Adherimos a todas las manifestaciones de reclamo que se vienen produciendo a lo largo y ancho del país, para que la niña, embarazada a consecuencia de una violación por parte de su tío materno, acceda de manera inmediata, segura, confidencial y respetuosa a su derecho a la interrupción de dicho embarazo en el sistema público de salud, tal como lo solicitó ella con el apoyo de su familia.
La circunstancia de que en el Código Penal el aborto sea un delito contribuye a que no se realicen los abortos en los casos permitidos como el de la niña violada, porque permite que se genere una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones, dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación. Esta legislación requiere del Ministerio de Salud un instrumento que protocolice su práctica para detener la evasión de responsabilidades de los efectores públicos, sometidos a presiones políticas que los conducen al delito de incumplimiento de su función pública.
Claramente lo ha expresado el Comité de DDHH de la ONU al señalar su preocupación de que “la criminalización del aborto disuade a los médicos de realizar la práctica cuando es legal”, por lo que el cambio de la legislación es necesario y urgente.
Ratificamos nuestra voluntad de seguir trabajando para que ningún caso de Aborto No Punible (ANP) sea desatendido, dilatado, obstaculizado o negado impunemente, a la vez que bregamos por la despenalización y legalización del aborto para que todas las mujeres puedan ejercer el derecho a decidir la interrupción del embarazo durante las primeras doce primeras semanas del proceso gestacional.
Denunciamos que se utilizan datos falsos sobre la edad gestacional del embarazo y sobre los riesgos del aborto realizado por profesionales idóneos y en cumplimiento de los requisitos técnicos y las disposiciones legales, con el objetivo de disuadir a la familia que intenta proteger a su hija de los efectos destructivos del ataque padecido.
La continuidad del embarazo prolonga y avala la voluntad omnipotente del violador de imponer el embarazo como castigo. Es pura complicidad en ignorar a la niña como sujeto de derechos y de respeto.
Llamamos:
- Al Sistema de Salud de la provincia de Misiones y al Sistema de Salud Nacional responsables de la protección de su salud y sus derechos a dar respuesta inmediata y efectiva al reclamo de esta joven, revelando la falsedad de los argumentos esgrimidos para disuadir a la niña y su familia.
- A los/las legisladores/as nacionales a dar prioridad al tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación presentado por la Campaña.
Educación sexual para decidir
anticonceptivos para no abortar
aborto legal para no morir
Contactos
- Estela Díaz (La Plata): 0221-5402552
- Claudia Anzorena (Mendoza): 0261-156616491
- Cristina Ércoli (La Pampa): 02954-411536
- Florencia López (Bs.As.): 011-1531962575
- Marta Alanís (Cba.): 0351-155-649981
- Ruth Zurbriggen (Neuquén): 0299-154282357
Argentina, 11 de agosto de 2011
Entendemos que por cada mujer que aborta en la Argentina hay uno o más varones que como parejas, compañeros, padres, hijos, amigos u otras relaciones afectivas, sufrimos por las consecuencias de la penalización y la clandestinidad del aborto a las que se ven sometidas las mujeres que amamos.
Un derecho, muchas violaciones
Frente a una niña de 14 años, víctima de violación por parte de una persona
de su familia en la provincia de Misiones, el sistema de salud vuelve a
fallar al no garantizar el derecho al aborto no punible previsto en nuestro
Código Penal.
Para agravar la situación, el sistema de justicia incumple su rol
fundamental de garante de derechos y dilata una decisión para rescatar a la
niña de las sucesivas vulneraciones a sus derechos humanos. Si bien el
Código Penal no requiere (ni podría requerir) la autorización previa de la
justicia para llevar adelante lo que es en esencia una práctica médica, la
falta de intervención del Poder Judicial aumenta el desamparo y la
denegación de justicia para la niña.
Este caso es un nuevo ejemplo de una realidad dramática que se repite en
diversas jurisdicciones del país y que ha sido denunciada por muchas
organizaciones no gubernamentales en distintos foros internacionales. A
pesar de las recomendaciones concretas que ha recibido nuestro país por
parte de organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados
Americanos, el Estado argentino incumple esos mandatos y las mujeres siguen
sufriendo las consecuencias de políticas públicas deficientes que no
sólo esquivan el problema de la violencia en las relaciones interfamiliares,
sino que además no alcanzan a asegurar el acceso a información,
anticoncepción, y píldoras del día después para los casos de embarazo
forzado (entre otros motivos, por situaciones de violencia sexual).
Las organizaciones abajo firmantes exigen al Estado – tanto a nivel nacional
como provincial y municipal- que tomen inmediata intervención en el caso de
esta niña, e impida que se profundice la violación de sus derechos.
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Crisálida Tucumán
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (CLADEM-Argentina)
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Mujeres Autoconvocadas de Trelew
Multisectorial de Mujeres de Santa Fé
Tramas. Derecho en Movimiento (Santa Fe)
Adhiere:
Varones por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Mendoza)
de su familia en la provincia de Misiones, el sistema de salud vuelve a
fallar al no garantizar el derecho al aborto no punible previsto en nuestro
Código Penal.
Para agravar la situación, el sistema de justicia incumple su rol
fundamental de garante de derechos y dilata una decisión para rescatar a la
niña de las sucesivas vulneraciones a sus derechos humanos. Si bien el
Código Penal no requiere (ni podría requerir) la autorización previa de la
justicia para llevar adelante lo que es en esencia una práctica médica, la
falta de intervención del Poder Judicial aumenta el desamparo y la
denegación de justicia para la niña.
Este caso es un nuevo ejemplo de una realidad dramática que se repite en
diversas jurisdicciones del país y que ha sido denunciada por muchas
organizaciones no gubernamentales en distintos foros internacionales. A
pesar de las recomendaciones concretas que ha recibido nuestro país por
parte de organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados
Americanos, el Estado argentino incumple esos mandatos y las mujeres siguen
sufriendo las consecuencias de políticas públicas deficientes que no
sólo esquivan el problema de la violencia en las relaciones interfamiliares,
sino que además no alcanzan a asegurar el acceso a información,
anticoncepción, y píldoras del día después para los casos de embarazo
forzado (entre otros motivos, por situaciones de violencia sexual).
Las organizaciones abajo firmantes exigen al Estado – tanto a nivel nacional
como provincial y municipal- que tomen inmediata intervención en el caso de
esta niña, e impida que se profundice la violación de sus derechos.
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Crisálida Tucumán
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (CLADEM-Argentina)
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Mujeres Autoconvocadas de Trelew
Multisectorial de Mujeres de Santa Fé
Tramas. Derecho en Movimiento (Santa Fe)
Adhiere:
Varones por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Mendoza)
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