La muerte de una niña de 13 años por aborto clandestino puso el debate por el aborto legal en otra dimensión, el gobierno provincial se vio obligado a publicar las cifras de abortos que ingresan al Hospital Materno Infantil: 1759 casos este año, 65 de mujeres menores de 16 años, 265 de 17 a 19 años, 1211 de 20 a 25 años y 260 de 26 años en adelante. Como ven, las cifras son escalofriantes, ya que corresponden a un sólo hospital y no están los datos de los hospitales del interior, además de ser sólo los casos que llegan al hospital público porque el aborto ha salido mal y corre peligro la persona.
El ministro de Salud Chagra Dib se pronunció en contra del aborto legal porque considera que, dentro de todo, “estamos bien”. La primera medida tomada por el Estado fue criminalizar a los médicos por no denunciar el caso y también a la familia, ya que fue detenida la madre de la niña. Estas son las derivaciones legales del verdadero problema, y es que en Salta, como en el país, el aborto es un delito, lo que lleva a que se judicialice incluso a los médicos que ayudan a la niña o mujer, que llega con un cuadro de septicemia, con el motivo de investigar cómo es que la muerta accedió a una práctica ilegal.
Como se ve es más que justa la consigna de la legalización del derecho al aborto seguro, legal y gratuito en los hospitales públicos, la educación sexual en las escuelas y el acceso universal a los métodos anticonceptivos. Además de la separación de la iglesia del estado, no solo porque atenta contra el pensamiento científico, contra la educación pública, contra los derechos civiles de la población, sino que lleva a la muerte.
Más que nunca, ninguna muerte más por aborto clandestino!!
EXIGIMOS AL GOBIERNO PROVINCIAL
· LIBERTAD PARA LA MADRE DE LA NIÑA MUERTA POR ABORTO CLANDESTINO
· BASTA DE CRIMINALIZAR LAS VICTIMAS
· CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EN TODAS SUS MODALIDADES
· POR EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
· IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCION POST-ABORTO
· IMPLEMENTACION Y REGLAMENTACION DE LA LEY 7311 SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE EN LA PROVINCIA DE SALTA
Entendemos que por cada mujer que aborta en la Argentina hay uno o más varones que como parejas, compañeros, padres, hijos, amigos u otras relaciones afectivas, sufrimos por las consecuencias de la penalización y la clandestinidad del aborto a las que se ven sometidas las mujeres que amamos.
Legislar sobre el aborto, proteger a las mujeres
Por Alvaro Herrero, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC)
Una niña de 13 años murió la semana pasada en Salta, debido a un aborto séptico; es decir, por una infección generalizada luego de la práctica de un aborto en condiciones de riesgo. Este hecho nos pone, nuevamente, frente a las falencias del Estado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres , particularmente de las niñas y adolescentes.
En la última década se sucedieron varios avances legislativos para disminuir las cifras de mortalidad por abortos clandestinos y el embarazo adolescente. La sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable estableció la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva con alcance nacional; y mediante la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se aumentó la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos en el territorio nacional. Posteriormente, se reguló las intervenciones de anticoncepción quirúrgica, y se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Finalmente, se sancionó la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que otorgó el marco de derechos desde donde implementar dichas leyes.
Lamentablemente, el caso de la niña salteña que acaba de morir demuestra que, en el contexto actual, estas políticas no son del todo eficaces.
En Argentina, la primera causa de mortalidad materna es el aborto inseguro. Según cifras del Ministerio de Salud, de las 410 muertes maternas que se registraron en 2009, 45 correspondieron a mujeres menores de 19 años. Los datos también revelan que casi el 16% de las madres en Argentina son niñas o adolescentes . La falta de voluntad de los poderes ejecutivos provinciales y nacional para implementar las citadas leyes, la ejecución desigual de políticas en las provincias, y la escasa asignación de recursos materiales y humanos para atender estas problemáticas, nos muestran un Estado que, por acción u omisión, ignora su obligación de proteger los derechos de las mujeres. Este escenario se ve agravado por la legislación actual en materia de aborto.
A pesar de que desde 1921 el Código Penal establece permisos para interrumpir el embarazo cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo sea producto de una violación, el aborto no punible es virtualmente inaccesible. En mayo de este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a la Argentina en el caso “LMR” por impedir el acceso a un aborto no punible a una adolescente discapacitada mental que había sido violada por su tío. Hace más de un año que la Corte Suprema tiene bajo estudio un caso que podría poner fin de a este tipo de episodios en los abortos no punibles.
Sin embargo, el expediente sigue aún pendiente de resolución.
En este contexto, el proyecto de legalización del aborto en trámite ante la Cámara de Diputados es una medida absolutamente necesaria, aunque no la única, para que desde el derecho empecemos a revertir la situación y detengamos la repetida e innecesaria secuencia de muertes de niñas y mujeres. Resulta imperativo, sin embargo, que los tres poderes del Estado asuman sus responsabilidades y tomen cartas en el asunto, sancionando nuevos marcos normativos, ejecutando las políticas necesarias, y garantizando nuestros derechos mediante sus sentencias.
