El dilema de la objeción de conciencia

Por Diana Cohen Agrest

¿Deberían los profesionales de la salud participar en abortos inducidos en aquellos casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal argentino (cuando se evita un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente)? ¿Deberían los profesionales sanitarios participar en un procedimiento eutanásico ante el pedido de un paciente agónico que está sufriendo o en tratamientos de fertilización asistida en parejas homosexuales, suponiendo que estos tipos de procedimientos estuvieren contemplados en la legislación?

En caso de disentir, un médico, una enfermera, o todo aquel que sea miembro de un equipo de salud ¿puede negarse a atender a un paciente por una cuestión de conciencia?
Éstas son algunas de las circunstancias en las que la autonomía profesional puede entrar en colisión con otros valores. En el ámbito médico, no es un problema menor, y se resume en la siguiente encrucijada ética: ¿Cuáles son las obligaciones profesionales frente a un paciente que solicita un tipo de atención o de intervención con el cual el profesional no está de acuerdo?

Tradicionalmente, el recurso a la objeción de conciencia era empleado por quienes, fundándose en razones morales o religiosas, rechazaban alistarse como soldados en un conflicto bélico (cumpliendo, en su lugar, funciones administrativas o de otro orden) o hasta se negaban a formar parte de las fuerzas armadas de un país (fue el caso de los pacifistas o antimilitaristas que se oponían a realizar cualquier actividad en el ejército). El derecho a la oposición de conciencia es el rechazo al cumplimiento de una obligación legal que, en una situación concreta, es incompatible con las convicciones personales defendidas por una persona dada. Por cierto, el acto privado del médico que, alegando la figura de objeción de conciencia, se niega a realizar una intervención en el paciente, puede fundarse en el principio de autonomía profesional que validaría su rechazo en llevar a cabo la intervención. Pues bien, la conciencia ¿es una justificación suficiente para no cumplir con las obligaciones profesionales?

Si pensamos, por ejemplo, en la medicina como una profesión —y a diferencia, por ejemplo, de los valores que gobiernan el mundo empresarial—, el médico contrajo un compromiso público de atender al paciente y se atiene a un código de ética profesional. En especial en nuestro país, donde hasta hace muy poco las universidades médicas privadas no existían, estudiar medicina implicaba una inversión de la sociedad en quienes serían los futuros cuidadores de la salud de la población. Por otra parte, los médicos, quienes se comprometieron personalmente a cumplir con sus responsabilidades profesionales, ejercen una especie de monopolio: sólo ellos pueden ejercer su arte.

Si es así, la objeción de conciencia ¿no es una falta a las obligaciones profesionales? Los célebres bioeticistas Beauchamp y Childress sostienen que el médico tienen un derecho limitado a la autonomía profesional, de manera tal que puede excusarse de atender a un paciente sólo en la medida en que haya otro profesional que pueda hacerlo en su lugar. En otras palabras, toda vez que un miembro del equipo de salud, alegando objeción de conciencia, rechaza atender a un paciente, tiene la obligación moral de derivar al paciente a otro profesional que esté dispuesto a cumplir con las obligaciones profesionales.
Por cierto, todo dilema moral es despótico: aunque es tema de discusión si se puede obligar al profesional a realizar actos en contra de sus convicciones, también es cierto que no se puede perjudicar a los pacientes o hacer abandono de los mismos.

El profesor de Bioética de la Universidad de Oxford Julian Savulescu sostiene que quienes no están preparados para proporcionar servicios legalmente reconocidos cuando éstos entran en conflicto con sus valores, no deberían ser médicos: si el servicio a los pacientes dependiera de los valores de los médicos, ese condicionamiento obligaría a los enfermos a buscar alternativas viables, produciéndose ineficiencia y gasto inútil de recursos en el sistema de salud. Pero en contrapartida, y en defensa de la objeción de conciencia, reconoce que obligar al profesional a realizar un acto con el que no está de acuerdo implica limitar su poder de autodeterminación.

