Por Lamia Oualalou*
La emergencia de figuras femeninas en cargos de gobierno sugiere una mejora de la condición de la mujer en la región. ¿Pero, podrá favorecer este cambio un avance en materia de derechos de la mujer?
l 9 de marzo de 2001, el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, estrenó una curiosa manera de lidiar con la tradicional dominación masculina en Colombia: esa noche, entre las siete y media de la tarde y la una de la mañana, en la ciudad sólo pudieron conducir las mujeres. Preocupado por la igualdad, a la semana siguiente Mockus entregó la ciudad al disfrute exclusivo de los hombres, en las mismas condiciones. ¿Las mujeres por un lado y los hombres por otro? Desde hace algunos años, los progresos en materia de igualdad entre hombres y mujeres siguen otros cursos, sobre todo en el ámbito político. Y las latinoamericanas no se quejan.En los últimos años, cuatro mujeres han ocupado el cargo máximo de gobierno en el continente. Cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió el mando en Argentina, en 2007, muchos observadores la compararon con su compatriota Isabel Martínez de Perón. ¿Acaso no eran ambas, antes que nada, “mujeres de”? La primera estaba casada con el ex presidente Néstor Kirchner y la segunda era la viuda de Juan Domingo Perón. Cuatro años después, ya nadie se atreve a semejante comparación: en octubre de 2011, la presidenta argentina se convirtió en la primera mujer reelecta para conducir un Estado latinoamericano, con el 54% de los votos en primer vuelta. En Argentina, ya no se habla de “Cristina Kirchner”, como al comienzo de su primer mandato, sino de “Cristina Fernández”, su apellido de soltera.
Argentina no es el único país donde hoy las mujeres pueden prescindir de sus ilustres maridos. A principios de 2006, Michelle Bachelet, ex refugiada política que educó sola a sus tres hijos, sucedió al socialista Ricardo Lagos, en un Chile donde el divorcio acababa de ser implementado. En octubre de 2010, en Brasil, llegó el turno de otra divorciada, Dilma Rousseff, conocida por su participación en grupos guerrilleros de izquierda durante la dictadura de los años sesenta y setenta. Pocos meses antes, Costa Rica descubría que su tradicional cultura machista no había logrado impedir la elección de Laura Chinchilla (de centro izquierda).
Esta evolución de las mentalidades fue acompañada en algunas ocasiones por la introducción de sistemas de discriminación positiva. Argentina fue la pionera, en 1991, con una ley de cupos que impone a los partidos el mínimo de un 30% de candidaturas femeninas. Con un 38% de mujeres en el Parlamento, hoy figura entre los doce primeros países en términos de participación femenina en el poder legislativo. Desde entonces, once naciones de la región han seguido sus pasos (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay).
“Aquí, la elección de mujeres como Michelle Bachelet se debe principalmente al hecho de que dan la imagen de ser candidatas menos corruptas”, explica María de los Ángeles, directora de la Fundación Chile 21 de Santiago de Chile. Hasta entonces excluidas del poder, prácticamente no se las ve aparecer en escándalos de malversación de fondos (una característica que desaparece con su participación en política). Pero la paridad promovida por Bachelet no la sobrevivió. La mitad de los ministerios de su primer gobierno estaban ocupados por mujeres; en el equipo de su sucesor de derecha, Sebastián Piñera, apenas alcanzan el 18%.
La buena voluntad del poder ejecutivo no es suficiente. Al llegar al palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, Rousseff anunció su voluntad de promover a las mujeres (decisión de la que se burló la prensa, que calificó al gobierno como “República de tacones altos”). Pero apenas ha logrado designarlas en el 24% de los ministerios y en el 21% de los cargos llamados “de segundo nivel”, es decir, en los gabinetes y las grandes empresas públicas. Los nombramientos dependen de los partidos políticos de la coalición, que –salvo el Partido de los Trabajadores (PT)– son poco proclives a la discriminación positiva. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2009, las mujeres ocupaban el 16% de los cargos de presidente y secretario general de los partidos latinoamericanos y representaban el 19% de la jerarquía de los comités ejecutivos.