Fuente: http://www.clarin.com/opinion/Legislar-aborto-proteger-mujeres_0_593940766.html
Una niña de 13 años murió la semana pasada en Salta, debido a un aborto séptico; es decir, por una infección generalizada luego de la práctica de un aborto en condiciones de riesgo. Este hecho nos pone, nuevamente, frente a las falencias del Estado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres , particularmente de las niñas y adolescentes.
En la última década se sucedieron varios avances legislativos para disminuir las cifras de mortalidad por abortos clandestinos y el embarazo adolescente. La sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable estableció la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva con alcance nacional; y mediante la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se aumentó la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos en el territorio nacional. Posteriormente, se reguló las intervenciones de anticoncepción quirúrgica, y se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Finalmente, se sancionó la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que otorgó el marco de derechos desde donde implementar dichas leyes.
Lamentablemente, el caso de la niña salteña que acaba de morir demuestra que, en el contexto actual, estas políticas no son del todo eficaces.
En Argentina, la primera causa de mortalidad materna es el aborto inseguro. Según cifras del Ministerio de Salud, de las 410 muertes maternas que se registraron en 2009, 45 correspondieron a mujeres menores de 19 años. Los datos también revelan que casi el 16% de las madres en Argentina son niñas o adolescentes . La falta de voluntad de los poderes ejecutivos provinciales y nacional para implementar las citadas leyes, la ejecución desigual de políticas en las provincias, y la escasa asignación de recursos materiales y humanos para atender estas problemáticas, nos muestran un Estado que, por acción u omisión, ignora su obligación de proteger los derechos de las mujeres. Este escenario se ve agravado por la legislación actual en materia de aborto.
A pesar de que desde 1921 el Código Penal establece permisos para interrumpir el embarazo cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo sea producto de una violación, el aborto no punible es virtualmente inaccesible. En mayo de este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a la Argentina en el caso “LMR” por impedir el acceso a un aborto no punible a una adolescente discapacitada mental que había sido violada por su tío. Hace más de un año que la Corte Suprema tiene bajo estudio un caso que podría poner fin de a este tipo de episodios en los abortos no punibles.
Sin embargo, el expediente sigue aún pendiente de resolución.
En este contexto, el proyecto de legalización del aborto en trámite ante la Cámara de Diputados es una medida absolutamente necesaria, aunque no la única, para que desde el derecho empecemos a revertir la situación y detengamos la repetida e innecesaria secuencia de muertes de niñas y mujeres. Resulta imperativo, sin embargo, que los tres poderes del Estado asuman sus responsabilidades y tomen cartas en el asunto, sancionando nuevos marcos normativos, ejecutando las políticas necesarias, y garantizando nuestros derechos mediante sus sentencias.
Fuente: http://www.clarin.com/opinion/Legislar-aborto-proteger-mujeres_0_593940766.html
Ateos, abstenerse
Por Nora Veiras
“Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera nuestro proyecto de vida. Somos instrumentos de su voluntad divina, en consecuencia nosotros tenemos que ejecutar el plan de Dios. En este sentido la protección de la vida en el seno materno es un principio esencial. Por eso estamos en contra de cualquier política abortista.” El hombre mira fijo a la cámara, cada palabra está meditada al igual que la iconografía. Detrás suyo, una virgen, varias cruces, un santo. El discurso es congruente con la puesta en escena. Todo esperable si el hombre en cuestión fuera un sacerdote, pero no: es el gobernador reelecto de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich. Un político votado para ejecutar un proyecto de gobierno. La Constitución no prevé que la existencia de Dios sea sometida al escrutinio popular.
“Definitivamente la vida significa poder ejercer los derechos civiles, políticos y sociales (...), derechos que han sido siempre defendidos por la Santa Iglesia Católica”, abunda Capitanich. ¿Otro error? El derrotero de la Iglesia durante la dictadura en la Argentina huelga de mayores comentarios. Curas ocupándose de reconfortar espiritualmente a los pilotos de los vuelos de la muerte, sacerdotes condenados o investigados por delitos de lesa humanidad son apenas algunos renuncios de la Santa Iglesia Católica. La defensa de los derechos civiles y políticos estuvo lejos de estar “siempre” entre los valores a proteger.
Capitanich siguió en Twitter reivindicando su derecho a defender sus convicciones. Derecho que no está en duda. Sí, en cambio, aparece puesto en duda por el discurso integrista del mandatario el derecho de los ciudadanos. En el acto en Santa Cruz por el Día de la Militancia, Capitanich morigeró sus argumentos y dijo: “Soy una persona muy creyente y expreso mis conviciones desde el punto de vista espiritual y religioso. Eso no significa que no respete las opiniones de otros, pero mi posición contraria al aborto es absolutamente irreductible”. Es de esperar que los actos de gobierno reflejen el respeto a la pluralidad.
En Salta, Juan Manuel Urtubey, otro gobernador que comparte con Capitanich la pertenencia generacional y la posibilidad de ser candidato expectable del peronismo, se rige por una Constitución que fijó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Ese mandato se garantiza. Otro es el criterio para aplicar la Ley nacional de educación sexual y de salud reproductiva. No se cumplen. La reiteración de muertes de niñas mujeres por la práctica ilegal de interrupción del embarazo mantiene inalterables esas convicciones.
El plan de Dios está fuera de toda posibilidad de discusión racional. La política, en el siglo XXI en la Argentina, se supone que debe pivotear sobre cimientos más terrenales.
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