Con el fin de compatibilizar las razones en juego, Savulescu declara que la objeción de conciencia debería permitirse solamente cuando no se compromete la calidad y eficiencia de la atención médica. Por ejemplo, un médico puede rechazar realizar un aborto si hay otro médico dispuesto a realizarlo. Su postura puede ser resumida en los puntos siguientes: las convicciones personales del médico no deben interferir con la atención brindada al paciente; el médico deben ser consciente de su responsabilidad de suministrar todos los tratamientos legalmente autorizados; la objeción de conciencia es admisible sólo en el caso de haber suficiente disponibilidad de profesionales que acepten proporcionar los servicios solicitados; el objetor de conciencia debe asegurarse de que los pacientes conozcan sus derechos y de derivar a éstos a otros profesionales y debe ser sancionado si pone en riesgo la atención de sus pacientes.

Parecería entonces que la objeción de conciencia es una figura respetable, con la salvedad mencionada en el ámbito personal del profesional. Pero dado que su justificación radica en el peso de las convicciones ¿acaso la institución en la cual trabaja un profesional médico puede reclamar para sí el mismo derecho? ¿Acaso ese derecho puede ser ampliado e incluir algo así como una “objeción de conciencia institucional”? El interrogante inmediato es, pues, ¿acaso las instituciones tienen conciencia? Pareciera que, en principio, dicha expresión es un contrasentido: si es conciencia (cuando menos, en los términos en que hoy se suele emplear dicho concepto), no puede ser institucional.

Huelga decir que dicha figura, citada más de una vez, puede encubrir cierta presión o manipulación institucional —explícita o implícita— ejercida sobre el profesional, quien concluye por adherir a una causa no necesariamente elegida por convicciones personales. Y allí no se trata de una genuina objeción de conciencia sino de otras cuestiones, tanto o más controvertidas, que caen fuera del campo de la ética.

Dra. Diana Cohen Agrest
Doctora en Filosofía (UBA). Magíster en Bioética, Monash University, Australia. Docente e Investigadora de la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Becaria del Kennedy Institute of Ethics, Georgetown. Autora de Por mano propia. Estudio sobre las prácticas suicidas; Fondo de Cultura Económica, 2007; Inteligencia ética para la vida cotidiana, Sudamericana, 2006; Temas de bioética para inquietos morales, Ediciones del Signo. 2004 y de El suicidio: deseo imposible. O de la paradoja de la muerte voluntaria en la filosofía de Baruj Spinoza. Ediciones del Signo, 2003. Coordinadora editorial de Perspectivas Bioéticas (FLACSO). Editora de Dilemas éticos en pediatría: un estudio de casos, de Edwin N. Forman y Rosalind Ekman Ladd, Buenos Aires, Paidós, 1998. Ha publicado numerosos artículos en medios periodísticos, en revistas especializadas y en antologías nacionales y extranjeras.


Fuente: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=69769&uid=345957

La asignación que visibiliza

Lanzado el anuncio de la ampliación de la Asignación Universal por Hijo a las embarazadas, con la defensa de la vida digna que lleva implícita, múltiples y encontradas lecturas intentaron ver qué postura está delineando la Presidenta en relación con la Ley de aborto legal cuyo proyecto debería discutirse este año en el Congreso.

Por Flor Monfort

Cuando la semana pasada la Presidenta anunció la extensión de la asignación universal a partir de los tres meses de embarazo, blogs, foros feministas y listas de mails explotaron de opiniones, dudas y preguntas. Las reflexiones comprenden tanta tela para cortar como lo hace el debate sobre el aborto y es justamente hacia allí adonde se derivan las voces que cuestionan o respaldan esta política de Estado.

Concretamente, la medida incluirá alrededor de 180 mil mujeres al año que podrán acceder, a partir del tercer mes de gestación, a la inscripción al Plan Nacer y recibir el beneficio económico de 220 pesos previsto en la AUH y los controles pertinentes para ellas y el niño o niña por venir. Las mujeres que quieran acceder a este subsidio deberán presentar la documentación que acredite su situación, y ninguna estará obligada a hacerlo. Sí, en cambio, se intenta con esta medida reducir las tasas de mortalidad materna, que tiene como principal causa el aborto.

