Por el Pastor Frank de Nully Brown, Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.
El tema de la despenalización del aborto, que será motivo de debate en el Congreso Nacional, exige desde nuestra fe cristiana una profunda y sincera reflexión que contribuya a la valoración de la vida y al respeto y dignidad de todos los seres humanos en nuestra sociedad.
Limitar la discusión de la despenalización del aborto a una puja entre quienes están a favor y en contra de la práctica, es trivializarla: nadie puede estar a favor de la interrupción de una vida. Pero esta problemática va más allá de esta falsa polarización: la mujer que busca abortar lo hace con angustia y tristeza. La comunidad tiene que asumir esta realidad no escondiéndola sino sacándola a la luz.
Una reflexión pastoral debe abordar su tratamiento considerándolo en todas sus dimensiones físicas, sociales, éticas y espirituales. Para ello comparto aquí algunas reflexiones que procuran aportar a su mejor comprensión.
El aborto es un problema social
El tema del aborto debe ser considerado en relación con el contexto social en el cual ocurre. Nuestra sociedad carece de una adecuada educación sexual, planificación familiar e igualdad de género lo que contribuye a que se multipliquen los embarazos no deseados. Por otro lado, el aborto se ha constituido en un verdadero comercio, ya que, en la actualidad, la ley aprueba su práctica en forma muy restringida. Los sectores medios y altos de la sociedad pueden acceder a una atención clandestina segura, pero para muchísimas mujeres de limitados recursos, debido a prácticas no profesionales y riesgosas, interrumpir la gestación implica atentar contra su propia vida. El Estado debe intervenir en dos sentidos: legislando la despenalización para evitar también la muerte de las madres y garantizando condiciones de equidad económica, educativa y sanitaria para que el aborto no sea una opción.
La penalización no resuelve el sufrimiento
La realidad del aborto no se resuelve penalizando a la mujer que lo practica y dejando de lado la responsabilidad del varón. Porque el problema no es solo de las mujeres, es un problema de todos. Poner el tema en su adecuado contexto lleva a considerar el reclamo de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y, por otro lado, abordar el sufrimiento de muchas mujeres desprotegidas.
Diálogo para construir libertad y dignidad
Por todo lo dicho considero que despenalizar el aborto puede ayudar al diálogo que contribuya a la edificación de nuestra sociedad. Cada víctima del aborto no puede convertirse en un número más porque es alguien a quien Dios ama y a quien también nosotros debemos amar profundamente. Esconder nuestras prácticas culturales de abortos clandestinos no ayuda a enfrentarlas y a tomar decisiones inspiradas en la libertad y la dignidad de las personas.
Es nuestro deseo que se pueda generar en nuestra sociedad una discusión madura donde todos tengan la oportunidad de aportar sus propias visiones. Porque:
”Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma ’Yo amo a Dios’, pero odia a su hermano es un mentiroso: pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quienes no ha visto” (1 Juan 4:19-20).
Fuente: http://www.iglesiametodista.org.ar/v2/detalle.php?id_nota=170
Febrero 25 de 2011
Entendemos que por cada mujer que aborta en la Argentina hay uno o más varones que como parejas, compañeros, padres, hijos, amigos u otras relaciones afectivas, sufrimos por las consecuencias de la penalización y la clandestinidad del aborto a las que se ven sometidas las mujeres que amamos.
Proyecto de Ley de legalización/despenalización del aborto en Argentina
El presente proyecto fue presentado por primera vez en la Cámara de Diputados/as el 28 de mayo de 2007. El objetivo de las y los firmantes era que el mismo adquiera estado parlamentario para darle tratamiento junto con las demás iniciativas referidas a esta temática.
Sin embargo fue ” cajoneado” , y en marzo de 2010, sin ser tratado, el proyecto perdió estado parlamentario. Pero el día 16 de marzo de 2010 en un importante acto con diputadas y diputados que apoyran el proyecto, las organizaciones que conformamos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Grautito volvimos a presentar el proyecto de ley,esta vez con más de 33 firmas de diputadas y diputados y apoyo y representación de casi todos los bloques de la Cámara de Diputados, y con expediente 0998-D-2010
Artículo 1º: Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional.
Artículo 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la presente ley.
Artículo 3º: Fuera del plazo establecido en el art 1º toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en los siguientes casos:
a) Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud.
b) Si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer.
c) Si existieran malformaciones fetales graves.
Artículo 4º: Previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito.
Artículo 5º: Los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones mencionadas en los arts. 1º y 3º y los de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Asimismo deberán garantizar en forma permanente las prestaciones enunciadas en la presente ley, incluyendo el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos.
Artículo 6º: Aquellos médicos/as y demás personal de salud que manifiesten objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia esta ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de treinta días corridos contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio. Los/as profesionales que no hayan expresado objeción en los términos establecidos no podrán negarse a efectuar las intervenciones. En todos los casos la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de la práctica.
Artículo 7º: Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.
Artículo 8º: En caso de que la interrupción del embarazo deba practicarse a una mujer de menos de catorce años se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales, o en su ausencia o inexistencia de su guardador de hecho. En todos los casos la niña deberá ser oída y frente a cualquier otro interés se considerará primordial la satisfacción del interés superior de la niña en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849).
Artículo 9º: Si se tratara de una mujer declarada incapaz en juicio se requerirá el consentimiento informado de su representante legal.
Artículo 10º: Derogase el Art. 85 inc. 2 del Código Penal de la Nación.
.
Artículo 11º: Deróganse los Arts. 86 y 88 del Código Penal de la Nación.
Artículo 12: De forma.
Firmantes 2010:
Juliana Di Tullio (FPV), María luisa Storani (UCR), Miguel Barrios (PS), Cecilia Merchan (Libres del SUR), Marcela Rodríguez (CC), Héctor Álvaro (FPV), Adela Segarra (FPV), (SI)lvia Storni (UCR), Nélida Belois (Proy. progre(SI)sta), Claudio Lozano (SUR), Fabián Peralta (GEN), Verónica Benas (SI), Fernanda Gil Lozano (CC), Lisandro Viale (PS), Mónica Fein (PS), Alicia Ciciliani (PS), Liliana Parada (SUR), María Josefa Areta (Frente de todos), Adriana Puiggrós (FPV), Néstor Hugo Castañón (UCR), Horacio Alcuaz (GEN), Victoria Donda Pérez (Libres del SUR), Gerardo Milman (GEN), Silvana Giudici (UCR), Fernanda Reyes (CC), Hector Recalde (FPV), Martín Sabatella (NEPyS), Vilma Ibarra (NEPyS), Carlos Heller (NEPyS), Ricardo Cu(CC)ovillo (PS), Roy Cortina (PS), Jorge Rivas (NEPyS), Ariel Basteiro (NEPyS), Adriana García (Peronismo federal), Lorena Rossi (Peronismo federal).
