa y de profundo respeto a la libertad de conciencia como espacio sagrado.
La penalización del aborto, hace que los derechos a la libertad y a la dignidad de las mujeres se encuentren cercenados en nuestro país
Coincidimos con las recomendaciones de Amnistía Internacional y con la decisión de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba La Plata y Comahue que se manifestaron a favor de la despenalización del aborto.
En función de estas consideraciones como varones planteamos:
• Nuestra exigencia para que el Estado garantice y lleve adelante el cumplimiento de la Educación Sexual en las Instituciones Educativas y en aquellas instituciones que lo requieran.
• El libre acceso a Anticonceptivos para todas las personas.
• Nuestro apoyo a todas las iniciativas que legalicen el aborto.
• Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal seguro y gratuito para no morir".
ALFREDO ZURITA, Medico Cirujano, Especialista en Salud Pública, Docente UNNe
RAÚL GLEIM, Pastor Iglesia Evangélica Luterana Unida
MARCELO SALGADO, Coordinador ISEPCI/Chaco.
MARCELO TISSEMBAUM, Periodista
LUIS ARGAÑARAS, Docente, Dramaturgo y Poeta.
JOSÉ LUIS BRES PALACIOS, Docente y Periodista.
BRUNO MARTÍNEZ, Periodista
BRIAN PELLEGRINI, Periodista
GABRIEL GAMARRA, Presidente de Unidos X la Diversidad.
SEVERO RANNIS, Médico
RENZO OSUNA, Militante DDHH
JUAN PABLO AGUILAR, Estudiante
DARÍO EDGARDO GÓMEZ, Delegado Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
HUGO WINGEYER, Docente Universitario, UNNe
CRISTIAN GACZYNSKI, Abogado
RICARDO MAIDANA, Ingeniero y militante LGTB
CESAR ABEL GÓMEZ, Sociólogo, Docente Universitario, UNNe
Fuente: ArgenPress.info - CHACO DIA POR DIA - 14/10/10
EL SÍ DE LOS VARONES
noticia compartida por Santiago Federico
Este mediodía, un grupo de varones presentará a la comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación, un documento de apoyo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. A las 14 comenzará el debate en esa comisión que –ya fuera de término- no podría emitir dictamen.
Un documento de apoyo a los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, será presentado este mediodía en la comisión de Legislación Penal de la cámara de Diputados de la Nación. El texto está firmado por varones que consideran que el tema, no es un problema sólo de mujeres, sino de toda la sociedad.
“Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y trabajando en la promoción del pleno ejercicio de los derechos humanos, nos aproximamos desde esa perspectiva para reflexionar y compartir pensamientos y acciones con todas y todos los ciudadanos” dice el texto que será presentado por algunos representantes como Federico Andahazi, Abraham Gak, Esteban Paulon (presidente Federación LGBT); Gustavo Obermann; Víctor Hugo Morales; Osvaldo Bayer; José Pablo Feinmann; Alan Pauls y Hugo Chumbita.
”Asumimos que el cuerpo de todas las personas es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen y consideramos a la persona en su dimensión física e intelectual como una unidad indivisible y toda ella, en su diversidad, plena de dignidad y respeto”, sostiene el documento que es reproducido al final de esta nota.
Como informó 8300web de ayer, existen dos proyectos para su tratamiento: el de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito, y el del partido Nuevo Encuentro.
¿Habrá despacho?
Si bien el debate que se inicia hoy en el Congreso constituye un hecho histórico, es posible que la convocatoria de la diputada de centroizquierda Cecilia Merchán (Proyecto Sur), no logre emitir un dictamen.
Según informó el sitio especializado El Parlamentario, la comisión no podrá emitir dictamen “por estar fuera de término y, por lo tanto, la reunión termina siendo simbólica con el único objetivo de marcar la agenda del año próximo”.
Que esto continúe
La militante feminista del colectivo Las Juanas, Leticia Mazzuca, dijo al servicio informativo de FM UNC-Calf que “tenemos mucha expectativa para que esto continúe y que se decidan a dar una debate serio, amplio, complejo, pero que se necesita para tomar las mejores decisiones y se respeten los derechos postergados de las mujeres”.
Mazzuca recordó que ellas impulsan el proyecto de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. “Entendemos que es el producto del trabajo serio y concienzudo de un montón de organizaciones de Derechos Humanos, de mujeres y de personas particulares, que se comprometieron de verdad con este tema y que elaboraron la mejor propuesta para saldar una deuda con las mujeres”.
“Es una puerta que se abrió y vendrán muchas instancias de debate, de modo que los legisladores no deberán negarse a escuchar las opiniones. Si se tomó la decisión de abrir el debate, no hay ya vuelta atrás”, afirmó.
EL ABORTO, UN PROBLEMA DE TODAS Y TODOS
Con la consigna “El aborto no es sólo un problema de las mujeres, es de toda la sociedad”, varones de distintos sectores de la sociedad presentarán hoy a las 12, en el salón Cabezas de la Cámara de Diputados de la Nación, un documento en el que exponen su apoyo a la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, del mismo modo que ya lo hicieron grupos en Chaco y Córdoba.
En este caso, la convocatoria es impulsada por la diputada Cecilia Merchán, de Libres del Sur, en el marco –informó– de las iniciativas llevadas adelante por la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estarán presentes, entre otros, Federico Andahazi (escritor), Mario Sebastiani (médico del Hospital Italiano), Abraham Gak (contador público, Plan Fénix), Luis Ziembrowski (actor) y Esteban Paulon (presidente Federación LGBT). Además, firman el documento los periodistas Víctor Hugo Morales, Juan Pablo Varsky y Ernesto Tenembaum, los escritores Osvaldo Bayer, Martín Caparrós y Alan Pauls, el artista Miguel Rep, Martín Caparrós, el actor Juan Palomino, entre varios más.
COMUNICADO DE PRENSA
el 30 de noviembre se realizará en La Comisión Penal de Diputados del Congreso de la Nación, una audiencia pública en relación al debate del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Para que el aborto sea legal
Para que el aborto sea legal
El martes 30 de noviembre a las 16 hs. en la Sala 1 (227) del Anexo del Congreso de la Nación se realiza una audiencia pública sobre la despenalización y legalización del aborto. La organiza la Comisión de Legislación Penal del Congreso presidida por el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) y tendrá el uso de la palabra Marianne Mollmann, de la organización Human Rights Watch.
Se trata de la primera vez en la historia de nuestro país que en el ámbito del Congreso de la Nación se discute sobre la legalización del aborto, sobre la cual hay dos proyectos presentados para su tratamiento en el recinto: el de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito, y el del partido Nuevo Encuentro.
Entendemos que el inicio de este debate es posible por el trabajo sostenido que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito venimos realizando junto a numerosísimas organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos, feministas, del movimiento LGTTBI, activistas lesbianas, travestis, personalidades de ámbitos de la cultura y de los medios de comunicación, legisladoras/es de distintos partidos políticos,
profesionales de la medicina y del derecho. Las resoluciones de varias Universidades públicas nacionales han sumado su respaldo a la necesidad de este debate, fortaleciendo así el reclamo que impulsamos.
En esta oportunidad convocamos a las organizaciones y a todas aquellas personas que apoyan los proyectos de legalización del aborto a acompañarnos en la audiencia pública del martes 30 de noviembre; audiencia que marca un hito en nuestras luchas para que los derechos humanos lleguen también a las humanas.
Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito www.abortolegal.com.ar
http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com/
Argentina, 28 de noviembre de 2010
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