Cristina Fernández inició el período de sesiones ordinarias del Congreso con esta medida, entre otros temas a tratarse durante el año (mencionó también el tratamiento de una ley de adopción que contemple la agilización de los trámites). En ese mismo lugar, el 30 de noviembre de 2010, Marianne Mollmann, directora de Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, abrió el debate parlamentario sobre el aborto no punible ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados con la esperanza de cientos de militantes feministas de que la ley se trate este año. Allí, Mollmann expuso las razones por las que criminalizar el aborto en el código penal implica penalizar la decisión que se toma en el 40 por ciento de los embarazos.

El primer día de marzo, cuando habló la Presidenta, alguien dijo: “¿Y el aborto?”. La pregunta es como una piedra en el agua, abre círculos que se contienen los unos a los otros, pero que se magnifican o desaparecen generando una enorme dificultad para pensar este tema sin embrollos ni malentendidos. Algunas reacciones, tanto para quienes están en contra de legalizar el aborto como para quienes están a favor y luchan por hacerlo, implicaron valorar la medida como un guiño de la Presidenta, agua para su molino. En el sitio web “Familias por las familias”, Guillermo Cartasso, presidente del movimiento eclesial Fundar, entre otras cucardas eclesiásticas, dijo que esta decisión es un reconocimiento del niño por nacer como un ser humano con todos los derechos. “Es alentador que la Presidenta de la Nación extienda la Asignación Universal por Hijo a las embarazadas, no sólo porque es un valor en sí mismo sino porque reconoce que la vida humana empieza desde la concepción”, declaró, a pesar de que la Presidenta jamás expresó tal cosa. El diario La Nación tituló “Cayó bien la apuesta por la vida” y relató el aplauso fervoroso de monseñor Adriano Bernardini, presente en el recinto. También consultaron a la doctora Inés Franck, coordinadora académica del Programa de Evangelización de la Cultura de la UCA: “Todo lo que signifique ampliar la protección de la vida es positivo”, e insistieron, como buenos pastores, en que la vida humana empieza en la gestación y que la Iglesia “vería de buen grado” (La Nación, 2 de marzo de 2011) que se extienda el beneficio hasta el comienzo de la gestación. Justamente allí es donde se encuentra el nudo de la cuestión: la ayuda económica será a partir de la semana 12 de embarazo, y es hasta ese momento que la legislación internacional –cuando ésta respeta el derecho a decidir de las mujeres– protege el derecho a realizarse un aborto por decisión propia, de manera que la medida se puede interpretar también como la habilitación para instalar el tema en la sociedad y transformar el proyecto en ley nacional. Los tres meses previstos tienen, además, una lectura histórica: es el lapso que los griegos y los romanos consideraban para predicar de ser humano al feto; Santo Tomás escribió que es una herejía decir que hay alma desde la concepción y los tres meses son, sobre todo, el tiempo que indica la medicina para considerar seguro el devenir de un embarazo. Abortar después de ese lapso es realmente complicado y riesgoso.

Pero lo cierto es que del aborto, y de esa pregunta que alguien formuló al aire, Cristina Fernández no dijo nada. Lo que sí puede afirmarse es que el subsidio y la posibilidad de una ley no entran en contradicción. Pero mientras la derecha, los sectores anti-aborto y la Iglesia se apropian del discurso para amoldarlo a sus intereses, amparados en la frase “seguir apostando a la vida” que dijo la Presidenta en su discurso, otros sectores, favorables al aborto, piensan que es desafortunado citar el caballito de batalla eclesiástico y conservador. Mucho se ha discutido sobre el derecho a la vida, colocando el debate sobre el aborto en un enfrentamiento difícil de superar, aquello de si abortar es asesinar y enfrentando en un juego imaginario a la mujermadre con la mujer que aborta, cuando la realidad indica que las mujeres que abortan son o serán madres y que esa rivalidad no existe más que en una metafísica mal pensada. El aborto es la principal causa de muertes materna en la Argentina desde 1980 y está relacionada con las consecuencias de abortos inseguros, lo que convierte al asunto en una cuestión de salud pública que involucra los derechos básicos contemplados en cualquier democracia.