PROYECTO DE LEY
Iniciado: Diputados Expediente: 0998-D-2010 Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 16/03/2010
Firmantes en 2007:
Silvia AUGSBURGER, María Josefa ARETA, Nélida BELOUS, Verónica BENAS, Margarita BEVERAGGI, Delia BISUTTI, Victoria DONDA PÉREZ, Fernanda GIL LOZANO, Silvana GIUDICI, Leonardo GORBACZ, Claudio LOZANO, Cecilia MERCHAN, Fabián PERALTA, Marcela RODRÍGUEZ, Laura SESMA
Miguel BARRIOS, Juliana DI TULLIO, Lisandro VIALE, Silvia STORNI, Juan SYLVESTRE BEGNIS
Expte. N° 2700-D-08
Fecha: 28/05/08
Sin embargo fue ” cajoneado” , y en marzo de 2010, sin ser tratado, el proyecto perdió estado parlamentario. Pero el día 16 de marzo de 2010 en un importante acto con diputadas y diputados que apoyran el proyecto, las organizaciones que conformamos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Grautito volvimos a presentar el proyecto de ley,esta vez con más de 33 firmas de diputadas y diputados y apoyo y representación de casi todos los bloques de la Cámara de Diputados, y con expediente 0998-D-2010
Artículo 1º: Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional.
Artículo 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la presente ley.
Artículo 3º: Fuera del plazo establecido en el art 1º toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en los siguientes casos:
a) Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud.
b) Si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer.
c) Si existieran malformaciones fetales graves.
Artículo 4º: Previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito.
Artículo 5º: Los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones mencionadas en los arts. 1º y 3º y los de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Asimismo deberán garantizar en forma permanente las prestaciones enunciadas en la presente ley, incluyendo el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos.
Artículo 6º: Aquellos médicos/as y demás personal de salud que manifiesten objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia esta ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de treinta días corridos contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio. Los/as profesionales que no hayan expresado objeción en los términos establecidos no podrán negarse a efectuar las intervenciones. En todos los casos la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de la práctica.
Artículo 7º: Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.
Artículo 8º: En caso de que la interrupción del embarazo deba practicarse a una mujer de menos de catorce años se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales, o en su ausencia o inexistencia de su guardador de hecho. En todos los casos la niña deberá ser oída y frente a cualquier otro interés se considerará primordial la satisfacción del interés superior de la niña en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849).
Artículo 9º: Si se tratara de una mujer declarada incapaz en juicio se requerirá el consentimiento informado de su representante legal.
Artículo 10º: Derogase el Art. 85 inc. 2 del Código Penal de la Nación.
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Artículo 11º: Deróganse los Arts. 86 y 88 del Código Penal de la Nación.
Artículo 12: De forma.
Firmantes 2010:
Juliana Di Tullio (FPV), María luisa Storani (UCR), Miguel Barrios (PS), Cecilia Merchan (Libres del SUR), Marcela Rodríguez (CC), Héctor Álvaro (FPV), Adela Segarra (FPV), (SI)lvia Storni (UCR), Nélida Belois (Proy. progre(SI)sta), Claudio Lozano (SUR), Fabián Peralta (GEN), Verónica Benas (SI), Fernanda Gil Lozano (CC), Lisandro Viale (PS), Mónica Fein (PS), Alicia Ciciliani (PS), Liliana Parada (SUR), María Josefa Areta (Frente de todos), Adriana Puiggrós (FPV), Néstor Hugo Castañón (UCR), Horacio Alcuaz (GEN), Victoria Donda Pérez (Libres del SUR), Gerardo Milman (GEN), Silvana Giudici (UCR), Fernanda Reyes (CC), Hector Recalde (FPV), Martín Sabatella (NEPyS), Vilma Ibarra (NEPyS), Carlos Heller (NEPyS), Ricardo Cu(CC)ovillo (PS), Roy Cortina (PS), Jorge Rivas (NEPyS), Ariel Basteiro (NEPyS), Adriana García (Peronismo federal), Lorena Rossi (Peronismo federal).
PROYECTO DE LEY
Iniciado: Diputados Expediente: 0998-D-2010 Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 16/03/2010
Firmantes en 2007:
Silvia AUGSBURGER, María Josefa ARETA, Nélida BELOUS, Verónica BENAS, Margarita BEVERAGGI, Delia BISUTTI, Victoria DONDA PÉREZ, Fernanda GIL LOZANO, Silvana GIUDICI, Leonardo GORBACZ, Claudio LOZANO, Cecilia MERCHAN, Fabián PERALTA, Marcela RODRÍGUEZ, Laura SESMA
Miguel BARRIOS, Juliana DI TULLIO, Lisandro VIALE, Silvia STORNI, Juan SYLVESTRE BEGNIS
Expte. N° 2700-D-08
Fecha: 28/05/08
Necesidad y urgencia
El año legislativo 2011 está por comenzar y tiene una promesa pendiente: debatir el proyecto de ley sobre legalización del aborto. El sábado pasado, en un plenario ampliado, mujeres y varones de diferentes espacios y militancias reafirmaron su decisión con propuestas muy concretas de que este tema urgente, que convierte en criminales ante la ley a tantas mujeres, se discuta en el Congreso.
Por Elisabet Contrera
El compromiso público lo asumieron el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Carlos Vega, y los 50 legisladores/as que apoyan con su firma la iniciativa. Mientras tanto, desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se preparan para dar pelea en el caso de que la promesa se pierda en los tira y afloje de la campaña electoral. En un plenario ampliado, realizado el sábado pasado, mujeres y varones de diferentes espacios y militancias reafirmaron su decisión de luchar este año por el proyecto y acordaron, entre otros puntos, encuestar a los candidatos y candidatas a cargos electivos de todo el país para conocer su postura sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En la sala central del Sindicato de los Trabajadores de la Educación repleta de pañuelos verdes, Estela Díaz improvisó un balance de los logros hasta el momento. “En 2010 se presentó por tercera vez el proyecto de despenalización con la firma de 50 diputados y diputadas. Además, cuenta con el apoyo de 280 organizaciones que integran el espacio”, afirmó. “Esto es prueba del avance en el compromiso social, político y cultural”, remarcó.
Tras años de lucha de los movimientos de mujeres, a fines del año pasado se debatió sobre el tema por primera vez en la historia legislativa. Marianne Mollman, de Human Rights Watch, participó de una audiencia pública convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja. En pocos días, según informó el diputado Vega, está previsto continuar con las consultas. En primer lugar, se daría lugar a la posición de los referentes religiosos y luego, a los especialistas del ámbito académico. En este contexto, el plenario ampliado tuvo como objetivo consensuar un plan de acción para que se retome la discusión y se sumen más voces a favor de la legalización.
