Por Estela Díaz,
Publicada en el diario Diagonales de La Plata. Domingo 05/12
Acabamos de escuchar encendidas declaraciones del Arzobispo de la ciudad de La Plata contra el debate, que en hora buena, inició el 30 de noviembre la Cámara de Diputados de la Nación respecto al tema del aborto. No es la primera vez ni será la última. Recordemos que hace apenas unas semanas tuvo impacto internacional las declaraciones del Papa a favor del uso del preservativo en “ciertas circunstancias”. Más allá de lo que opinemos sobre la causal justificatoria del Papa (para consumir prostitución), resulta interesante detenerse en los alcances de esta “concesión” cuasi divina, ya que implica el reconocimiento de que el preservativo previene el VIH/SIDA. No podemos olvidar que han gastado ríos de tinta en informes seudo científicos para demostrar lo contrario, siendo con ello cómplices de la muerte de millones de personas en el mundo por efectos de esa pandemia. Evidencia, una vez más, el histórico divorcio entre jerarquía católica, los avances científicos y también los derechos ciudadanos, en especial de las mujeres.
La jerarquía católica tuvo por siglos el privilegio, en occidente, de representar la voz de una moral sexual supuestamente universal. Aguer habla desde el pensamiento único que quieren imponer al conjunto de la ciudadanía, no sólo a sus fieles, sino también a las políticas públicas. Esa moral sexual única se expresa en la heterosexualidad obligatoria, en la familia nuclear como única “organización natural” y en la defensa del embrión o feto como valor absoluto de vida. Por eso se manifiestan contra el divorcio vincular, contra el matrimonio igualitario, contra la sexualidad que no sea para la reproducción, contra la educación sexual integral, contra los métodos anticonceptivos modernos y contra el derecho al aborto, incluso en los casos en los que el feto no tiene posibilidades de vida extrauterinas (anencefalia, por ejemplo) o aunque corra peligro la vida de la mujer gestante. La respuesta a esta posición ortodoxa en moral sexual, ha sido el sistemático desacato por parte de los creyentes, que viven su sexualidad de una manera diversa, plural y divorciada de los mandatos jerárquicos. Como prueba de ello se cuenta con las cifras que demuestran, en una población mayoritariamente católica como la argentina, que el 40% de los embarazos terminan en aborto.
Cuando se debate el tema del aborto desde el marco de los derechos sexuales y reproductivos, este debate supone también una lucha por el sentido, en el plano del discurso y en las posibilidades de nombrar y cómo nombrar. Esto resulta en una tensión con la visión tradicional o hegemónica respecto a esa moral sexual, supone a su vez hacer evidente que no es universal y que su discurso oculta, olvida y discrimina a la inmensa mayoría de las personas.
El mandato patriarcal de la maternidad como destino para las mujeres y no como elección, ha sido parte constitutiva de la subjetividad del “ser mujer” en nuestras sociedades. La mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo, ha construido su subjetividad para otro. Cuya expresión máxima se encuentra en la identidad mujer = madre. El desafío, entonces, es desandar esa construcción para reconquistar la propia identidad de las mujeres y la libertad como personas. Para defender que podemos y en muchos casos deseamos ser madres, pero no que estamos obligadas ni condenadas a serlo.
Parece que ciertos sectores e instituciones insisten hasta el escándalo en anteponer el ser madre a ser mujer, el mandato biológico frente a la autonomía personal. Así como en anteponer y valorizar los derechos de una potencial persona (“el niño por nacer”) frente a los derechos, la vida y la libertad de una mujer, de una persona concreta, vital que está enfrentando el dilema de un embarazo no deseado, que por las razones más diversas no puede ni desea continuar. Esas mujeres que tienen una biografía propia, tienen una historia y se ven forzadas a la clandestinidad del aborto, y en muchos casos a poner en peligro su vida o salud, nos involucran como sociedad.
Porque así como no se terminaron las familias a partir de la sanción de la ley de divorcio vincular, ni con la sanción del matrimonio igualitario, la legalización del aborto no obliga a nadie a practicarlo y junto con políticas de educación sexual integral y salud reproductiva, posibilitará que su práctica se realice en condiciones dignas de salud, de justicia y equidad.