Si para algunos la frase “seguir apostando a la vida” en boca de la Presidenta retoma aquel slogan conservador, para otros lo trasciende y coloca el debate donde debe estar. Efectivamente, subsidiar a las mujeres embarazadas es una apuesta a la vida del niño por nacer y de su madre gestante. “Nosotros también estamos por la vida, no hay que dejarles ese lema a ellos”, dice Cecilia Lipszyc, socióloga e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y responsable de los Programas de Género del Inadi. “Es una medida correcta, que si bien no va a tener efecto sobre las mujeres que hayan decidido practicarse un aborto, sí va a beneficiar a muchas otras. Los factores económicos son los menos relevantes a la hora de la decisión de abortar o no, incluso en los sectores muy pobres. En este momento en que nosotras impulsamos el tema del aborto creo que esta medida nos beneficia, porque saca del medio uno de los viejos argumentos de la Iglesia, que es que en vez de ayudarlas a abortar hay que ayudar a las mujeres pobres a poder tener hijos. Con esto se limpia ese argumento, ya no es una cuestión. Por otra parte, que se subsidie a las embarazadas es algo que siempre estuvo en la agenda del feminismo: hay que subsidiar al embarazo porque la reproducción de la fuerza de trabajo tiene un fin social, no individual”, concluye.

En cambio, la psicoanalista Martha Rosenberg, también integrante de la Campaña Nacional, explica: “Me parece que si bien este subsidio deja ese lapso de las 12 semanas que nosotras desde la campaña y desde el proyecto de ley dejamos para la aplicación del aborto voluntario, es una toma de posición. El mensaje es que la Presidenta va a sostener su postura anti-aborto y apuesta a esa idea de vida que es totalmente ideologizada, que utilizan los sectores antiderechos”.

Las causas indirectas de MM no son como Fernández citó del 59 por ciento sino, según el Ministerio de Salud, del 40 por ciento. Si bien los índices de mortalidad citados no se van a modificar notablemente con este subsidio, el aporte sí va a influir en la calidad de vida de esas 180 mil mujeres, que pueden o no anotarse y seguir los pasos indicados por el Plan Nacer. Sin embargo, hay otras deudas pendientes con ellas y con el resto de las mujeres, que quedaron claramente en evidencia el año pasado con las dificultades en la distribución del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que, si bien prevé anticoncepción gratuita, carece de una voluntad política clara que agilice los pasos previstos para prevenir embarazos no deseados. Para la diputada de Libres del Sur, Cecilia Merchán: “Todo lo que sea un avance en derechos sociales yo lo banco, pero creo que esta decisión no tiene nada que ver con el debate de fondo. Es fundamental que se cumpla con el programa de salud reproductiva, por un lado y por otro, la principal causa de muerte materna es el aborto, y eso sólo se va a solucionar con la legalización, no con este subsidio. La Presidenta dijo que la principal causa de muerte es la desigualdad, y es cierto, pero también es una manera de generalizar la cuestión. Por supuesto que van a querer hacer el ole con estas medidas, pero si nosotras insistimos y si las organizaciones se mantienen firmes en la pelea, se va a seguir instalando en la sociedad la importancia de este debate”.

Marité Yanos, de Mujeres Autoconvocadas Rosario, le dijo a Las12: “Celebro que las mujeres que están llevando adelante un embarazo deseado obtengan un paliativo económico frente a tantas necesidades y es de esperar que todas puedan acceder a los controles obstétricos necesarios en los efectores públicos de salud; porque apostar fuertemente a la vida no es sólo ofrecer una asignación con exigencia de controles médicos, es garantizar una política pública inclusiva que brinde el derecho a la salud en condiciones de excelencia y no caer en el error de confundir el apostar por la vida ignorando los derechos humanos de las mujeres que atravesando embarazos no deseados se ven empujadas a interrupciones en la clandestinidad”. Yanos aportó los siguientes datos: el aborto ilegal se cobró la vida de 3000 mujeres y niñas desde la restauración de la democracia en 1983, y de miles que anualmente egresan mutiladas de los centros de salud pública luego de someterse a interrupciones voluntarias inseguras (por lo menos 1.700.000 desde 1983 a la fecha).