Además de las encuestas a los candidatos, al final del encuentro se resolvió: publicar una solicitada el 8 de marzo; producir más documentos académicos que respalden la práctica; realizar un festival el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres; ampliar la articulación y trabajo con el ámbito universitario, sindical, judicial y social; impulsar la formación de comunicadores/as en la materia y producir material gráfico, spot radiales y televisivos.
La discusión entre las organizaciones que integran la campaña tuvo un punto en común: el efecto de las elecciones en el tratamiento del proyecto.
“No será un año fácil para reinstalar la temática, pero hay que seguir dando el debate. La legalización del aborto es una deuda con la democracia, con la justicia social y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”, sostuvo Díaz.
“Hay que meter este tema en la campaña”, sostuvo Gonzalo Moyano, de la Cátedra Libre de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA. “Si un chico roba a un comerciante, los medios saldrán a preguntar a los candidatos qué harán para combatir la inseguridad. El aborto, que es una tragedia cotidiana en nuestro país, debería generar el mismo efecto y, por ello, debemos instar a los legisladores para que se pronuncien a favor o en contra.”
La legisladora porteña Diana Maffía y Mario Pecheny, profesor de Ciencia Política de la UBA, respaldaron la propuesta. “No hay que preguntar si están a favor o en contra, sino que hay que invertir la carga de la prueba y preguntar, por ejemplo, si están de acuerdo con que las mujeres vayan presas si se hacen un aborto”, planteó. “Tenemos que desinstalar la idea de que este tema es piantavotos, como pasó con el matrimonio igualitario”, agregó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Tras, quien además anunció la incorporación de la organización a la campaña.
Nelly Minyersky, investigadora de la Facultad de Derecho de la UBA y presidenta de la Comisión de Derecho Civil de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, propuso formar un grupo interdisciplinario integrado, especialmente, por académicos del sector de la salud. “Hay que conectarse con el sector, pedir entrevistas a los directores de los hospitales, ofrecer capacitación. Debemos cambiar la conciencia de los médicos antes de que salga la ley y para que salga la ley”, explicó. “Otro punto importante es fortalecer el trabajo con organizaciones de base”, sumó Luciano Fabbri, del colectivo de Varones Antipatriarcales.
“Este año se puede sacar la legalización. El año pasado discutimos por primera vez en la historia el tema y, por esa razón, hay que reinstalar el tema dentro y fuera del Congreso”, reclamó la diputada nacional (Libres del Sur) Cecilia Merchán, una de las impulsoras junto a la legisladora María Luisa Storani de la primera audiencia pública. “Tenemos que estar confiadas en que va a salir. Las especulaciones políticas que las sigan haciendo los políticos”, arengó.
Por Elisabet Contrera
El compromiso público lo asumieron el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Carlos Vega, y los 50 legisladores/as que apoyan con su firma la iniciativa. Mientras tanto, desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se preparan para dar pelea en el caso de que la promesa se pierda en los tira y afloje de la campaña electoral. En un plenario ampliado, realizado el sábado pasado, mujeres y varones de diferentes espacios y militancias reafirmaron su decisión de luchar este año por el proyecto y acordaron, entre otros puntos, encuestar a los candidatos y candidatas a cargos electivos de todo el país para conocer su postura sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En la sala central del Sindicato de los Trabajadores de la Educación repleta de pañuelos verdes, Estela Díaz improvisó un balance de los logros hasta el momento. “En 2010 se presentó por tercera vez el proyecto de despenalización con la firma de 50 diputados y diputadas. Además, cuenta con el apoyo de 280 organizaciones que integran el espacio”, afirmó. “Esto es prueba del avance en el compromiso social, político y cultural”, remarcó.
Tras años de lucha de los movimientos de mujeres, a fines del año pasado se debatió sobre el tema por primera vez en la historia legislativa. Marianne Mollman, de Human Rights Watch, participó de una audiencia pública convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja. En pocos días, según informó el diputado Vega, está previsto continuar con las consultas. En primer lugar, se daría lugar a la posición de los referentes religiosos y luego, a los especialistas del ámbito académico. En este contexto, el plenario ampliado tuvo como objetivo consensuar un plan de acción para que se retome la discusión y se sumen más voces a favor de la legalización.
Además de las encuestas a los candidatos, al final del encuentro se resolvió: publicar una solicitada el 8 de marzo; producir más documentos académicos que respalden la práctica; realizar un festival el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres; ampliar la articulación y trabajo con el ámbito universitario, sindical, judicial y social; impulsar la formación de comunicadores/as en la materia y producir material gráfico, spot radiales y televisivos.
La discusión entre las organizaciones que integran la campaña tuvo un punto en común: el efecto de las elecciones en el tratamiento del proyecto.
“No será un año fácil para reinstalar la temática, pero hay que seguir dando el debate. La legalización del aborto es una deuda con la democracia, con la justicia social y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”, sostuvo Díaz.
“Hay que meter este tema en la campaña”, sostuvo Gonzalo Moyano, de la Cátedra Libre de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA. “Si un chico roba a un comerciante, los medios saldrán a preguntar a los candidatos qué harán para combatir la inseguridad. El aborto, que es una tragedia cotidiana en nuestro país, debería generar el mismo efecto y, por ello, debemos instar a los legisladores para que se pronuncien a favor o en contra.”
La legisladora porteña Diana Maffía y Mario Pecheny, profesor de Ciencia Política de la UBA, respaldaron la propuesta. “No hay que preguntar si están a favor o en contra, sino que hay que invertir la carga de la prueba y preguntar, por ejemplo, si están de acuerdo con que las mujeres vayan presas si se hacen un aborto”, planteó. “Tenemos que desinstalar la idea de que este tema es piantavotos, como pasó con el matrimonio igualitario”, agregó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Tras, quien además anunció la incorporación de la organización a la campaña.
Nelly Minyersky, investigadora de la Facultad de Derecho de la UBA y presidenta de la Comisión de Derecho Civil de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, propuso formar un grupo interdisciplinario integrado, especialmente, por académicos del sector de la salud. “Hay que conectarse con el sector, pedir entrevistas a los directores de los hospitales, ofrecer capacitación. Debemos cambiar la conciencia de los médicos antes de que salga la ley y para que salga la ley”, explicó. “Otro punto importante es fortalecer el trabajo con organizaciones de base”, sumó Luciano Fabbri, del colectivo de Varones Antipatriarcales.
