La trampa del aborto no punible

Este documento expone los fundamentos por los cuales desde ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género consideramos inadecuados y regresivos los proyectos que se discutirán el próximo 27 de septiembre en la reunión de la Comisión de Derecho Penal de la Cámara de Diputados de la Nación en relación a la regulación del aborto no punible (ANP).

La prohibición del aborto vigente en nuestro país atenta contra diversos derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad sexual y al pleno ejercicio de su autonomía. Es por esa razón que quienes integramos ELA apoyamos aquellas iniciativas que proponen la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los proyectos de ley presentados ante la Cámara de Diputados con el único fin de regular los ANP merecen nuestra crítica . Es un hecho irrefutable que en la actualidad los abortos permitidos por el artículo 86 del Código Penal desde 1922 no se realizan y que, en el mejor de los casos, su realización está precedida por un trámite de autorización judicial que la ley no requiere. Esta situación implica graves responsabilidades para el Estado argentino en virtud de incumplimientos reiterados de los pactos de Derechos Humanos, que han sido señalados por el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso L.R.M. confirma esto, ya que frente a la negativa de las autoridades médicas y judiciales a realizar un ANP, se estableció que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.

Los proyectos presentados que buscan la regulación del ANP, lejos están de cumplir con los objetivos que manifiestan. Es por esta razón que receptar en forma favorable cualquiera de las iniciativas presentadas que pretenden exclusivamente reformar el Art. 86 del Código Penal Argentino significaría un retroceso respecto de la situación actual, que de por sí ya es lesiva para los derechos de las mujeres.
Ninguno de los proyectos establece explícitamente que no es necesaria la autorización judicial para la realización de un ANP. Las experiencias de judicialización indican que es necesario aclarar el tema en forma contundente, ya que este es el principal escollo que atraviesan las mujeres al solicitar un ANP ante los servicios de salud. En este sentido consideramos que hubiera sido correcto seguir la técnica legislativa de la ley 26.130, de Contraconcepción Quirúrgica que dispone en su Art. 2 que no es necesaria la autorización judicial. Sin esta aclaración se perpetúa la incertidumbre que obstruye la práctica.

De ninguna manera es adecuado restringir el acceso a un ANP exclusivamente a los casos en los que el embarazo sea causado por un abuso sexual con acceso carnal, tal como propone el Proyecto 7054-D-2010, ya que esto dejaría por fuera de la protección legal a las mujeres que sean abusadas sexualmente sin penetración, por ejemplo por inseminación forzosa.

Obligar a las mujeres víctimas de abusos sexuales a judicializar su caso para poder ejercer su derecho a un ANP resulta lesivo a la intimidad y generaría en las mujeres una revictimización con justificaciones que ofenden a las mujeres tales como evitar denuncias falsas para obtener un aborto. Este tipo de argumentación desconoce la realidad social y el tortuoso camino que deben desandar quienes han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual cuando se judicializa, donde son puestas en el banquillo de las acusadas por un sistema que acepta estándares de prueba que ponen en jaque la dignidad de las mujeres. Realizar esta expropiación del conflicto resulta inaceptable.

Limitar el acceso de los ANP en caso de delitos contra la integridad sexual al cumplimiento de un plazo determinado resulta sumamente lesivo de los derechos de las mujeres, sobre todo que aquellas que se encuentran en mayor probabilidad de ser vulnerabilizadas, como las niñas y las discapacitadas. En la mayoría de estos casos se toma noticia de la existencia de un embarazo cuando este se encuentra en un periodo gestacional avanzado. Por ejemplo en el caso L.R.M se acudió al sistema de salud a las 14,5 semanas. La regulación hoy vigente no impone un límite temporal para la interrupción de los embarazos productos de delitos contra la integridad sexual, y una reforma en ese sentido sería claramente regresiva.

Por otra parte no se aclara que sucede en los casos de niñas o mujeres incapaces, cuando la voluntad de suspender el embarazo de estas colisione con la de sus representantes legales.


Llevar al debate legislativo, tan largamente esperado, estos deficientes proyectos de regulación de los ANP constituye una trampa que debilita el verdadero debate que se debería dar en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Estos proyectos representan un retroceso al restringir aún más las condiciones de acceso al ANP, de modo tal que restringen los derechos de las mujeres hoy vigentes y no contribuyen a solucionar las controversias jurídicas existentes. De aprobarse, estos proyectos vulnerarían el principio de progresividad del derecho internacional de los derechos humanos al cual está sometido nuestro país.

Desde ELA expresamos nuestra profunda preocupación por esta maniobra y convocamos a legisladores y legisladoras a dar un debate que reconozca una ciudadanía plena a las mujeres y niñas que les posibilite ejercer sus derechos en forma efectiva

Repudio por la Campaña “Maldita decisión”

En los últimos días pudo verse una foto dónde la modelo Natalia Fassi posa “a favor de la vida”, luciendo un embarazo avanzado, con la palabra “Vida” pintada en su panza, dos jeringas presionando su vientre y sangre chorreando por su entrepierna, en una clara condena sensacionalista a la práctica de interrupción voluntaria de un embarazo.