De un lado y del otro, también se escucharon voces que insinuaron que este subsidio puede habilitar a las mujeres a embarazarse para cobrar. Sin embargo, cuando salió la Asignación Universal por Hijo hace un año, esta insinuación no estaba puesta en el ojo de la tormenta (como sí podía estar el viejo reproche al peronismo de instaurar políticas sociales de subvención que, por un lado, ayudan y, por otro, fomentan la precarización laboral y el desempleo). Para la filósofa Laura Klein, autora del libro Fornicar o matar (Planeta): “Como si el embarazo no fuera un tiempo vivido por la mujer como un tiempo de compromiso, de entrega, de porvenir. No creo que ni una de esas mujeres sin los 220 pesos vaya a abortar y tampoco creo que se vayan a embarazar para cobrarlos. La medida permitirá a las mujeres que van a recibir la asignación universal, que la reciban un poquito antes para que puedan tener su hijo más tranquilas. Creo que la pulpa de la cuestión son los tres meses que la Presidenta indica, que no son un detalle, porque ésta es una cuestión esencialmente temporal. La legalización del aborto no es una puja contra la maternidad, sino que implica estar a favor de la maternidad y del aborto, que son las dos cosas en las que deviene cualquier embarazo. De proteger la maternidad no resulta que estás en contra del aborto, ni de estar a favor del aborto legal se desprende que estás en contra de la maternidad. Que la Presidenta diga que defiende la vida no indica que está contra el aborto, pero la derecha tiene muchos siglos de triunfos, es mucho más inteligente, porque se apropia de una medida política que tiene que ver con la protección de las mujeres más pobres y dice esto nos conviene, pero lo que ella dijo realmente es en línea con la legislación sobre el aborto en el mundo entero, que efectivamente es una apuesta por la vida donde hasta los tres meses se puede abortar y después no”.

Si bien se trata de la AUH extendida al embarazo, en el nombre de la medida no está comprendida la palabra “mujer”, que es finalmente a quien está dirigida. Si la mujer está embarazada de trillizos no recibe tres asignaciones, sigue recibiendo una sola, con lo cual está implícito que ésta es una decisión política que va a operar sobre la vida de las mujeres directamente. Sí se puede inferir que proteger a las mujeres que optan por la maternidad es poner el foco en todas las mujeres, las que quieren y las que no quieren ser madres, reparar en sus derechos y abrir la puerta para optimizar el enorme trecho que falta para que los 500 mil abortos al año que se realizan en nuestro país sean legales, seguros y gratuitos.

Si nombrar es visibilizar, más allá de las apropiaciones discursivas, como puede ser el caso del derecho a la vida, de la inseguridad o de los derechos humanos, por mencionar algunos tópicos renombrados y asociados a ciertos grupos, las designaciones pertenecen a todos, sólo hay que saber leerlas y pensarlas en contexto. Para Klein, “pensar es no saber a qué consecuencias llegarás. Si estás calculando adónde te va a llevar el pensamiento respecto de tu posición previa, no pensás más. Yo creo que el miedo a las consecuencias imposibilita la posibilidad de pensar como un juego, un desafío, una aventura, que por ahí te lleva a cosas que no te van a gustar para tu posición política, pero que bienvenidas sean para abrir la cabeza y seguir pensando”.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6385-2011-03-17.html

La transformación de los movimientos sociales y de la acción colectiva global desde una mirada local

Invitación a la conferencia de la Dra. Pascale Dufour:

Viernes 18 de marzo de 2011
15:00
Aula 9 - Tercer Piso
Universidad Nacional de San Martín
Escuela de Política y Gobierno
Sede Paraná - Paraná 145, CABA


Pascale Dufour es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Montreal (Canadá), donde dirige el Centro de Investigación sobre Política y Desarrollo Social. Su especialidad es el estudio de los movimientos sociales en una perspectiva comparativa, especialmente en América del Norte y Europa. En 2010 ha publicado Dix ans de solidarité planétaire. Perspectives sociologiques sur la Marche mondiale des femmes (con Isabelle Giraud) y Solidarities beyond Borders. Transnationalizing Women’s Movements (con Dominique Masson y Dominique Caouette). En su año sabático, la Dra. Dufour está siendo recibida como profesora visitante en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM.