“Este año se puede sacar la legalización. El año pasado discutimos por primera vez en la historia el tema y, por esa razón, hay que reinstalar el tema dentro y fuera del Congreso”, reclamó la diputada nacional (Libres del Sur) Cecilia Merchán, una de las impulsoras junto a la legisladora María Luisa Storani de la primera audiencia pública. “Tenemos que estar confiadas en que va a salir. Las especulaciones políticas que las sigan haciendo los políticos”, arengó.
La Corte ante una oportunidad histórica para resolver controversia sobre abortos no punibles
Comunicado de la Asociación por los Derechos Civiles
Con motivo de los anuncios realizados ayer en el marco de la inauguración del año judicial y la preocupación expresada por la Corte Suprema en cuanto a mantener un rol activo en la agenda pública de grandes cuestionas ciudadanas, la ADC expresa su deseo de que el Máximo Tribunal trate este año el caso de una niña de Chubut que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro y tuvo que dar una larga batalla judicial para poder interrumpir su embarazo.
Desde 1921 el Código Penal prevé clara y expresamente la posibilidad de interrumpir los embarazos en este tipo de situaciones, pese a ello, la niña víctima de una violación, al igual que muchas mujeres de nuestro país, sufrió las gravosas consecuencias de la incertidumbre que prevalece en ámbitos judiciales debido a fallos contradictorios sobre las situaciones en que el aborto está permitido por la ley, viéndose arrastrada a una extensa e innecesaria disputa judicial. Esta actitud discordante de la justicia trae como consecuencia que el sistema de salud no pueda actuar con seguridad ya que el personal médico que debería practicar abortos no punibles se enfrenta a la amenaza de afrontar acciones judiciales en su contra por realizar un procedimiento que es legal.
Según Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de la ADC “hoy la Corte Suprema tiene la oportunidad histórica de dar certeza en la interpretación penal de este tipo de cuestiones y así garantizar el derecho de las mujeres al acceso a servicios médicos en los casos previstos por el Código Penal. De esa forma, el Tribunal no sólo contribuiría a resguardar cientos de vidas de mujeres al año sino también permitiría cumplir de manera efectiva con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.”
El caso que está ahora ante la Corte ha despertado gran atención a nivel nacional e internacional y su importancia se ve reflejada en la cantidad de organizaciones sociales que han subrayado su relevancia y contribuido con opiniones jurídicas (amicus curiae), solicitando se garantice el derecho a la vida y la salud de las mujeres. Estos escritos que están siendo considerados por los Ministros del Máximo Tribunal, fueron presentados por organizaciones de derechos humanos y prestigiosos expertos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, entre quienes se destacan:
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asociación Civil por el Derecho a Decidir
Católicas por el derecho a decidir
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Pesquisas em Saúde reproductiva (CEMICAMP) (Brasil)
Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)
Human Rights Watch (Estados Unidos)
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
Luis Távara (Perú)
Programa Internacional de Derecho en Salud Sexual y Reproductiva, Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (Canadá)
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
The Irish Family Planning Association (Irlanda)
Women´s Link Worldwide (Colombia)
Antecedentes de la causa
El 8 de marzo de 2010, en una valiosa decisión, el Tribunal Superior de Justicia Chubut autorizó la práctica de un aborto no punible a una niña de 15 años que había sido violada por su padrastro.
El tribunal hizo una lectura correcta de la norma, admitiendo a los casos de violación como supuestos de aborto no punible; a diferencia de la lectura incorrecta que considera que el permiso procede únicamente cuando la mujer violada es, además, discapacitada mental (“idiota o demente”, en palabras del Código).
A pesar de que el aborto ya había sido practicado, el Defensor General Subrogante de la Provincia de Chubut interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia del Tribunal Superior, alegando que la práctica del aborto violó el derecho a la vida del embrión.
El recurso fue concedido y el expediente está a estudio de la Corte desde junio del año pasado. Ya ha circulado entre varios Ministros y tiene dictamen de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contexto
Cabe señalar que en Argentina, el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la primera causa de mortalidad materna.
Desde 1921, el art. 86 del Código Penal admite supuestos de no punibilidad para los llamados abortos terapéuticos y sentimentales; es decir, cuando existe peligro para vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo provino de una relación sexual no consentida. Esto significa que un aborto practicado por estos motivos no es un delito y no será castigado por la justicia.
De interpretarse correctamente por la Corte Suprema, estas causales podrían asegurar el procedimiento seguro y gratuito en un amplio número de casos y así evitar nuevas e innecesarias muertes.
Varios investigadores y organizaciones de la sociedad civil denuncian que una cantidad considerable de mujeres que tienen derecho a un aborto legal y seguro no puede acceder a él.
Uno de los principales motivos que determinan el fracaso de la norma es que pese a que el Código Penal es claro, las y los jueces lo interpretan de modo heterogéneo, generando confusión en torno a los casos en que la interrupción del embarazo está permitida por la ley. Las interpretaciones disímiles redundan en la negativa del personal médico de practicar procedimientos que son legales, y lo empuja a solicitar autorizaciones judiciales no requeridas por la ley cada vez que atienden un caso de no punibilidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la oportunidad histórica de brindar certezas acerca del alcance del art. 86 del Código Penal, cuya inaplicabilidad empuja a las mujeres a abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud.
Argumentos
El aborto clandestino en Argentina es un grave problema de salud pública. En 2009 se registraron 410 muertes maternas, 87 causadas por abortos realizados en condiciones sépticas insuficientes (Ministerio de Salud, 2010), aunque se estima que este registro no responde a las cifras reales debido a que muchos de estos procedimientos no quedan registrados en ningún lado.
Aunque se desconozca cuántas de estas muertes corresponden a casos de no punibilidad, un estado constitucional de derecho no puede permitir que una sola mujer ponga en riesgo su vida por falta de acceso a un procedimiento que es legal desde hace 90 años.
Esta injusticia es sufrida, especialmente, por mujeres de bajos recursos. El Noroeste argentino, por ejemplo, registra los valores más altos de abortos clandestinos del país, con casi 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la tasa de mortalidad materna es de 1,8 por cada 10.000 recién nacidos vivos, en provincias significativamente más pobres, como Catamarca, el índice es de 16 por cada 10.000 nacidos vivos (Ministerio de Salud, 2010).