“Estoy muy contenta que una futura mamá haya tomado la decisión de defender la vida de una manera tan creativa, que se haya animado a dar este mensaje tan fuerte para concientizar a las chicas a no pasar por el sufrimiento de un aborto”, dice en su web la diputada nacional Cynthia Hotton, conocida por su oposición a la ley de matrimonio igualitario y al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras políticas de ampliación de derechos.

Esta modalidad de “generar consciencia” no es creativa ni novedosa, sino que se inscribe en las estrategias a las que tradicionalmente recurren los sectores anti-derechos; establecen una falsa antinomia entre mujer madre y mujer que aborta, como si èstas últimas no pudiesen ser madres ya, o desear serlo en un futuro. Todo ésto, acompañado de imágenes sensacionalistas de fetos descuartizados y mujeres ensangrentadas, que poco tienen que ver con las situaciones reales de las mujeres que atraviesan la experiencia de interrumpir un embarazo, al menos cuando éste se realiza en condiciones seguras.

“A través de las imágenes Natalia logra ilustrar lo que, desde Valores para mi País, venimos impulsando, que el aborto es una práctica que perjudica física y psicológicamente a la mujer y le trae consecuencias que en muchos casos son irreversibles”, dice la diputada que representa al conservadurismo religioso en el Congreso Nacional.

La campaña que presenta Fassi, tergiversa la realidad del reclamo por la legalización del aborto, ya que esta práctica no se lleva adelante en un estado avanzado de gestación como el que la modelo representa (tiene 8 meses y medio de gestación real), ni supone de por sí, el sufrimiento físico (ni emocional) que esa imagen intenta transmitir, apelando a la mentira y al miedo, pilares del oscurantismo al que Cynthia Hotton comulga.

El sufrimiento que ésta imagen intenta representar, es en todo caso, el que atraviesan las mujeres que no tienen acceso a un aborto seguro, que recurren a métodos invasivos y de alto riesgo, en etapas avanzadas de la gestación, y que aún en contextos de clandestinidad arriesgan su vida porque SU sufrimiento pasa por seguir adelante con un embarazo que nunca desearon.

Esas mujeres, no necesitan que alguien se arrogue la autoridad moral de bendecir o maldecir su decisión, sino de un Estado que responda por los derechos humanos de las mujeres y arbitre las medidas necesarias para su real acceso a políticas de salud que garanticen su integridad y autonomía.

Y esto sólo se logrará cuando el Congreso Nacional debata y apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y el Estado Nacional garantice su efectivo cumplimiento a lo largo y ancho de nuestro país, para que las mujeres como Natalia Fassi puedan elegir ser madres, y las que deciden no seguir adelante con un embarazo, no mueran en el intento, como sucede diariamente en nuestro país.

varonesxelabortolegal@gmail.com

http://varonesporelabortolegal.blogspot.com/

Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no morir.

Resolución pidiendo tratamiento de la ley de despenalización del aborto

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” aprobó una resolución solicitándole tratamiento de la ley a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. También pidió campañas de salud reproductiva.

La secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores de la Universidad, Elena González, manifestó que este pedido es coincidente con diversas universidades del país y tiende a que ambas cámaras del Congreso Nacional aprueben el proyecto que ya tiene el aval de 47 diputados.

“Lo solicitamos porque es un tema que hay que tratarlo para resolver las casi 700 muertes de mujeres que se producen al año, producto de los abortos clandestinos”, dijo la docente.

También puntualizó que al momento del tratamiento de la resolución “hubo un debate muy enriquecedor porque uno de los integrantes del Consejo Superior hizo una investigación donde se ha demostrado que en los países donde se ha legalizado y despenalizado que es el problema más serio de nuestro país, la realización de abortos se concretan en el ámbito de la salud pública y el número de los mismos ha disminuido en un altísimo porcentaje”.

Asimismo puntualizó que en el debate académico se enfatizó en las muertes que se producen por esta causa y asimismo “de la libertad de la mujer de ejercer un derecho sobre su cuerpo, además de que es un problema de género porque únicamente se penaliza a la mujer, mientras que en muchos matrimonios la decisión es compartida con el hombre”.

La docente universitaria también manifestó que el hecho de que se apruebe el aborto “no significa que todas las mujeres se lo van a realizar, sino que en nuestro país hay gente que no quiere que se trate la ley porque está defendiendo el gran negocio que significa la realización de los abortos clandestinos”.

Asimismo señaló que un docente de profesión abogado, en la reunión del Consejo Superior remarcó, que “nunca se vio que haya sido penalizada una mujer de tez blanca pero sí de tez oscura porque este es un problema de clases”.

Sostuvo González que el proyecto fue presentado en el 2007 y “cada vez va tomando más cuerpo la posibilidad de que se trate”

Fuente:http://www.diariojornada.com.ar/Noticia/Default.aspx?id=10344