En Venezuela, las mujeres fueron las más activas en los mecanismos de gobierno participativo creados por el presidente Hugo Chávez durante la última década. Consciente de que sus palabras podrían ser tachadas de cliché, la socióloga Margarita López Maya, de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas (candidata en 2010 en las elecciones legislativas por el partido opositor Patria Para Todos), explica: “Tanto ayer como hoy, los niveles intermedios de poder siguen estando ocupados por hombres. Las mujeres participan cuando se trata de cuestiones concretas y están menos interesadas en el juego político”. Es verdad que hay tres mujeres al mando de los órganos de poderes públicos, pero, según la socióloga, “fueron elegidas por su lealtad al presidente Chávez y para atraer el voto femenino”.
El derecho al aborto
Por lo demás, ¿están las mujeres en el poder más preocupadas por lograr avances en los derechos de su sexo? Nada es menos seguro, relativiza María Flórez-Estrada Pimentel, socióloga de la Universidad de Costa Rica: “Ellas alteran el orden social tradicional, pero eso no significa que adopten una postura progresista. En Centroamérica, las presidentas han sido y siguen siendo muy conservadoras, tanto en los temas económicos como en los sociales, incluidos aquellos que afectan directamente a las mujeres, como el derecho al aborto”. Exceptuando a Cuba, donde el aborto está autorizado, y a la Ciudad de México, donde los diputados del Congreso local votaron favorablemente, el tema sigue siendo tabú en la región.
En octubre de 2010, las militantes feministas brasileñas se sorprendieron por la violencia con la que se presentó el tema en la campaña presidencial. Aún conservan el recuerdo de los videos publicados en Internet que mostraban fetos muertos. Reproducidos millones de veces, estos videos muestran a pastores evangélicos que llaman a votar contra Rousseff, quien años atrás se había pronunciado a favor de terminar con la criminalización del aborto. José Serra, el adversario de la candidata del PT (aunque conocido por sus posiciones progresistas en materia social), vio en esto la oportunidad de dar vuelta la elección. Comenzó haciendo campaña con la Biblia en la mano, mientras su esposa vilipendiaba en los barrios populares a quienes quieren “matar a los niños pequeños”, olvidando que ella misma se había realizado un aborto en los años setenta, según las revelaciones del diario Folha de São Paulo. Acorralada antes de la segunda vuelta, Rousseff firmó una carta en la que se comprometía a no enviar al Congreso ningún proyecto de ley sobre la legalización del aborto.
Sin embargo, los abortos ilegales, que se calculan en unos 800.000 anuales en Brasil, tienen consecuencias dramáticas: cerca de 250.000 mujeres sufren de infecciones o perforaciones del útero y la tasa de mortalidad es de 65 mujeres por cada 100.000 embarazadas, lo cual convierte el tema en un problema de salud pública (1). “Creo que hace veinte años habría sido más fácil que hoy lograr que avanzara este debate”, considera María Luiza Heilborn, investigadora del Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM), de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
Al obtener un compromiso escrito de Rousseff, las iglesias se aseguraron que no se incluyera la despenalización del aborto en la agenda. Porque en el Congreso, donde la presencia de diputados religiosos se multiplicó por dos en las últimas elecciones (alcanzando los sesenta y tres escaños), hay más de treinta proyectos en espera para pedir un endurecimiento de la normativa del aborto legal o su prohibición incluso en casos de violación o peligro para la vida de la madre. “Nunca se votarán, pero paralizan toda discusión progresista”, se lamenta Maria Luiza Heilborn. “La dificultad –continúa– radica en que ahora los conservadores tienen un discurso moderno y se presentan como salvadores de los fetos en nombre de los derechos humanos y ya no en nombre de la familia y los valores morales”.
“Es de una inmensa hipocresía, porque quienes pueden pagar un aborto lo hacen tranquilamente; las clínicas no se esconden, incluso cuentan con la protección de policías corruptos”, agrega. Según un estudio de la Universidad de Brasilia publicado en 2010, una de cada cinco mujeres ya se ha realizado un aborto en Brasil (2). “A pesar de ello, el derecho al aborto sigue estando ausente del imaginario social. Incluso aquellas que lo han realizado dicen estar en contra y presentan su propia decisión como una excepción”, dice Maria José Rosado.