Esta realidad implica la violación, por parte del Estado, de los derechos humanos de las mujeres a la salud, a la vida, a la igualdad, a la integridad física y moral y al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Corte, como representante del Estado en este caso, no puede esquivar la responsabilidad ante la que se encuentra para saldar una deuda histórica con sus ciudadanas.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro. Desde hace más de una década, la ADC trabaja de modo activo para afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas de acuerdo con la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los valores democráticos. Ha puesto especial énfasis en la utilización del litigio como una herramienta que puede utilizarse, entre otras, para avanzar en la agenda de derechos humanos, generar cambios de relevancia, develar violaciones de derechos estructurales y poner en agenda temas ausentes en el debate público.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
CONTACTO DE PRENSA
Mónica Baumgratz
[ Prensa y Comunicación ]
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
mbaumgratz@adc.org.ar
Cel. 15 5728 3191
Con motivo de los anuncios realizados ayer en el marco de la inauguración del año judicial y la preocupación expresada por la Corte Suprema en cuanto a mantener un rol activo en la agenda pública de grandes cuestionas ciudadanas, la ADC expresa su deseo de que el Máximo Tribunal trate este año el caso de una niña de Chubut que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro y tuvo que dar una larga batalla judicial para poder interrumpir su embarazo.
Desde 1921 el Código Penal prevé clara y expresamente la posibilidad de interrumpir los embarazos en este tipo de situaciones, pese a ello, la niña víctima de una violación, al igual que muchas mujeres de nuestro país, sufrió las gravosas consecuencias de la incertidumbre que prevalece en ámbitos judiciales debido a fallos contradictorios sobre las situaciones en que el aborto está permitido por la ley, viéndose arrastrada a una extensa e innecesaria disputa judicial. Esta actitud discordante de la justicia trae como consecuencia que el sistema de salud no pueda actuar con seguridad ya que el personal médico que debería practicar abortos no punibles se enfrenta a la amenaza de afrontar acciones judiciales en su contra por realizar un procedimiento que es legal.
Según Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de la ADC “hoy la Corte Suprema tiene la oportunidad histórica de dar certeza en la interpretación penal de este tipo de cuestiones y así garantizar el derecho de las mujeres al acceso a servicios médicos en los casos previstos por el Código Penal. De esa forma, el Tribunal no sólo contribuiría a resguardar cientos de vidas de mujeres al año sino también permitiría cumplir de manera efectiva con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.”
El caso que está ahora ante la Corte ha despertado gran atención a nivel nacional e internacional y su importancia se ve reflejada en la cantidad de organizaciones sociales que han subrayado su relevancia y contribuido con opiniones jurídicas (amicus curiae), solicitando se garantice el derecho a la vida y la salud de las mujeres. Estos escritos que están siendo considerados por los Ministros del Máximo Tribunal, fueron presentados por organizaciones de derechos humanos y prestigiosos expertos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, entre quienes se destacan:
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asociación Civil por el Derecho a Decidir
Católicas por el derecho a decidir
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Pesquisas em Saúde reproductiva (CEMICAMP) (Brasil)
Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)
Human Rights Watch (Estados Unidos)
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
Luis Távara (Perú)
Programa Internacional de Derecho en Salud Sexual y Reproductiva, Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (Canadá)
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
The Irish Family Planning Association (Irlanda)
Women´s Link Worldwide (Colombia)
Antecedentes de la causa
El 8 de marzo de 2010, en una valiosa decisión, el Tribunal Superior de Justicia Chubut autorizó la práctica de un aborto no punible a una niña de 15 años que había sido violada por su padrastro.
El tribunal hizo una lectura correcta de la norma, admitiendo a los casos de violación como supuestos de aborto no punible; a diferencia de la lectura incorrecta que considera que el permiso procede únicamente cuando la mujer violada es, además, discapacitada mental (“idiota o demente”, en palabras del Código).
A pesar de que el aborto ya había sido practicado, el Defensor General Subrogante de la Provincia de Chubut interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia del Tribunal Superior, alegando que la práctica del aborto violó el derecho a la vida del embrión.
El recurso fue concedido y el expediente está a estudio de la Corte desde junio del año pasado. Ya ha circulado entre varios Ministros y tiene dictamen de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contexto
Cabe señalar que en Argentina, el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la primera causa de mortalidad materna.
Desde 1921, el art. 86 del Código Penal admite supuestos de no punibilidad para los llamados abortos terapéuticos y sentimentales; es decir, cuando existe peligro para vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo provino de una relación sexual no consentida. Esto significa que un aborto practicado por estos motivos no es un delito y no será castigado por la justicia.
De interpretarse correctamente por la Corte Suprema, estas causales podrían asegurar el procedimiento seguro y gratuito en un amplio número de casos y así evitar nuevas e innecesarias muertes.
Varios investigadores y organizaciones de la sociedad civil denuncian que una cantidad considerable de mujeres que tienen derecho a un aborto legal y seguro no puede acceder a él.
Uno de los principales motivos que determinan el fracaso de la norma es que pese a que el Código Penal es claro, las y los jueces lo interpretan de modo heterogéneo, generando confusión en torno a los casos en que la interrupción del embarazo está permitida por la ley. Las interpretaciones disímiles redundan en la negativa del personal médico de practicar procedimientos que son legales, y lo empuja a solicitar autorizaciones judiciales no requeridas por la ley cada vez que atienden un caso de no punibilidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la oportunidad histórica de brindar certezas acerca del alcance del art. 86 del Código Penal, cuya inaplicabilidad empuja a las mujeres a abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud.
Argumentos
El aborto clandestino en Argentina es un grave problema de salud pública. En 2009 se registraron 410 muertes maternas, 87 causadas por abortos realizados en condiciones sépticas insuficientes (Ministerio de Salud, 2010), aunque se estima que este registro no responde a las cifras reales debido a que muchos de estos procedimientos no quedan registrados en ningún lado.
Aunque se desconozca cuántas de estas muertes corresponden a casos de no punibilidad, un estado constitucional de derecho no puede permitir que una sola mujer ponga en riesgo su vida por falta de acceso a un procedimiento que es legal desde hace 90 años.
Esta injusticia es sufrida, especialmente, por mujeres de bajos recursos. El Noroeste argentino, por ejemplo, registra los valores más altos de abortos clandestinos del país, con casi 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la tasa de mortalidad materna es de 1,8 por cada 10.000 recién nacidos vivos, en provincias significativamente más pobres, como Catamarca, el índice es de 16 por cada 10.000 nacidos vivos (Ministerio de Salud, 2010).