Resolución pidiendo tratamiento de la ley de despenalización del aborto

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” aprobó una resolución solicitándole tratamiento de la ley a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. También pidió campañas de salud reproductiva.

La secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores de la Universidad, Elena González, manifestó que este pedido es coincidente con diversas universidades del país y tiende a que ambas cámaras del Congreso Nacional aprueben el proyecto que ya tiene el aval de 47 diputados.

“Lo solicitamos porque es un tema que hay que tratarlo para resolver las casi 700 muertes de mujeres que se producen al año, producto de los abortos clandestinos”, dijo la docente.

También puntualizó que al momento del tratamiento de la resolución “hubo un debate muy enriquecedor porque uno de los integrantes del Consejo Superior hizo una investigación donde se ha demostrado que en los países donde se ha legalizado y despenalizado que es el problema más serio de nuestro país, la realización de abortos se concretan en el ámbito de la salud pública y el número de los mismos ha disminuido en un altísimo porcentaje”.

Asimismo puntualizó que en el debate académico se enfatizó en las muertes que se producen por esta causa y asimismo “de la libertad de la mujer de ejercer un derecho sobre su cuerpo, además de que es un problema de género porque únicamente se penaliza a la mujer, mientras que en muchos matrimonios la decisión es compartida con el hombre”.

La docente universitaria también manifestó que el hecho de que se apruebe el aborto “no significa que todas las mujeres se lo van a realizar, sino que en nuestro país hay gente que no quiere que se trate la ley porque está defendiendo el gran negocio que significa la realización de los abortos clandestinos”.

Asimismo señaló que un docente de profesión abogado, en la reunión del Consejo Superior remarcó, que “nunca se vio que haya sido penalizada una mujer de tez blanca pero sí de tez oscura porque este es un problema de clases”.

Sostuvo González que el proyecto fue presentado en el 2007 y “cada vez va tomando más cuerpo la posibilidad de que se trate”

Fuente:http://www.diariojornada.com.ar/Noticia/Default.aspx?id=10344

Por los derechos que aún faltan conquistar

Por Laura García Tuñón Legisladora porteña - Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur.

Nos hemos alegrado frente al anuncio presidencial de incorporar a las mujeres embarazadas en la Asignación Universal para su protección, pero seguimos insistiendo en darle importancia al derecho que tiene cada mujer de decidir sobre su cuerpo.

Conmemoramos hoy un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde ese trágico día donde más de 100 mujeres perdieron sus vidas peleando por sus derechos, muchas luchas han pasado. Tiempos de derrotas, de transición, de construcciones y, por cierto, de conquistas. En este ejercicio de recuperar las historias que nos constituyen, encontramos que hemos avanzado mucho en la conquista de nuestros derechos, pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, es condición necesaria exigir que nos falta conquistar muchos otros.

Este año nos encuentra con grandes desafíos y con variadas preocupaciones. En nuestro país, cada 36 horas muere una mujer por violencia de género. En 2010, 260 mujeres fueron víctimas fatales de este tipo de violencia, con un aumento de un 13% respecto de 2009. Doscientas sesenta mujeres ya no comparten más el día a día, las risas y los llantos con sus hijos, sus padres, sus hermanos y hermanas, sus amigos… Estas mujeres no sólo fueron asesinadas sino que fueron abandonadas por el Estado y las políticas públicas, que debieron haberlas protegido y resguardarlas de la violencia mal llamada doméstica. Hoy la perversión y la desprotección hacen que en lo que va del año, en escasos tres meses, 14 mujeres fueran quemadas por sus parejas o ex parejas, y que sus agresores se resguarden en la figura legal del accidente. El Estado está ausente porque después de casi dos años de promulgada, sigue sin aplicarse la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El asesinato de mujeres tiene nombre: FEMICIDIO. Llamemos las cosas por su nombre entonces. Este término da cuenta de la violencia sexista, del homicidio de una mujer por razón de su género, cometido por un hombre que considera que esa mujer es de su propiedad. Nuestra sociedad necesita de forma urgente que la figura del femicidio se incorpore como agravante del homicidio en el código penal.