El único país de la región que ha dado marcha atrás en este tema es Nicaragua. En 2006, la jerarquía católica hizo una demostración de fuerza mediante la celebración de un acuerdo con Daniel Ortega, que entonces buscaba apoyo para reconquistar el poder. Tras su elección, el sandinista hizo cambiar la legislación que hasta entonces permitía que las víctimas de violación pudieran interrumpir sus embarazos. Así es que el aborto está prohibido hoy en cualquier situación. “Es la prueba de que este debate no tiene nada que ver con la izquierda y la derecha”, señala Maria Luiza Helborn. De hecho, es en la Colombia del ultra conservador Álvaro Uribe (presidente entre 2002 y 2010) donde la Corte Constitucional realizó el movimiento contrario. Extendió la autorización de abortar a los “problemas de salud”, permitiendo una interpretación muy amplia de este concepto, incluyendo los de naturaleza psicológica. En Venezuela, a pesar de que el Congreso Nacional estudia varios proyectos de ley desde la llegada de Chávez al poder, es muy difícil que se lleve a cabo la despenalización, debido a la unión entre los religiosos y los militares, sumados a la oposición del propio presidente Chávez: “En otros países autorizan el aborto, yo en eso, califíquenme de conservador pero no estoy de acuerdo, en el aborto para detener un parto. Sencillamente nació el niño, ahora hay que darle amor”, declaró el 26 de abril de 2008. Sin embargo, debido a la explosión del número de embarazos en Venezuela, el debate es intenso. De acuerdo con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en 2009 el 20% de los nacimientos fueron de madres de entre 10 y 18 años.
En Uruguay, la decisión del Congreso de legalizar el aborto fue vetada por Tabaré Vázquez (2005-2010), entonces al mando de un gobierno de centro-izquierda. El 8 de noviembre de 2011, el Senado volvió a lanzar la iniciativa: es muy probable que la legalización sea aprobada. La apoya el 63% de la población y el presidente José Mujica ya manifestó que no se opondría.
Las conversaciones continúan, al igual que en Ecuador, Bolivia y Argentina, donde anualmente se realizan quinientos mil abortos clandestinos. Aunque la presidenta Cristina Fernández se manifestó personalmente en contra, una comisión legislativa reabrió el debate a principios de noviembre y en los próximos meses se discutirá un proyecto de ley que flexibilice las condiciones del aborto. Para Mario Pecheny, el voto del año pasado del Congreso argentino a favor del matrimonio igualitario es un antecedente alentador.
Cuando la violencia se naturaliza
No obstante, la principal fuente de preocupación de las mujeres latinoamericanas sigue siendo la violencia. “Los feminicidios, es decir, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, se encuentra en plena expansión en América Central y México”, resume María Florez-Estrada Pimentel. El Salvador conserva el récord, con una tasa de 13,9 mujeres asesinadas cada 100.000 habitantes. En Guatemala, la proporción es de 9,8. En los Estados mexicanos de Chihuahua (donde se encuentra la ciudad de Ciudad Juárez, conocida desde hace veinte años por los asesinatos sistemáticos de mujeres) (3), Baja California y Guerrero, se triplicó entre 2005 y 2009, alcanzando a 11,1 de cada 100.000 habitantes. La escalada surge muy especialmente del enfrentamiento entre el gobierno y los narcotraficantes. La normalización de la violencia también se va naturalizando dentro de las parejas. Por otra parte, “la guerra contra las drogas y el crimen organizado tienen consecuencias específicas para las mujeres: como en toda guerra, la violación de mujeres crea una cohesión dentro de los grupos armados, reafirma su masculinidad y actúa como un acto de desafío frente al enemigo”, analiza Patsilí Toledo, abogado de la Universidad de Chile (4).