Esta realidad implica la violación, por parte del Estado, de los derechos humanos de las mujeres a la salud, a la vida, a la igualdad, a la integridad física y moral y al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Corte, como representante del Estado en este caso, no puede esquivar la responsabilidad ante la que se encuentra para saldar una deuda histórica con sus ciudadanas.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro. Desde hace más de una década, la ADC trabaja de modo activo para afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas de acuerdo con la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los valores democráticos. Ha puesto especial énfasis en la utilización del litigio como una herramienta que puede utilizarse, entre otras, para avanzar en la agenda de derechos humanos, generar cambios de relevancia, develar violaciones de derechos estructurales y poner en agenda temas ausentes en el debate público.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
CONTACTO DE PRENSA
Mónica Baumgratz
[ Prensa y Comunicación ]
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
mbaumgratz@adc.org.ar
Cel. 15 5728 3191
Crecen las estrategias para legalizar el aborto en Argentina
Por Alejandra Waigandt | 21.2.2011
El fin de semana diversas instituciones y expresiones políticas, y personalidades de los ámbitos sindical, político, académico, comunicacional y jurídico establecieron propuestas para lograr la sanción definitiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo este año. Este acuerdo se logró en una reunión organizada por las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que lleva más de cinco años de batalla y tiene representación en todo el país.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito dio un paso adelante en la lucha para legalizar el aborto en Argentina, el sábado 19 en el encuentro realizado en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
No sólo se obtuvo una participación federal: había instituciones y personalidades de Córdoba, Chaco, Formosa, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. También se definieron propuestas contundentes para lograr la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo e impulsar la discusión sobre la ampliación de derechos en diversos ámbitos, pero principalmente en salud y la educación.
El proyecto de ley propuesto por la Campaña termina con la penalización de las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir sus embarazos no deseados, y regula el acceso a una atención sanitaria adecuada en la realización de abortos hasta las 12 semanas de gestación. Concretamente, se derogan una serie de artículos del Código Penal que prohíben esta práctica y se establecen lineamentos para la atención de la salud de las mujeres.
La Campaña presentó esta iniciativa en el Congreso nacional en tres oportunidades, pero recién el año pasado logró la adhesión de más de 50 legisladores y legisladoras provenientes de diferentes partidos y fuerzas políticas. Este año deberá ser tratada en las comisiones de Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.
El trabajo parlamentario inicia el 8 de marzo, y frente al año electoral en danza, los sectores reunidos el sábado decidieron trabajar incansablemente los primeros tres meses para profundizar el debate en el Congreso, incrementar las adhesiones, y presionar para que candidatos y candidatas electorales se pronuncien sobre la penalización inmoral de más de 500 mil mujeres al año, que se ven obligadas a interrumpir sus embarazos clandestinamente, y ponen sus vidas en riesgo frente a un sistema de salud que también las criminaliza.
En ese sentido, la diputada porteña Diana Maffia (CC) precisó que deben buscarse los pronunciamientos de quienes encabezan las listas de candidatos y candidatas. La ex legisladora nacional por el Partido Socialista Silvia Augsburger advirtió sobre acciones sistematizadas de las organizaciones ‘antiderechos’, y la diputada nacional de Libres del Sur Cecilia Marchan informó que su par Cynthia Hotton logró una audiencia en la Comisión de Legislación Penal para impedir reformas legales como la despenalización del aborto. Instó a las instituciones presentes a solicitar una reunión al presidente de la Comisión Juan Carlos Vega (CC –Córdoba) para que se puedan plantear en ese marco los argumentos sintetizados en la consigan de la campaña ‘educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir’.
Las propuestas
La Campaña propuso una solicitada para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y todas las instituciones y personalidades presentes en el encuentro estuvieron de acuerdo. En la mayoría de los casos firmarán la declaración a título personal, pero se comprometieron a presentarla en direcciones, concejos y presidencias para que le den su aprobación.
Por su parte, el sector educativo propuso elaborar un documento interdisciplinario con fundamentaciones académicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, de manera de enriquecer el debate parlamentario. Hasta el momento se han producido importantes documentos por separado, sin embargo la puesta en común de los conocimientos y saberes de las instituciones académicas y organizaciones de diferentes ámbitos constituirá una base para la discusión decisiva.
Esta iniciativa dio lugar a otra de las propuestas que obtuvieron el acuerdo de todos y todas las presentes: fortalecer la articulación de las organizaciones, agrupaciones, personalidades y activistas que apoyan las actividades de la Campaña. Este espacio se ha ampliado; el mismo sábado la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans formalizó su integración a la Campaña; su presidente Estaban Paulón puso a disposición de la misma la estructura federal de la organización. Tanto Paulón como referentes de la Comunidad Homosexual Argentina compartieron sus experiencias sobre la Ley de Matrimonio Igualitario. Por su parte, Lohana Berkins, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual ALITT sumó la estrategia que están desarrollando para lograr la aprobación de ley de identidad de género en Diputados. La ALITT y la Cooperativa de Trabajo Nadia Echazu Ltda trabajan desde hace años en diferentes frentes para la obtención del aborto legal.
El objetivo es operativizar la articulación. La UTE, a través de la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género, Mabel Sampaolo, también puso a disposición de la Campaña estructura y recursos. Describió además los avances de la Secretaría para incluir en el sindicato políticas en torno a los derechos sexuales y reproductivos, y en el tema del aborto. También lo hizo Stella Maldonado, secretaria general de CTERA-Argentina, quien además anunció la adhesión de la Internacional de la Educación.
Hubo numerosas expresiones en ese sentido, no sólo de las instituciones, sino también de personas representativas del ámbito social, académico, político y cultural. Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora confesó que son pocas las madres de la organización que favorecen un cambio en la legislación sobre aborto, por eso pidió a la Campaña que presente la solicitada en la organización para que la misma trate el tema y se pronuncie. Luego prometió que comenzaría el mismo lunes con el activismo a favor de la ley, colgando el pañuelo verde que identifica a la Campaña en su oficina.
La realización de un acto público el 28 de mayo, en conmemoración de la creación de la Campaña y la lucha por la vida y la dignidad de las mujeres, y el derecho a disfrutar de una maternidad voluntaria; más la elaboración de estrategias de incidencia en los medios de comunicación fueron otras dos iniciativas lograda el sábado. La primera estuvo impulsada por la Campaña, y la segunda convenida tras las intervenciones de periodistas especializadas en la perspectiva de género.
En el ámbito de la salud hay mucho por hacer, según los y las activistas que insistieron en que los comités de ética de los hospitales y clínicas son un bastión que escuda a profesionales de la salud contrarios a la práctica del aborto. La mayoría de estos profesionales egresaron en colegios religiosos y trasladan sus creencias personales al ámbito de trabajo. En ese sentido, Marita Perceval, ex legisladora nacional y actual integrante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, aseguró que se está trabajando en este tema para que los comités se enmarquen en la Secretaría de Derechos Humanos, y para desalentar las demoras en la indicación de realización de abortos que no están penalizados por la actual legislación. Este comportamiento pone en riesgo la vida de centenares de mujeres.
La conmemoración de la activista Dora Coledesky, una incansable luchadora por los derechos de las mujeres, fallecida el 17 de agosto del año pasado, por parte Irene Ocampo de RIMA conmovió a todas y todas las personas que discutieron estas propuestas el sábado, y estallaron en aplausos y vitoreos ‘Dora presente’.