En el ámbito laboral, las mujeres seguimos corriendo con desventajas. La falta de leyes sobre cuidados parentales, que equiparen las responsabilidades entre los padres y las madres, hace que las mujeres sigamos sosteniendo sobre nuestras espaldas la atención de nuestros hijos. No nos quejamos de ello, pero tanto para los padres y madres como para nuestros niños y niñas resulta imprescindible que ambos podamos hacernos cargo. Si a esto le sumamos que no hay suficientes jardines maternales, las mujeres tienen cada vez más lejanas las posibilidades de acceder a trabajos que no sean precarizados. La igualdad en el mundo del trabajo todavía no ha llegado y estamos aún lejos de alcanzarla.

Los salarios continúan siendo inferiores para las mujeres, y el trabajo en el hogar sigue sin ser considerado trabajo, y por lo tanto no cuenta con ningún tipo de protección o beneficio social. La precarización es mucho más alta entre nosotras, al tiempo que la posibilidad de ascensos es mayor para los hombres. No hay políticas públicas que garanticen la formación de inspectores de trabajo que puedan visualizar la discriminación de género. Además, las mujeres son las que estadísticamente sufren mayores acosos laborales.

La trata y el tráfico de personas también recae mayormente entre las mujeres. A pesar de la ley de trata, esta práctica continúa aumentando día a día con la complicidad de los poderes políticos, policiales y judiciales. La trata en la Argentina se da tanto para la explotación sexual de miles de mujeres como para el trabajo esclavo en talleres textiles y en el trabajo del campo.

Otro de los desafíos que no sólo tenemos las mujeres, sino la sociedad en su conjunto, es asumir integralmente el debate y la solución sobre el aborto. Las estadísticas nos muestran que en la clandestinidad, la interrupción voluntaria del embarazo cobra de manera innecesaria miles de vidas en nuestro país, siendo la principal causa de muerte materna. Se producen por año 500 mil abortos, casi la misma cantidad que de nacimientos. Cerca de 80 mil mujeres por año deben ser hospitalizadas por complicaciones derivadas de la clandestinidad de esta práctica.

La cantidad de muertes maternas por complicaciones por abortos inseguros subieron, entre 2008 y 2009, de 62 a 87 casos (datos publicados por el Ministerio de Salud). Alrededor de 100 mujeres por año (las más jóvenes y las más pobres) dejan su vida en el camino por tomar la decisión de no continuar con un embarazo no deseado.

Como el año pasado nuestra sociedad se movilizó y dio una lucha ejemplar para conseguir que fuera ley el matrimonio igualitario, hoy nuestro reclamo es obtener la sanción de la ley que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Ha sido un gran paso y nos hemos alegrado mucho frente al último anuncio presidencial de incorporar a las mujeres embarazadas en la Asignación Universal para su protección, pero seguimos insistiendo firmemente en darle mucha importancia al derecho que tiene cada mujer de decidir sobre su cuerpo. Nuestra apuesta a la vida es el derecho a decidir y a que nos cuiden y resguarden, tanto cuando elegimos seguir adelante con el embarazo como cuando optamos por abortar.