En México, el número de mujeres encarceladas por delitos federales –sobre todo por tráfico de estupefacientes– aumentó un 400% desde 2007 (5). Los barones de la droga también diversifican sus fuentes de ingresos mediante el desarrollo de redes de prostitución y trata de mujeres. Según la Organización Internacional para las Migraciones, esta equivaldría a unos 16.000 millones de dólares anuales en América Latina, lo cual lleva al secuestro de miles de mujeres y niñas (6).
Para María Luiza Heilborn, el feminismo, aunque no sea tan visible como el movimiento LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), “se ha popularizado. Hoy se lo encuentra en todas las capas de la sociedad”. Por lo demás, “las mujeres más pobres son las que más se han beneficiado con las políticas sociales”, recuerda María José Rosado. La asignación “Bolsa Familia”, que en Brasil llega a casi 13 millones de hogares, se entrega prioritariamente a las mujeres. Lo mismo ocurre con el programa de viviendas populares “Mi Casa, Mi Vida”: el gobierno hace todo lo posible para que la propiedad esté a nombre de las mujeres. “Esto les da un poder de negociación más importante frente a los hombres y mejora la situación de la familia, dado que así pueden privilegiar preocuparse por la salud y la alimentación de los niños”, señala Rebecca Tavares. La llegada masiva de las mujeres al mercado laboral ha cambiado la situación: según el Banco Mundial, desde 1980, la mano de obra latinoamericana incorporó a más de 70 millones de mujeres, pasando de una tasa promedio de participación del 35% al 53% en 2007, principalmente en el sector servicios. El peso del sector informal, sin embargo, sigue siendo significativo: en las ciudades bolivianas, por ejemplo, la proporción de mujeres que trabajan en negro es del 71%, frente al 54% en los hombres (7). “Las violentas crisis económicas de la década de 1990 han demostrado la capacidad de las mujeres para salir adelante, a menudo incluso mejor que los hombres. Han ganado confianza y legitimidad”, recuerda Mario Pecheny.
Las mujeres, activas en el mercado laboral, pero sin dejar de hacerse cargo de la mayor parte de las tareas no remuneradas (limpieza, cuidado de niños y ancianos o discapacitados), cuestionan la cultura machista, pero les cuesta conciliar todo. La brutal caída de la fertilidad en la región, ¿es una simple correlación? En Brasil, la renovación de las generaciones ya no está asegurada: frente a la masa de trabajo y al costo que implica mantener a una familia –gran parte de la educación y la salud están privatizadas–, las mujeres, ya sean de los barrios mejor posicionados o de las favelas, eligen tener un solo hijo, o a lo sumo, dos, y a veces ninguno. Un fenómeno similar se observa en Uruguay, Costa Rica, Chile y Cuba, con la consecuente aceleración del envejecimiento de la población, que los presupuestos nacionales siguen ignorando. “Las mujeres, más autónomas, quieren estudiar, consumir y viajar. No quieren seguir haciéndose cargo de los demás –afirma María Flórez-Estrada Pimentel–. Esto plantea un problema social importante para el capitalismo: la división sexual del trabajo ha cambiado, pero ni los Estados ni las empresas invierten lo suficiente para crear una infraestructura social adaptada a esta nueva realidad”.
1. Maria Isabel Baltar da Rocha y Regina Maria Barbosa (dirs.), “Aborto no Brasil e países do Cone Sul”, San Pablo, Universidad Estatal de Campinas, 2009.
2. Universidad de Brasilia, “Segredo Guardado a sete chaves”, Brasilia, junio de 2010.
3. Véase Sergio González Rodríguez, “Tueurs de femmes à Ciudad Juárez”, Le Monde Diplomatique, París, agosto de 2003.
4. Patsilí Toledo, “The Drug-War Femicides”, www.project-syndicate.org, 9-08-11.
5. Citado por Damien Cave, “México’s Drug War, Feminized”, The New York Times, 13-08-11.
6. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Human trafficking: an overview”, Nueva York, 2008.
7. Banco Mundial, “Latin America: 70 Million Additional Women Have Jobs Following Gender Reforms”, Washington, marzo de 2011.
* Periodista.
Traducción: Gabriela Villalba