El fin de semana diversas instituciones y expresiones políticas, y personalidades de los ámbitos sindical, político, académico, comunicacional y jurídico establecieron propuestas para lograr la sanción definitiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo este año. Este acuerdo se logró en una reunión organizada por las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que lleva más de cinco años de batalla y tiene representación en todo el país.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito dio un paso adelante en la lucha para legalizar el aborto en Argentina, el sábado 19 en el encuentro realizado en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
No sólo se obtuvo una participación federal: había instituciones y personalidades de Córdoba, Chaco, Formosa, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. También se definieron propuestas contundentes para lograr la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo e impulsar la discusión sobre la ampliación de derechos en diversos ámbitos, pero principalmente en salud y la educación.
El proyecto de ley propuesto por la Campaña termina con la penalización de las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir sus embarazos no deseados, y regula el acceso a una atención sanitaria adecuada en la realización de abortos hasta las 12 semanas de gestación. Concretamente, se derogan una serie de artículos del Código Penal que prohíben esta práctica y se establecen lineamentos para la atención de la salud de las mujeres.
La Campaña presentó esta iniciativa en el Congreso nacional en tres oportunidades, pero recién el año pasado logró la adhesión de más de 50 legisladores y legisladoras provenientes de diferentes partidos y fuerzas políticas. Este año deberá ser tratada en las comisiones de Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.
El trabajo parlamentario inicia el 8 de marzo, y frente al año electoral en danza, los sectores reunidos el sábado decidieron trabajar incansablemente los primeros tres meses para profundizar el debate en el Congreso, incrementar las adhesiones, y presionar para que candidatos y candidatas electorales se pronuncien sobre la penalización inmoral de más de 500 mil mujeres al año, que se ven obligadas a interrumpir sus embarazos clandestinamente, y ponen sus vidas en riesgo frente a un sistema de salud que también las criminaliza.
En ese sentido, la diputada porteña Diana Maffia (CC) precisó que deben buscarse los pronunciamientos de quienes encabezan las listas de candidatos y candidatas. La ex legisladora nacional por el Partido Socialista Silvia Augsburger advirtió sobre acciones sistematizadas de las organizaciones ‘antiderechos’, y la diputada nacional de Libres del Sur Cecilia Marchan informó que su par Cynthia Hotton logró una audiencia en la Comisión de Legislación Penal para impedir reformas legales como la despenalización del aborto. Instó a las instituciones presentes a solicitar una reunión al presidente de la Comisión Juan Carlos Vega (CC –Córdoba) para que se puedan plantear en ese marco los argumentos sintetizados en la consigan de la campaña ‘educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir’.
Las propuestas
La Campaña propuso una solicitada para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y todas las instituciones y personalidades presentes en el encuentro estuvieron de acuerdo. En la mayoría de los casos firmarán la declaración a título personal, pero se comprometieron a presentarla en direcciones, concejos y presidencias para que le den su aprobación.
Por su parte, el sector educativo propuso elaborar un documento interdisciplinario con fundamentaciones académicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, de manera de enriquecer el debate parlamentario. Hasta el momento se han producido importantes documentos por separado, sin embargo la puesta en común de los conocimientos y saberes de las instituciones académicas y organizaciones de diferentes ámbitos constituirá una base para la discusión decisiva.
Esta iniciativa dio lugar a otra de las propuestas que obtuvieron el acuerdo de todos y todas las presentes: fortalecer la articulación de las organizaciones, agrupaciones, personalidades y activistas que apoyan las actividades de la Campaña. Este espacio se ha ampliado; el mismo sábado la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans formalizó su integración a la Campaña; su presidente Estaban Paulón puso a disposición de la misma la estructura federal de la organización. Tanto Paulón como referentes de la Comunidad Homosexual Argentina compartieron sus experiencias sobre la Ley de Matrimonio Igualitario. Por su parte, Lohana Berkins, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual ALITT sumó la estrategia que están desarrollando para lograr la aprobación de ley de identidad de género en Diputados. La ALITT y la Cooperativa de Trabajo Nadia Echazu Ltda trabajan desde hace años en diferentes frentes para la obtención del aborto legal.
El objetivo es operativizar la articulación. La UTE, a través de la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género, Mabel Sampaolo, también puso a disposición de la Campaña estructura y recursos. Describió además los avances de la Secretaría para incluir en el sindicato políticas en torno a los derechos sexuales y reproductivos, y en el tema del aborto. También lo hizo Stella Maldonado, secretaria general de CTERA-Argentina, quien además anunció la adhesión de la Internacional de la Educación.
Hubo numerosas expresiones en ese sentido, no sólo de las instituciones, sino también de personas representativas del ámbito social, académico, político y cultural. Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora confesó que son pocas las madres de la organización que favorecen un cambio en la legislación sobre aborto, por eso pidió a la Campaña que presente la solicitada en la organización para que la misma trate el tema y se pronuncie. Luego prometió que comenzaría el mismo lunes con el activismo a favor de la ley, colgando el pañuelo verde que identifica a la Campaña en su oficina.
La realización de un acto público el 28 de mayo, en conmemoración de la creación de la Campaña y la lucha por la vida y la dignidad de las mujeres, y el derecho a disfrutar de una maternidad voluntaria; más la elaboración de estrategias de incidencia en los medios de comunicación fueron otras dos iniciativas lograda el sábado. La primera estuvo impulsada por la Campaña, y la segunda convenida tras las intervenciones de periodistas especializadas en la perspectiva de género.
En el ámbito de la salud hay mucho por hacer, según los y las activistas que insistieron en que los comités de ética de los hospitales y clínicas son un bastión que escuda a profesionales de la salud contrarios a la práctica del aborto. La mayoría de estos profesionales egresaron en colegios religiosos y trasladan sus creencias personales al ámbito de trabajo. En ese sentido, Marita Perceval, ex legisladora nacional y actual integrante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, aseguró que se está trabajando en este tema para que los comités se enmarquen en la Secretaría de Derechos Humanos, y para desalentar las demoras en la indicación de realización de abortos que no están penalizados por la actual legislación. Este comportamiento pone en riesgo la vida de centenares de mujeres.
La conmemoración de la activista Dora Coledesky, una incansable luchadora por los derechos de las mujeres, fallecida el 17 de agosto del año pasado, por parte Irene Ocampo de RIMA conmovió a todas y todas las personas que discutieron estas propuestas el sábado, y estallaron en aplausos y vitoreos ‘Dora presente’.
Fuente: Artemisa Noticias
http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=22&idnota=7365
Fascinado con la pro-vida
Por Eduardo de la Serna *
¡Estoy fascinado!