En este arduo y prolongado camino de las conquistas de nuestros derechos como mujeres, hoy más que nunca es ineludible encontrarnos, discutir y organizarnos para que esta lucha sea tomada por todos y todas. Seguimos más que nunca haciendo nuestras las consignas y reclamos que tantas veces hemos hecho escuchar en la calle y en tantos encuentros de mujeres en todo el país: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Fuente: http://tiempo.elargentino.com/notas/los-derechos-que-aun-faltan-conquistar

Declaración de apoyo de la Internacional de la Educación

San José, Costa Rica, 1 de marzo de 2011

Señoras y Señores
Congreso Nacional
República de Argentina

La Internacional de la Educación (IE), federación sindical mundial que representa a más de 35 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación, así como el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina se dirigen a ustedes para expresar el apoyo de la Campaña Nacional para que se discuta y se apruebe el proyecto Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Defendemos el derecho a una educación pública laica, gratuita y de calidad. En ese marco, junto nuestra afiliada la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina –CTERA-, también estamos comprometidos con construir un sistema educativo liberador, una educación libre de discriminación que reconstruya lo simbólico en nuestras sociedades desde la igualdad y los derechos.

En consecuencia tanto el Comité Regional, como la Red de Trabajadoras de la Educación de la Internacional de la Educación para América Latina, han defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propias vidas y sus propios cuerpos; a la vez que han demandado la responsabilidad del Estado en brindar una atención de salud pública, gratuita y de calidad.

La internacional de la Educación está de acuerdo con las declaraciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, sobre el cómo legalizar el aborto no obliga a nadie a practicarlo, sino que garantiza las condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.

Despenalizar el aborto y garantizar las mejores condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo puede salvar la vida de miles de mujeres que cada año se someten a procedimientos sin las condiciones sanitarias adecuadas.

Ya la Argentina le ha dado a la región muchas lecciones en materia de derechos humanos y justicia social siendo, la asignación universal por hijo, el procesamiento a los genocidas de la última dictadura, el matrimonio igualitario y la obtención de la Paritaria Nacional Docente, buenos ejemplos de estas lecciones.

Para el magisterio latinoamericano lograr el Aborto legal, seguro y gratuito significa continuar avanzando en materia de igualdad de derechos en la República Argentina.

Esperamos que el Senado de la Nación apruebe este proyecto y con ello continúe tomando las decisiones que reflejan los intereses y respondan a las necesidades de toda la ciudadanía a la que gobierna.

Se despide fraternalmente,

Fátima da Silva
Vicepresidente del Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
CNTE, Brasil

Joviel Acevedo
Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
STEG, Guatemala


Israel Montano
Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina
ANDES 21 de Junio, El Salvador

Maria Teresa Cabrera
Miembro Comité Ejecutivo Mundial Internacional de la Educación
ADP, República Dominicana


Con Copia:
-CTERA, Argentina
-CEA, Argentina
-CONADU, Argentina
-CNTE,Brasil
-CONTEE,Brasil
-CONMERB, Bolivia
-Colegio de Profesores, Chile
-CONATECH, Chile
-FECODE, Colombia
-ANDE, Costa Rica
-SEC, Costa Rica
-Andes 21 de Junio, El Salvador
-STEG, Guatemala
-ADP, República Dominicana
-FAPROUASD, República Dominicana
-ANPROTED, República Dominicana
-COLPROSUMAH, Honduras
-COPEMH, Honduras
-COPRUMH, Honduras
-CGTEN-ANDEN, Nicaragua
-FEPDES, Nicaragua
-OTEP, Paraguay
-MPU, Panamá
-SUTEP, Perú
-FEDMYFEP, Uruguay
-FETRA, Enseñanza, Venezuela.
-FEV, Venezuela
-FETRASINED, Venezuela
-CTEUB, Bolivia
-FUM – TEP, Uruguay
-FAUECH, Chile
-PROIFES, Brasil
-AMIA-Panamá
-FENAPUPE-Ecuador
-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE México
-FENAPES-Uruguay

ABORTO. Guia para profesionales de la comunicación

En esta ocasión, difundimos un link donde pueden encontrar el trabajo:

"ABORTO, Guia para profissionais de comunicação",

una publicación que surge de las Jornadas Brasileñas por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, 2011.

http://abortoemdebate.com.br/arquivos/Aborto_Guia_comunicacao.pdf

Gracias a Gustavo Diaz Fernandez por compartir este material con nosotrxs.