¡Realmente fascinado! Escuchar hablar de “pro-vida” es algo que me subyuga y conmueve hasta lo más hondo. Es cierto que nunca pude imaginar que alguien defendiera grupos “pro-muerte”, pero gobernadores, diputados, senadores, políticos y hasta algún obispo se convocan “en defensa de la vida”. ¡Maravilloso! (aunque debo manifestar una nueva pregunta: uno de los obispos convocados fue “castrense”, y no me parece que sea la característica principal de las Fuerzas Armadas la “defensa de la vida”, ¿o sí?).
Sin embargo, mi fascinación no logra salir de cierta confusión: los defensores del peor genocidio económico que ha vivido América latina (el neoliberalismo), con desocupación, desnutrición, hambre, es decir, “muerte”, ¿son pro-vida?; los defensores del genocidio dictatorial con desapariciones, violaciones, negación de las identidades de niños, secuestros, asesinatos, y personas vivas tiradas al río o al mar, ¿son pro-vida?; los defensores de guerras como la de Irak (y tantas otras, como sostenedores de egipcios dictadores, por ejemplo), los aliados de los saqueadores de recursos y provocadores de muerte por petróleo, diamantes, ¿son pro-vida?
Quisiera tener esto claro, porque me confunden un poco estos sabios...
Y debo decir que mi confusión aumenta cuando veo que muchas veces, ¡casi siempre!, son los mismos. Los que han defendido guerras, dictaduras y modelos económicos de muerte, son los mismos, y salen a proclamar la defensa de la “vida”. ¿Qué es la vida para estos personajes? ¿De sólo nueve meses se trata “la vida”? La vida digna, con justicia, ¿no la defienden?; ¿la vida de los jubilados?, ¿los torturados?, ¿las violadas en los campos de concentración?, ¿los esclavos contemporáneos que utilizan sus amigos?; ¿los pobres que aprenderá a torturar la Policía Metropolitana?
¡Vida! ¿Estaban allí cuando se votó para que los jubilados tengan dos aumentos anuales?, ¿o que se anulara el perverso sistema de AFJP?, ¿y la Asignación Universal por Hijo?, ¿y el plan Conectar Igualdad?; ¿dónde estaban cuando se consideraron de “lesa humanidad” las violaciones de derechos humanos? ¿No es “vida” eso?
Pero cuando veo que a eso se suma una crítica al matrimonio igualitario (¿cuál sería el atentado contra “la vida” en este caso?), y la crítica a “la ideología de género”, me confunden más todavía. ¿Será que realmente estos señores y señoras (perdonen el lenguaje inclusivo, pero los que miramos desde una perspectiva de género solemos usarlo) son realmente defensores de “la vida” o son más bien defensores de una ideología que usa la vida –unos pocos meses de la vida, debemos decirlo– como excusa para sostener sistemas de muerte? Es bueno que tengan ideología; ¿quién no la tiene?, pero me permitirán que desde una irrestricta defensa de la vida, y vida digna, y de los derechos conculcados, manifieste mi más profundo desagrado y rechazo a una simple cosa, quizás menor: no acepto que los que yo tengo por adalides de la muerte nos quieran hablar de “vida”, y que utilicen un lugar de la democracia –palabra que la mayoría de ellos y ellas desconoce– para levantar sus negras banderas de cruzada.
* Coordinador del Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres.
¡Estoy fascinado!
¡Realmente fascinado! Escuchar hablar de “pro-vida” es algo que me subyuga y conmueve hasta lo más hondo. Es cierto que nunca pude imaginar que alguien defendiera grupos “pro-muerte”, pero gobernadores, diputados, senadores, políticos y hasta algún obispo se convocan “en defensa de la vida”. ¡Maravilloso! (aunque debo manifestar una nueva pregunta: uno de los obispos convocados fue “castrense”, y no me parece que sea la característica principal de las Fuerzas Armadas la “defensa de la vida”, ¿o sí?).
Sin embargo, mi fascinación no logra salir de cierta confusión: los defensores del peor genocidio económico que ha vivido América latina (el neoliberalismo), con desocupación, desnutrición, hambre, es decir, “muerte”, ¿son pro-vida?; los defensores del genocidio dictatorial con desapariciones, violaciones, negación de las identidades de niños, secuestros, asesinatos, y personas vivas tiradas al río o al mar, ¿son pro-vida?; los defensores de guerras como la de Irak (y tantas otras, como sostenedores de egipcios dictadores, por ejemplo), los aliados de los saqueadores de recursos y provocadores de muerte por petróleo, diamantes, ¿son pro-vida?
Quisiera tener esto claro, porque me confunden un poco estos sabios...
Y debo decir que mi confusión aumenta cuando veo que muchas veces, ¡casi siempre!, son los mismos. Los que han defendido guerras, dictaduras y modelos económicos de muerte, son los mismos, y salen a proclamar la defensa de la “vida”. ¿Qué es la vida para estos personajes? ¿De sólo nueve meses se trata “la vida”? La vida digna, con justicia, ¿no la defienden?; ¿la vida de los jubilados?, ¿los torturados?, ¿las violadas en los campos de concentración?, ¿los esclavos contemporáneos que utilizan sus amigos?; ¿los pobres que aprenderá a torturar la Policía Metropolitana?
¡Vida! ¿Estaban allí cuando se votó para que los jubilados tengan dos aumentos anuales?, ¿o que se anulara el perverso sistema de AFJP?, ¿y la Asignación Universal por Hijo?, ¿y el plan Conectar Igualdad?; ¿dónde estaban cuando se consideraron de “lesa humanidad” las violaciones de derechos humanos? ¿No es “vida” eso?
Pero cuando veo que a eso se suma una crítica al matrimonio igualitario (¿cuál sería el atentado contra “la vida” en este caso?), y la crítica a “la ideología de género”, me confunden más todavía. ¿Será que realmente estos señores y señoras (perdonen el lenguaje inclusivo, pero los que miramos desde una perspectiva de género solemos usarlo) son realmente defensores de “la vida” o son más bien defensores de una ideología que usa la vida –unos pocos meses de la vida, debemos decirlo– como excusa para sostener sistemas de muerte? Es bueno que tengan ideología; ¿quién no la tiene?, pero me permitirán que desde una irrestricta defensa de la vida, y vida digna, y de los derechos conculcados, manifieste mi más profundo desagrado y rechazo a una simple cosa, quizás menor: no acepto que los que yo tengo por adalides de la muerte nos quieran hablar de “vida”, y que utilicen un lugar de la democracia –palabra que la mayoría de ellos y ellas desconoce– para levantar sus negras banderas de cruzada.
* Coordinador del Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres.
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